Judiciales ⚖️
Caso Astudillo Castro: los policías piden investigar al adiestrador de perros
Se trata de Marcos Herrera, quien formó parte de la mayoría de los rastrillajes realizados en el marco de la investigación como perito de parte de la familia de Facundo.
El abogado que representa a cuatro policías en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven cuyo cadáver fue hallado en agosto del año pasado en un estuario cercano a Bahía Blanca tras permanecer desaparecido desde principios de abril, pidió este martes que se inicie una expediente para que se investigue el accionar del adiestrador de perros aportado por la familia de la víctima, por supuestas irregularidades.
Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien formalizó el pedido en las últimas horas ante el Juzgado Federal 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, ante las posibles irregularidades cometidas por el adiestrador Marcos Herrera, quien fue detenido en Mendoza a principios de mes por la presunta manipulación de pruebas en el marco de otro expediente.
El letrado solicitó en el escrito que presentó ante la magistrada que se forme una causa paralela con el fin de determinar si la actuación del adiestrador Herrero, quien formó parte de la mayoría de los rastrillajes realizados en el marco de la investigación como perito de parte de la familia de Astudillo Castro.
«Martínez pidió en un escrito que se revean las pruebas aportadas por Herrero y en caso que se haya cometido un delito que se determinen si existieron otros responsables», agregó una fuente judicial. Herrero en la actualidad se encuentra detenido en Mendoza por presunta manipulación de evidencia falsa en el caso de una mujer desaparecida en esa provincia.
Los antecedentes del adiestrador
Se trata de la causa relacionada a la búsqueda de Viviana Luna, quien está desaparecida desde diciembre de 2016 en la localidad mendocina de Potrerillos. El abogado Martínez dijo que la presentación «se realizó en sintonía de las que se vienen dando en los diferentes expedientes en los que participó Herrero».
«Pedí que se investigue su participación en la causa de Astudillo Castro y la de su cercanía, si es que se cometió un delito», agregó el letrado en declaraciones a Radio Altos, donde agregó: «Me encantaría que no se haya cometido ninguna ilegalidad, pero lamentablemente hay una posibilidad de que haya sucedido».
Si bien la causa por la desaparición de Astudillo Castro no tiene detenidos, el abogado representa a los cuatro policías que fueron mencionados por la familia del joven como los presuntos responsables de su muerte, identificados en el expediente como Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca.
Según las fuentes, también representa al intendente de Villariño, Carlos Bevilacqua, quien también está mencionado en la causa.
La postura de la querella
Por su parte, uno de los abogados de la madre de Astudillo, Luciano Peretto, consideró este martes que el pedido realizado por Martínez tiene «oportunismo mediático» y no contiene «nada de tecnicismo ni sustento legal», ya que «pide que se declare nula la labor que hizo Herrero con resultados positivos en la causa».
«Me parece una aventura jurídica porque se empieza a atacar peritos, estudios, por lo que me parece procesalmente desacertado», agregó.
Peretto, quien representa en la causa a Cristina Castro, madre de Facundo, dijo que el planteo «es un piletazo que se tiran en el marco de un proceso para ver si pueden debilitar estudios rigurosos», al indicar que dichas pericias fueron «ordenadas por la jueza a pedido de los fiscales y llevadas a cabo por las fuerzas federales».
«Fueron grabados, en soporte de audio y video, con presencia de testigos. Ninguna acta fue enmendada ni salvada, me parece que es un piletazo procesal», afirmó. Por otra parte, la Cámara de Casación bonaerense deberá resolver si hace lugar a un pedido de recusación de la jueza Marrón presentado por el fiscal general Javier De Luca, en acompañamiento al de los fiscales del caso, Horacio Azzolín, Andrés Heim e Iara Silvestre.
Facundo desapareció el 30 de abril de 2020 cuando en plena cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca, y el 15 de agosto su cuerpo fue hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri. Su madre y los abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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