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Milei enviará al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para blindar el programa económico del FMI

El presidente Javier Milei confirmó que remitirá al Senado un proyecto para modificar la ley que regula el Banco Central, con el objetivo declarado de prohibir que la entidad financie el déficit. La iniciativa, elaborada en conjunto por el Ministerio de Economía, el de Desregulación y el propio BCRA, incluye sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo y un mecanismo de «shutdown» estatal. El blanco explícito es la reforma sancionada en 2012 durante el kirchnerismo.

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El presidente Javier Milei confirmó que remitirá al Senado un proyecto para modificar la ley que regula el Banco Central, con el objetivo declarado de prohibir que la entidad financie el déficit. La iniciativa, elaborada en conjunto por el Ministerio de Economía, el de Desregulación y el propio BCRA, incluye sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo y un mecanismo de «shutdown» estatal. El blanco explícito es la reforma sancionada en 2012 durante el kirchnerismo.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la norma que desde 1992 establece las funciones, los límites y los objetivos de la autoridad monetaria. Según fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto presentar los lineamientos centrales de la iniciativa a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, para luego remitir el proyecto al Senado e iniciar el tratamiento legislativo durante el segundo semestre.

La propuesta es elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para el Gobierno, se trata de una reforma estructural destinada a impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar el Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público.

Qué propone la reforma y qué quiere eliminar

El texto definitivo del proyecto todavía no fue presentado, pero desde el oficialismo adelantaron los principales ejes que contendrá. El primero y más enfático es la prohibición expresa de que el BCRA financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, uno de los pilares del programa económico de la gestión libertaria. En esa dirección, la iniciativa propone eliminar las denominadas «letras intransferibles», el mecanismo históricamente utilizado para asistir al Tesoro nacional sin registro contable directo en las reservas.

El proyecto también prevé endurecer las condiciones para remover a las autoridades del directorio del BCRA, reforzar la independencia institucional del organismo frente al Poder Ejecutivo y terminar con el esquema de «utilidades contables» o «ficticias», salvo en escenarios excepcionales de deflación. Entre las novedades más llamativas aparece la incorporación del concepto de «shutdown», un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, al estilo del modelo estadounidense. Asimismo, se contemplan sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones prohibidas por la nueva ley.

La reforma de 2012, en el centro del blanco

El objetivo político de la iniciativa tiene un destinatario histórico preciso. La última gran modificación de la Carta Orgánica ocurrió en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mediante la Ley 26.739 impulsada por la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. Aquella norma amplió significativamente el mandato del organismo al incorporar, junto a la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con el desarrollo económico con equidad social, el empleo y la estabilidad financiera. Además, flexibilizó los mecanismos de asistencia al Tesoro, habilitando una mayor utilización de la emisión monetaria para financiar necesidades fiscales.

Milei apuntó específicamente contra ese cambio durante una exposición reciente en la Fundación Faro, donde sostuvo que «la bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos» y que, con esa reforma, quedó habilitado emitir dinero «por cualquier motivo». «Así estábamos, nos dejaron plantada una hiper», afirmó. La frase condensa el argumento central del libertarismo: que la inflación argentina tiene su origen en la permisividad legal con la que distintos gobiernos utilizaron el Banco Central para cubrir déficits, y que la solución es blindar institucionalmente la prohibición de emisión.

Una reforma en sintonía con el FMI

Lo que el discurso oficial no suele mencionar con igual énfasis es que la reforma de la Carta Orgánica es también una exigencia implícita del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares. El organismo viene señalando en distintas revisiones la necesidad de avanzar en una mayor independencia del BCRA y en un esquema monetario que consolide la prohibición de financiamiento al Tesoro, objetivos que coinciden punto por punto con la propuesta gubernamental. En abril de 2026, la segunda revisión del acuerdo habilitó un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares, mientras la deuda total con el FMI rondaba los 57.100 millones de dólares al cierre de 2025.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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