Política 📢
Renunció el titular del Renaper acusado de coimas y asume un imputado por las muertes del Time Warp
Pablo Luis Santos dejó la Dirección Nacional del Registro de las Personas en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades. Lo reemplazará Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, exfuncionario porteño procesado por las cinco muertes en la fiesta electrónica de Costa Salguero en 2016.
★ La administración de Javier Milei suma otro capítulo en su extensa lista de funcionarios que renuncian: ya van más de 200 salidas desde el inicio de la gestión libertaria. Esta vez, el que pegó un portazo fue Pablo Luis Santos, hasta ahora al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), salpicado por denuncias de supuestas coimas en el denominado caso Securitas.
El dato más llamativo es quién lo reemplazará: Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, un exfuncionario de la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires que fue imputado como partícipe necesario en las muertes del Time Warp, la tragedia de 2016 en Costa Salguero donde cinco jóvenes murieron tras consumir drogas sintéticas.
Un curriculum manchado por la tragedia de Costa Salguero
Lorgueilleux es un hombre cercano a Diego Santilli y llega al Renaper con antecedentes judiciales. Cuando ocurrió la tragedia del Time Warp, se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control porteña. El juez federal Sebastián Casanello lo imputó junto a otros cuatro funcionarios por la falta de controles que permitieron la comercialización de estupefacientes en ese evento masivo.
Desde entonces, Lorgueilleux vagó por distintos cargos en la administración de la Ciudad, siendo el último el de secretario administrativo de la Legislatura porteña. Ahora, la gestión libertaria lo incorpora a un organismo clave del Estado nacional.
Santos se va envuelto en denuncias de corrupción
La salida de Santos del Renaper no fue por «razones personales», como argumenta formalmente el decreto 79/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial. El verdadero motivo tiene nombre y apellido judicial: caso Securitas.
La investigación a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado apunta a que la empresa Securitas habría sido beneficiada irregularmente con la adjudicación de contratos de servicios que brinda el Renaper. Santos fue indagado el año pasado por presuntas coimas vinculadas a estas contrataciones. Su renuncia, efectiva desde el 1 de febrero, se produce en medio de ese proceso judicial.
Más cambios en un gobierno que no para de rotar funcionarios
El mismo decreto que oficializó la salida de Santos formalizó otros movimientos en la estructura del gobierno nacional:
- Paul Starc dejó la jefatura de la Unidad de Información Financiera (UIF) para pasar al directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Lo reemplazó Ernesto Gaspari. Starc, exfiscal identificado con el asesor presidencial Santiago Caputo, no abandona el Estado sino que cambia de silla.
- En la Secretaría de Transporte, Luis Pierrini renunció y asumió Fernando Herrmann.
- En Enargas, salió el interventor Carlos Alberto María Casares y entró Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto oficial «reúne los antecedentes que justifican su postulación».
La rotación constante de funcionarios se ha convertido en una marca registrada de la gestión de La Libertad Avanza, que en poco más de un año ya superó las 200 renuncias y desplazamientos en la administración pública nacional.
Puntos clave
• Pablo Luis Santos renunció al Renaper mientras es investigado por presuntas coimas en el caso Securitas
• Lo reemplazará Diego Lorgueilleux, imputado por las muertes del Time Warp en 2016
• El gobierno de Milei ya acumula más de 200 funcionarios que renunciaron o fueron desplazados
• Paul Starc dejó la UIF pero continuará en el Estado, ahora en el directorio del BICE
• También se produjeron cambios en la Secretaría de Transporte y en Enargas
DDHH
Rivaldi gaseó a una nena de 10 años en una marcha de jubilados y este miércoles se conoce su veredicto
El policía federal Cristian Rivaldi será juzgado este miércoles por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una marcha de jubilados. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni resistir, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
Dos años y dos meses después del ataque con gas pimienta a una nena sentada en el suelo durante una marcha de jubilados, la Justicia federal resolverá en una sola audiencia si el policía que la roció debe ser condenado.

El juicio contra el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas, por el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso. Las víctimas son Fabrizia Pegoraro, que tenía 10 años, y su madre, Carla Pegoraro. La audiencia se desarrollará en una sola jornada: tras escuchar a los testigos de la defensa y analizar las pericias incorporadas al expediente, se conocerá el veredicto. El abogado Gregorio Dalbón representará a la niña y a su madre como querellantes y pedirá condena e inhabilitación.
