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El Gobierno transformó Río Turbio en S.A. para privatizala, con un capital de tan solo 30 millones de pesos

La medida abarca el yacimiento carbonífero, los servicios ferroportuarios y las terminales de Punta Loyola y Río Gallegos. El capital inicial será por una ganga de $30 millones y quedará bajo control de las secretarías de Energía y Minería.

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El Argentino Diario-Río Turbio, privatización, carbón, Santa Cruz, YCRT, sociedad anónima, Milei, energía, minería.

El Gobierno libertario formalizó este martes la transformación del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y los Servicios Ferroportuarios en una nueva sociedad anónima denominada «Carboeléctrica Río Turbio S.A.», según establece la Resolución 1181/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en el Decreto 115 del 19 de febrero de 2025, que ordenó específicamente esta transformación societaria del complejo minero que incluye las terminales de Punta Loyola y Río Gallegos. A su vez, la decisión se sustenta en el Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública y habilitó la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas como paso previo a eventuales privatizaciones.

Objeto y capital de la nueva empresa

La flamante Carboeléctrica Río Turbio S.A. tendrá como objeto social «llevar a cabo, por sí o mediante terceros, la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético» del mismo nombre, según detalla la resolución oficial.

El capital social inicial se fijó en $30.000.000, una cifra considerablemente baja para un complejo que históricamente demandó importantes inversiones estatales. La titularidad de las acciones quedará distribuida entre la Secretaría de Energía (95%) y la Secretaría de Minería (5%), ambas dependientes del Ministerio de Economía.

Antecedentes del complejo carbonífero

El Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, ubicado en Santa Cruz, ha sido históricamente una empresa estatal estratégica para la región patagónica. El complejo no solo explota carbón mineral sino que opera una central termoeléctrica y cuenta con infraestructura ferroviaria que conecta la mina con los puertos de Punta Loyola y Río Gallegos.

Durante décadas, la empresa enfrentó dificultades financieras y operativas, pero también representó una fuente de empleo crucial para la región. La transformación en sociedad anónima facilita tanto la búsqueda de socios privados como una eventual venta total o parcial del complejo.

Próximos pasos

La Resolución 1181/2025 instruye a las secretarías de Energía y Minería a «suscribir el acta constitutiva, designar autoridades e integrar el capital social en nombre del Estado Nacional», además de realizar «todos los actos necesarios para el cumplimiento» del proceso de transformación societaria.

Puntos Clave:

  • Se creó Carboeléctrica Río Turbio S.A. mediante Resolución 1181/2025
  • Incluye el yacimiento carbonífero y los servicios ferroportuarios con terminales
  • Capital social inicial de $30 millones con 95% bajo Secretaría de Energía
  • Se basa en decretos de emergencia que habilitan privatizaciones
  • El complejo abarca actividad minera, ferroviaria, portuaria y energética

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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