Libertad de expresión
Adorni queda a cargo de Télam y las empresas públicas de comunicación e insistió con su cierre
“El plan es el mismo: el de Télam su cierre y de los medios públicos dependemos de la decisión del Congreso, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que quedará a cargo de las empresas públicas de comunicación e insistió en la privatización y cierre de las mismas. «Pasarán a depender de Comunicación, área de la que soy responsable», puntualizó.
En la habitual conferencia de prensa, el funcionario explicó: “La jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse”.
En la misma aclaró que “todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien corresponda por una cuestión de competencias”, y detalló que Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos pasarán a depender de Comunicación, área que encabeza el experiodista libertario.
“El plan es el mismo: el de Télam su cierre y de los medios públicos dependemos de la decisión del Congreso, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió.
Judiciales ⚖️
Reclaman que Monteoliva explique la represión contra manifestantes y periodistas
El legislador socialista presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad rinda cuentas ante la Cámara Baja por el violento operativo del 6 de agosto frente al Congreso, donde una fotógrafa sufrió fractura de cráneo tras recibir un palazo policial durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó este viernes un proyecto de resolución exigiendo que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre el violento operativo desplegado por Gendarmería y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate del Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El pedido se formuló el mismo día en que trascendió que una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo como consecuencia directa de un palazo policial recibido durante la represión del pasado jueves
El proyecto: cuatro preguntas que el Gobierno no quiere responder
«Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. Hágase cargo de la violencia!«, publicó Paulón en su cuenta de X, donde también compartió el texto del proyecto presentado ante la cámara.
El documento exige que Monteoliva responda sobre cuatro ejes concretos: el operativo policial desplegado el 6 de agosto mientras el Senado debatía la controvertida ley; si existe alguna investigación interna sobre la represión que se desató durante más de dos horas contra manifestantes que, hasta ese momento, se encontraban en calma; si se procedió a la identificación de los agentes que efectuaron disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes; y el motivo por el cual los camiones hidrantes continuaron actuando a más de 500 metros del palacio legislativo cuando la concentración ya se dispersaba en total tranquilidad.
Una fotógrafa con fractura de cráneo: otro símbolo de la violencia estatal y el ataque a la libertad de prensa
El caso más grave documentado durante la represión fue el de una fotógrafa de prensa que recibió un palazo policial en la intersección de Avenida de Mayo y Lima. El periodista Ariel Zak alertó en vivo: «En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa».
La trabajadora de prensa, que en ese momento cubría profesionalmente la represión, recibió atención de primera mano de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Luego fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde se confirmó la fractura de cráneo.
El caso condensa lo que organizaciones de derechos humanos y sindicatos de prensa vienen denunciando desde la llegada del régimen libertario: el uso deliberado de la fuerza contra periodistas como mecanismo de intimidación y control de la cobertura. Una fotógrafa en ejercicio de su función resultó con el cráneo fracturado en una democracia que el oficialismo define como modelo de respeto institucional.
La respuesta de Monteoliva: impunidad con retórica democrática
Lejos de reconocer los excesos, la ministra Monteoliva salió a defender el accionar de las fuerzas en sus redes sociales. «En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático. La democracia se defiende haciendo cumplir la ley y el orden. El que las hace, las paga», publicó en X.
La ministra también anunció que el Ministerio presentó una denuncia penal para identificar a quienes «destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso», apuntando incluso contra quienes «promovieron, organizaron e instigaron» los hechos. La narrativa oficial, que califica de «violencia» lo que decenas de testimonios y registros audiovisuales muestran como una protesta pacífica dispersada por la fuerza, contrasta brutalmente con la imagen de la fotógrafa ensangrentada en la vía pública.
El patrón es conocido: criminalizar la protesta para encubrir la represión. Mientras el Gobierno anuncia denuncias penales contra manifestantes, ningún agente que disparó contra periodistas o cargó con bastones contra civiles desarmados fue identificado públicamente ni apartado de sus funciones.
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