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Denuncia

Querella por fentanilo mortal pide investigar a funcionarios que “sabían lo que pasaba”

La querellante Adriana Francese apunta contra las fallas del sistema de control sanitario y confirma que el lote contaminado llegó al mercado en tiempo récord, sin cumplir protocolos básicos.

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El Argentino Diario-HLB Farma.

La causa judicial por el fentanilo contaminado que provocó más de 90 muertos y 19 infectados en Argentina suma nuevas denuncias contra funcionarios de control. Adriana Francese, abogada querellante que representa a familias de víctimas, confirmó que «se pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que pasaba» y advirtió sobre las graves fallas en el sistema de supervisión sanitaria.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Francese reveló datos que exponen la precariedad del control estatal: «Este lote se fabricó el 18 de diciembre y el 4 de enero ya estaba en el mercado. No se respetó la cuarentena del lote», denunció la abogada, señalando una violación flagrante a los protocolos de seguridad farmacéutica.

La letrada, quien representa en la causa judicial a tres familias y es tía de algunas víctimas, apuntó directamente contra el laboratorio HLB Pharma y su propietario Ariel García Furfaro: «Son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera. Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado».

Irregularidades desde antes de la tragedia

Francese expuso que previo al conocimiento de los primeros casos fatales «se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma». Esta denuncia cobra relevancia al considerar que para mediados de diciembre de 2024, cuando salieron a la venta los lotes de fentanilo contaminado, la ANMAT ya había establecido que el laboratorio incumplía las «Buenas Prácticas de Fabricación».

La situación se agrava con los testimonios que emergen de ex empleados del laboratorio. Una ex analista de laboratorio aseguró que «ANMAT le avisaba a García Furfaro cuándo iban a pasar las inspecciones», según denuncias que salieron a la luz este domingo en Radio Rivadavia.

La investigación judicial en marcha

Respecto al avance de la causa, la abogada confirmó que se intentó realizar exhumaciones de algunos cuerpos, «pero se determinó no realizarla». En su lugar, actualmente se están peritando «historias clínicas de las víctimas» para establecer el vínculo causal entre el fentanilo contaminado y los decesos.

Hay 24 imputados, entre los que se incluyen dueños, directivos y profesionales de los laboratorios involucrados, según la información judicial disponible. La investigación abarca múltiples lotes: los Lotes 31202, 31244 y 31200 están siendo investigados por las autoridades.

Críticas al organismo de control

Francese fue categórica al evaluar el desempeño de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): «Hay irresponsabilidad por parte del organismo. No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía».

La abogada anticipó que avanzará contra laboratorios, funcionarios y organismos de control, ratificando su postura de «vamos contra todos» los responsables de esta tragedia sanitaria.

Las declaraciones de Francese refuerzan el planteo de las familias de víctimas, quienes denuncian no solo negligencia empresarial sino también fallas sistémicas en el control estatal que permitieron que el producto contaminado se aplicara a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte.

Puntos clave:

  • El lote contaminado fue fabricado el 18 de diciembre y estuvo en el mercado el 4 de enero, sin respetar cuarentena
  • La querella pidió investigar a funcionarios que «sabían lo que pasaba»
  • Hay 24 imputados en la causa judicial por negligencia y mala praxis
  • ANMAT ya conocía las deficiencias del laboratorio antes de la tragedia
  • Se investigan denuncias sobre presunta complicidad entre el laboratorio y el organismo de control

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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