DDHH
La Iglesia publicó los archivos sobre su participación en el terrorismo de Estado
Se trata de una investigación histórica a partir de la desclasificación de toda la documentación relacionada a la violencia política de los ’70 y la dictadura, que se encontraba archivada en el Vaticano y la Iglesia argentina.
Por Silvina Oranges
¿La Iglesia jerárquica apoyó el golpe de Estado de 1976? ¿Cómo se involucraron activa y pasivamente los miembros de la Iglesia en las distintas etapas y manifestaciones de los procesos de violencia? ¿En qué medida la Iglesia contribuyó al clima de violencia existente? ¿Pudo la Iglesia contener las distintas violencias o estuvo ella misma sumergida en estos fenómenos? ¿En qué medida conoció lo que estaba ocurriendo y cuál fue su implicación en ese drama?
Estos y otros interrogantes intenta responder la obra «La verdad los hará libres: la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983», editada por Planeta, cuyo primer tomo fue presentado estos días por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) bajo la autoría de los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros.
Se trata de una investigación histórica a partir de la desclasificación de toda la documentación relacionada a la violencia política de los ’70 y la represión durante la dictadura cívico-militar, que se encontraba archivada en el Vaticano y la Iglesia argentina.
Previo a la publicación de los libros, algunos documentos de la información desclasificada fueron presentadas ante la Justicia argentina -concretamente ante el juez federal Ariel Lijo- con el objetivo de «ayudar a lograr una justicia largamente esperada», según indicó la CEA en comunicado.


La desclasificación de estos archivos también fue un pedido realizado durante mucho tiempo por los organismos de derechos humanos: referentes como Estela de Carlotto o la fallecida Hebe de Bonafini lo solicitaron en múltiples oportunidades a las autoridades de la Iglesia argentina e incluso al papa Francisco.
«Esta obra, pensada en tres tomos, es el fruto de un largo proceso de sistematización e investigación impulsado por la CEA, con la colaboración de organismos del Vaticano, que comenzó en el año 2012 con la sistematización de la documentación existente en torno a la década del ’70 del siglo pasado y custodiada en los archivos de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede», explicó el Episcopado en una carta de presentación de la obra.
El comunicado lleva la firma de la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside monseñor Oscar Ojea, el vicepresidente primero, Marcelo Colombo; el vicepresidente segundo, Carlos Azpiroz Costa, y el secretario general, Alberto Bochatey.
Al anunciar la obra, los obispos argentinos destacan una cita del papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, que indica: «Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva».
Es que Jorge Bergoglio tuvo un papel protagónico en la publicación de la obra: en 2012, antes de ser Papa, formó parte de la conducción del Episcopado que impulsó la apertura de los archivos a víctimas o familiares, y luego en el 2013, ya como pontífice, dio instrucciones para que también se abrieran los de la nunciatura apostólica en Buenos Aires y los de la Santa Sede para este estudio.
«Desde el comienzo nos propusimos escuchar la voz de los archivos. Se ha podido entrar en contacto de forma excepcional e inédita en la historia de la iglesia con toda la documentación. Este acceso constituye una situación sin precedentes porque habitualmente estos archivos están disponibles para los investigadores unos 70 u 80 años después de su producción», explican los autores.
El trabajo de investigación de aquella etapa histórica a partir del material de archivo – y de otras fuentes – fue encargado por la CEA a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA) en la persona de su decano, el sacerdote Galli, con el objetivo de «investigar los registros documentales a fin de ofrecer una narración histórica que, con criterio científico, diera voz a los mismos», según se precisó.
«La obra que ahora sale publicada es fruto del trabajo de un equipo de docentes e investigadores que se abocaron a escrutar los archivos por primera vez accesibles. La misma está pensada en tres tomos», explicaron desde la CEA.
En total, unas 40 personas -entre teólogos, historiadores e investigadores- trabajaron durante cinco años en la redacción de los tres tomos: el primero -de casi mil páginas- acaba de ser publicado, el segundo tomo -y el que es esperado con mayor expectativa ya que contiene el estudio de documentos desclasificados- saldrá a la luz a principios de marzo, en tanto que el tercero se publicará en el último trimestre del año.
El primero de esos tomos, que ya se vende en librerías, ofrece «un marco de comprensión de la realidad social y eclesial argentina en la segunda mitad del siglo XX deteniéndose tanto en las concepciones teóricas como en las acciones concretas que alimentaron las diversas formas de conflictividad y violencia».
En tanto, el segundo tomo «afronta las vicisitudes y contradicciones de la Iglesia católica durante los años del llamado Proceso de Reorganización Nacional con la intención de revelar, de forma cronológica e integral, todo el ciclo de los acontecimientos desde el Golpe de Estado de 1976 hasta el regreso a la democracia en 1983».
Este segundo tomo incluirá fotografías y documentos «para contextualizar en el tiempo y en el espacio algunos de los actores eclesiales analizados».
«Algunos documentos son inéditos y desconocidos para el público o bien si fueron publicados tuvieron difusión fugaz. Cada uno de estos aportes documentales está brevemente acompañado de una indicación identificada en sus fuentes», se explica en la introducción del tomo 1.
Finalmente, el tercero mostrará «una serie de ensayos con diversas lecturas teológicas e históricas acerca de lo sucedido en aquel tiempo».
Desde la Iglesia argentina explicaron que los tres tomos quieren ser «un aporte a la historiografía argentina en orden a comprender mejor un periodo tan doloroso de nuestra historia reciente», y aclaran que la obra «es responsabilidad intelectual de los investigadores que han trabajado sobre los documentos custodiados en ámbitos eclesiásticos».
Para el Episcopado que conduce monseñor Ojea, con la publicación de esta obra cumplen la «palabra empeñada» en el año 2012 cuando anunciaron que estaban abocados a «revisar todos los antecedentes» referidos al accionar de la Iglesia en esos años.
En una declaración de noviembre de ese año, los obispos exhortaron «a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes».
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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