Un ataque registrado en video
El hecho ocurrió durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados. Según la acusación, Rivaldi utilizó el disuasivo presurizado que tenía asignado y roció con gas pimienta a Fabrizia y a su madre cuando ambas estaban sentadas en el suelo.
El fiscal federal Eduardo Taiano, al requerir la elevación de la causa a juicio en un dictamen del 21 de octubre de 2025, sostuvo que el efectivo actuó de manera deliberada y a corta distancia. Según el fiscal, las víctimas estaban sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna.
La acusación se apoya en los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir el momento en que accionó el aerosol. “Las imágenes son elocuentes”, afirmó Taiano. El fiscal describió que Rivaldi no solo apuntó hacia un hombre que tenía un bastón, sino también hacia la madre y su hija, y que después de recibir el gas en el rostro la nena se cubrió de manera instintiva. También señaló que se observa una mancha en la parte trasera de la campera azul que llevaba la madre.
Taiano remarcó además que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, lo que le daba mayor visibilidad del entorno y de las personas. Por eso concluyó que el policía apuntó y accionó el dispositivo con pleno conocimiento e intención de lo que hacía.
La defensa dice que no la vio
Al declarar en la etapa de instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor. Explicó que ese día recibió la orden de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la calzada, y que los efectivos debieron usar elementos disuasivos ante situaciones de violencia y forcejeos. Aseguró que advirtió la presencia de gas en el aire y que una persona no identificada arrojó gas pimienta contra un jefe policial.
Sobre Fabrizia, sostuvo que no observó a ninguna menor y que, de haberla visto entre los manifestantes, la habría sacado del lugar para evitar que resultara lesionada. Según trascendió, el efectivo también planteó que los deberes de protección y cuidado de la niña le incumbían a su madre. Tras el episodio, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó a la madre por haber llevado a la niña a la manifestación.
Taiano consideró que la explicación del policía no tiene respaldo en las pruebas. Descartó que un tercero hubiera arrojado el gas, porque esa situación no aparece en los registros audiovisuales y la persona señalada por la defensa tenía una cámara fotográfica en la mano, no un aerosol.
Conjuntivitis química y un procesamiento confirmado
La acusación cuenta con documentación médica. Según la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de conjuntivitis química. En la epicrisis quedó asentada la frase “me tiraron gas pimienta”.
Carla Pegoraro declaró que ambas estaban tranquilas y que las rociaron mientras permanecían sentadas en el suelo. Contó que personas que estaban en el lugar les colocaron leche para aliviar la irritación y que los síntomas persistieron durante varios días. Declaró que “tanto mi hija como yo fuimos gaseadas” y describió irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo.
La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Rivaldi, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
El reglamento y la mínima fuerza necesaria
Taiano consideró que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales. Recordó que el reglamento establece que estos dispositivos deben utilizarse para inmovilizar o incapacitar agresores, y que su empleo requiere determinadas condiciones de riesgo o amenaza. También citó el protocolo para el mantenimiento del orden público, que exige emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Para el fiscal, ninguna de esas condiciones se verificaba: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los efectivos. Concluyó que el uso de la fuerza por parte de Rivaldi fue desmedido y desproporcionado, y la Fiscalía pidió que responda como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Qué se juzga y qué queda afuera
El juicio de este miércoles define la responsabilidad individual de un efectivo, pero el caso expone una discusión más amplia sobre cómo se controlan las protestas frente al Congreso. Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, y la madre de la niña había pedido en la causa que se citara a indagatoria a la entonces ministra Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales. La pregunta que deja el expediente es hasta dónde llega la responsabilidad de quien ejecuta una orden y de quienes la imparten.
Con la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Rafecas deberá definir si el uso de gas pimienta contra una nena de 10 años, sentada y sin resistir, constituyó el delito que sostiene la acusación.
Lo que tenés que saber
- El juicio a Cristian Rivaldi comenzará este miércoles ante el juez federal Daniel Rafecas y el veredicto se conocerá en una sola jornada.
- Se lo acusa de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves por rociar con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre el 11 de septiembre de 2024.
- El fiscal Eduardo Taiano sostiene que ambas estaban sentadas, sin agredir ni ofrecer resistencia, y que el uso de la fuerza fue desmedido y desproporcionado.
- La niña fue diagnosticada con conjuntivitis química en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía el 13 de septiembre de 2024.
- La Cámara Federal confirmó su procesamiento, sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos.
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