La defensa del represor genocida de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica Miguel Etchecolatz pidió su absolución, al alegar ante el tribunal federal platense que juzga al mencionado ex comisario multicondenado y también al ex policía Julio César Garachico, por los secuestros, torturas y asesinatos sufridos por siete personas en el ex centro clandestino de detención «Pozo de Arana».

El defensor público oficial de Etchecolatz es Gastón Barreiro. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata (integrado por Andrés Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris) busca determinar la responsabilidad del ex comisario y de Garachico, ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, por los delitos que tuvieron como víctimas -en 1976- al dos veces desaparecido Jorge Julio López, y a seis de sus compañeros y compañeras de militancia, de una unidad básica del barrio de Los Hornos.

«No será una defensa ideológica, sino una defensa técnica», dijo Barreiro, ya que se basó en el planteo de prescripción, que el genocida ya fue condenado por hechos similares y eso implica una múltiple persecución penal, que no existió dolo de parte de Etchecolatz ni hay pruebas sobre órdenes escritas o formales vertidas por el ex jefe policial.

«Etchecolatz ya fue juzgado por genocidio, condenado por ese comportamiento, no puede ser juzgado por reiterados genocidios, ya tuvo sentencia al respecto no una, sino varias veces», destacó Barreiro, e insistió que «nadie puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho».

Sostuvo el defensor que «falta determinar el hecho imputado a Miguel Etchecolatz. La autoría se da a través de (su pertenencia a) un aparato de poder, no es una imputación concreta».

«¿Cuál es el aparato del poder al que pertenecía, cuál es su vértice y su base, en qué lugar se encontraba dentro de esa estructura , quiénes tenían esa posición intermedia, de qué manera se tenía el dominio de ese aparato de poder, cuál era el aporte y sus ejecutores, cuáles eran las órdenes, quién la dio, cómo, cuándo, dónde?», cuestionó el defensor.

Destacó que se imputa a Etchecolatz «por su ubicación en la cadena de mandos, pero esas órdenes implícitas, explícitas, escritas, verbales, no han sido probadas, no se han notado en el debate y no pueden ser inferidas sino acreditadas formalmente».

«Falta la identificación de los hechos, cuál era su obligación de actuar, o no actuar, pero pareciera que integrar el aparato de poder pareciera suficiente para darlo por acreditado», afirmó el letrado.

El defensor de Etchecolatz planteó que no quedó demostrado en Etchecolatz «el dolo concreto de genocidio de lesa humanidad y voluntad de llevarlo adelante y al no tener eso por cierto, quedando ausente ese elemento que hace a la tipicidad (de genocidio) entendemos que no debe seguirse adelante (con una imputación por genocidio)».

Barreiro remarcó que «vengo a plantear la absolución de Miguel Osvaldo Etchecolatz» y luego reclamó medidas de morigeración de la detención de su defendido, como la prisión domiciliaria, bajo el argumento de razones de salud y por su edad avanzada, ya que tiene 93 años.

Contó que Etchecolatz se encuentra actualmente hospitalizado y detalló los problemas de salud que padece: artrosis generalizada, hipertensión, problemas auditivos, tuvo ACV y se le detectó una afección compatible con cáncer de próstata, entre otras.

GARACHICO

En tanto, el abogado Julio Beley alegó en favor del otro imputado de este juicio, Garachico, y en este sentido afirmó que «no está establecido el rol de Garachico en los delitos que se le imputan, no se determinó cuál fue el rol en cada acción».

«Garachico no tenía relación con esas unidades de policía, y no está demostrado que haya estado en ese lugar (el ex centro clandestino de Pozo de Arana)», puntualizó, y agregó que «no conocía a las víctimas».

Afirmó que «el Ministerio Público carece de elementos que lo puedan vincular con estos hechos. No es autor, no es coautor, no es autor mediato, ni partícipe necesario de estos hechos lamentables que se vislumbraron en esa causa».

«Había una pirámide de mando claramente distribuida. Garachico era oficial principal, estaba en la base. Ser miembro de la policía en ese entonces no lo hace ni lo convierte en represor, no lo hace ni lo convierte en torturador, es un ciudadano más que transitó por ese penoso período sin tener dominio en las circunstancias que se le imputan», remarcó.

Beley reclamó que «se debe disponer la absolución de Garachico por todos esos delitos. Y en caso de no compartir mi criterio, que no se varíen las condiciones con las que mi defendido llega al proceso, es decir que se le mantenga el arresto domiciliario (que cumple en la ciudad de Mar del Plata)».

En este juicio Garachico está siendo juzgado por el secuestro y tormentos aplicados a Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y por los homicidios agravados de Dell’Orto, De Marco y Rodas.

Etchecolatz, quien fue condenado en 2006 por los casos de López, Dell’Orto y De Marco, llegó acusado por los secuestros, tormentos y homicidios de Rodas y Sánchez.

Los casos de las siete víctimas de esta causa ocurrieron entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976 y su sustento probatorio radica especialmente en las cuatro declaraciones judiciales prestadas por Jorge Julio López antes de su segunda desaparición en 2006. López había sindicado a Etchecolatz como el jefe del operativo de su secuestro y a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de «picaneadores».