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Caso Astudillo Castro: los policías piden investigar al adiestrador de perros

Se trata de Marcos Herrera, quien formó parte de la mayoría de los rastrillajes realizados en el marco de la investigación como perito de parte de la familia de Facundo.

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El abogado que representa a cuatro policías en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven cuyo cadáver fue hallado en agosto del año pasado en un estuario cercano a Bahía Blanca tras permanecer desaparecido desde principios de abril, pidió este martes que se inicie una expediente para que se investigue el accionar del adiestrador de perros aportado por la familia de la víctima, por supuestas irregularidades.

Se trata del abogado Sebastián Martínez, quien formalizó el pedido en las últimas horas ante el Juzgado Federal 2, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, ante las posibles irregularidades cometidas por el adiestrador Marcos Herrera, quien fue detenido en Mendoza a principios de mes por la presunta manipulación de pruebas en el marco de otro expediente.

El letrado solicitó en el escrito que presentó ante la magistrada que se forme una causa paralela con el fin de determinar si la actuación del adiestrador Herrero, quien formó parte de la mayoría de los rastrillajes realizados en el marco de la investigación como perito de parte de la familia de Astudillo Castro.

«Martínez pidió en un escrito que se revean las pruebas aportadas por Herrero y en caso que se haya cometido un delito que se determinen si existieron otros responsables», agregó una fuente judicial. Herrero en la actualidad se encuentra detenido en Mendoza por presunta manipulación de evidencia falsa en el caso de una mujer desaparecida en esa provincia.

Los antecedentes del adiestrador

Se trata de la causa relacionada a la búsqueda de Viviana Luna, quien está desaparecida desde diciembre de 2016 en la localidad mendocina de Potrerillos. El abogado Martínez dijo que la presentación «se realizó en sintonía de las que se vienen dando en los diferentes expedientes en los que participó Herrero».

«Pedí que se investigue su participación en la causa de Astudillo Castro y la de su cercanía, si es que se cometió un delito», agregó el letrado en declaraciones a Radio Altos, donde agregó: «Me encantaría que no se haya cometido ninguna ilegalidad, pero lamentablemente hay una posibilidad de que haya sucedido».

Si bien la causa por la desaparición de Astudillo Castro no tiene detenidos, el abogado representa a los cuatro policías que fueron mencionados por la familia del joven como los presuntos responsables de su muerte, identificados en el expediente como Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca.

Según las fuentes, también representa al intendente de Villariño, Carlos Bevilacqua, quien también está mencionado en la causa.

La postura de la querella

Por su parte, uno de los abogados de la madre de Astudillo, Luciano Peretto, consideró este martes que el pedido realizado por Martínez tiene «oportunismo mediático» y no contiene «nada de tecnicismo ni sustento legal», ya que «pide que se declare nula la labor que hizo Herrero con resultados positivos en la causa».

«Me parece una aventura jurídica porque se empieza a atacar peritos, estudios, por lo que me parece procesalmente desacertado», agregó.

Peretto, quien representa en la causa a Cristina Castro, madre de Facundo, dijo que el planteo «es un piletazo que se tiran en el marco de un proceso para ver si pueden debilitar estudios rigurosos», al indicar que dichas pericias fueron «ordenadas por la jueza a pedido de los fiscales y llevadas a cabo por las fuerzas federales».

«Fueron grabados, en soporte de audio y video, con presencia de testigos. Ninguna acta fue enmendada ni salvada, me parece que es un piletazo procesal», afirmó. Por otra parte, la Cámara de Casación bonaerense deberá resolver si hace lugar a un pedido de recusación de la jueza Marrón presentado por el fiscal general Javier De Luca, en acompañamiento al de los fiscales del caso, Horacio Azzolín, Andrés Heim e Iara Silvestre.

Facundo desapareció el 30 de abril de 2020 cuando en plena cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca, y el 15 de agosto su cuerpo fue hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri. Su madre y los abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión.

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Casación otorgó a De Vido prisión domiciliaria por riesgo cardiaco

La decisión de la Casación no implica libertad, sino el traslado del lugar de cumplimiento de la pena: De Vido continuará condenado y bajo control judicial, aunque desde su domicilio particular.

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De Vido deja Ezeiza: la Casación ordenó su prisión domiciliaria por riesgo cardíaco

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el exministro de Planificación Julio De Vido abandone la cárcel de Ezeiza y cumpla su condena por la tragedia de Once en detención domiciliaria. La decisión, adoptada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, revirtió el fallo previo del Tribunal Oral Federal que había rechazado idéntico pedido.

Un cuadro clínico que la justicia no pudo ignorar

El detonante del beneficio fue el infarto que De Vido sufrió el 1° de abril de 2026, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent. Los informes médicos presentados ante la Casación alertaron sobre un «alto riesgo cardiovascular».

A esas afecciones se suman otras patologías preexistentes: diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, un cuadro que, a juicio del tribunal, hace incompatible el encierro carcelario con las condiciones de salud del exfuncionario.

De Vido tiene 76 años y cumple condena por el delito de fraude al Estado como partícipe necesario de la tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas e hirió a casi 800.

La Casación revirtió al Tribunal Oral

El camino no fue sencillo. Antes de la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exfuncionario. La Cámara de Casación, integrada para este caso por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, anuló ese fallo y estableció el cumplimiento de la condena en el domicilio del exministro. Al mismo tiempo, le encomendó al juez de ejecución penal que mantenga un control periódico sobre De Vido durante el resto de la pena.

La causa Once estableció responsabilidades en la gestión de los contratos ferroviarios con la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), cuya falta de mantenimiento fue determinante en el siniestro. Su condena como partícipe necesario lo convirtió en uno de los exfuncionarios de más alto rango en ser condenado efectivamente a prisión.

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