Judiciales ⚖️
Reconvierten una fiscalía especializada en la investigación de secuestros por la baja de casos
Eduardo Casal, quien amplió las atribuciones de la ahora extinta Ufese, a la cual le cambió su denominación a esa oficina, que pasará a llamarse Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco).
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) puesta en marcha en 2016 para investigar ese tipo de delitos, pasará ahora a especializarse en investigaciones del crimen organizado, ante la baja de casos de casos registrados en los últimos meses, informaron hoy fuentes judiciales.
Así lo dispuso el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal, quien amplió las atribuciones de la ahora extinta Ufese, a la cual le cambió su denominación a esa oficina, que pasará a llamarse Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco).
De esta forma, la nueva Ufeco estará a cargo del fiscal Santiago Marquevich y actuará en el ámbito de la Justicia federal en investigaciones de casos asociados al contrabando, tráfico ilegal de bienes, terrorismo, falsificación de documentos, adulteración y circulación de moneda falsa, venta ilegal de armas, fraudes marcarios, delitos migratorios y asociación ilícita.
También los informantes aseguraron que la Ufeco podrá «intervenir exclusivamente en aquellos casos referidos a delitos de competencia federal -que evidencien manifestaciones de criminalidad organizada y que no esté alcanzado por las procuradurías especializadas».
A pesar de ello, una fuente judicial explicó que la flamante fiscalía especializada también podrá colaborar en casos de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y contaminación ambiental, aunque solamente bajo el expreso pedido de un fiscal federal.
Al respecto, el procurador Casal precisó que el objetivo de la Ufeco será el de «asistir a las y los fiscales y titulares de las procuradurías, que lo requieran, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficiencia del Ministerio Público Fiscal frente al fenómeno de la capacidad organizada».
Además, Casal justificó la ampliación de los delitos a investigar de la fiscalía especializada ya que «las personas que integran el equipo de trabajo de la unidad cuentan con una vasta experiencia y especialización en la investigación de este delito complejo, sus conexos y las vinculaciones con el crimen organizado, a la vez que se encuentran integrados a una dinámica de funcionamiento grupal que no debe ser desaprovechada».
Sobre ello, los voceros del Ministerio Público Fiscal de la Nación resaltaron que desde 2020 se registró «un paulatino aumento de esta tipología delictiva vinculada al crimen organizado», lo cual generó una mayor interacción de la Ufese con otras procuradurías, unidades y direcciones especializadas del Ministerio Público Fiscal.
El principal motivo para que la Ufese sea reformada radicó en que «la ocurrencia de secuestros extorsivos descendió notoria y gradualmente» desde su puesta en marcha, en el 2016.
De hecho, durante el 2023, la fiscalía especializada en secuestros informó que en enero, febrero, marzo y abril hubo un solo secuestro cada mes; mayo fue el único que registró dos casos; junio volvió a tener un solo hecho; julio, ninguno; agosto, dos; y en septiembre tres.
Estos datos, indicaron la consolidación de la tendencia decreciente de este tipo de hecho ya que en todo 2015 hubo 294 secuestros; en 2016, fueron 227; en 2017, 185; en 2018, 111; en 2019, 44; en 2020, 48; en 2021, 30; en 2022, 27, y en los primeros nueve meses de este año, solo se registraron doce casos, lo que implica la cifra más baja de casos de los últimos 7 años.
Según estas cifras, 2015 fue el año con el promedio mensual de secuestros más alto, con 24,5 hechos; en 2016 fue de 18,92; en 2017, de 15,42; en 2018, de 9,25; en 2019, de 3,67; en 2020, de 4; en 2021, de 2,5; en 2022, de 2,25; y lo que va de 2023, registra la cifra más baja, de apenas más de un caso por mes.
Fuentes de la Ufese precisaron que de los doce secuestros registrados hasta ahora en 2023, nueve ocurrieron en la provincia de Buenos Aires: uno en la ciudad de Ramallo, uno en la ciudad de La Plata, uno en el partido de Esteban Echeverría, otro en el partido de Moreno, cuatro en el de La Matanza y el restante en el de Ituzaingó.
Mientras tanto, tres hechos tuvieron lugar en el interior del país: uno en la ciudad de Córdoba, otro en la ciudad de Salta y el último en la localidad santafesina de Gálvez.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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