Judiciales ⚖️
Fallos sin perspectiva de género: la necesidad de una reforma judicial feminista
Al menos 251 mujeres asesinadas y 10 travesticidios durante 2021 en todo el país.
Por Alejandro Aristimuño.
La suspensión y destitución de tres jueces que intervinieron en causas previas y posteriores a los femicidios de la adolescente marplatense Lucía Pérez y la docente tucumana Paola Tacacho dejaron en evidencia la falta de perspectiva de género que aún persiste en determinados fallos judiciales que van en contra de las propias víctimas de la violencia machista, que registró al menos 251 mujeres asesinadas durante 2021 en todo el país.
A su vez, un resonante caso de femicidio como el de Úrsula Bahillo (18), cometido en febrero de este año en Rojas, derivó en un pedido de juicio político para el juez de Paz de ese municipio bonaerense por presunta negligencia en el tratamiento de la denuncias previas que la víctima había hecho contra su asesino, quien este mes fue condenado a prisión perpetua.
Hay una deuda pendiente en el ámbito judicial que quedó en evidencia el 23 de noviembre último, cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en 2018 integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Mar del Plata y absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) del femicidio de Lucía (16).
Ante esta decisión ambos jueces fueron suspendidos de modo provisional en sus funciones para ser sometidos a un jury por decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. «La Justicia tiene tiempos extraordinarios y las familias padecemos su negligencia. Es siniestro lo que hacen. Lucía lleva ya cinco años sin justicia, mientras nosotros seguimos luchando», indicó la madre de la adolescente asesinada, Marta Montero.
Es que si bien en 2020 el Tribunal de Casación bonaerense revocó la absolución de primera instancia y ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio oral, aún no se fijó la fecha para este debate. A su vez, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento a Magistrados consideró en su acusación que el fallo absolutorio de los jueces ahora suspendidos «lejos de ajustarse a derecho, evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores».
En el informe cuestionó que el TOC 1 marplatense se enfocó en «indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal».
Además de la Bicameral, los jueces fueron acusados por la Defensoría del Pueblo, los padres de Lucía, legisladores nacionales y el procurador General de la Suprema de Corte de Justicia provincial.
«Pusimos el acento en que el fallo de primera instancia estuvo viciado de parcialidad, prejuicios y estereotipos de género, sin tener en cuenta las convenciones de Derechos Humanos vigentes y obligatorias para nuestro país. Los jueces pasaron por alto estas normas que protegen a las mujeres y que, en este caso, se utilizaron en contra de la víctima», expresó Cecilia Rodríguez, de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Desde ese organismo fue justamente que en marzo de este año pidieron el juicio político para el juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, quien intervino en las denuncias realizadas por Úrsula contra su expareja, el policía Matías Martínez (26), quien la terminó matando de 15 puñaladas.



Por otro lado, el 18 de noviembre último, el juez penal tucumano Francisco Pisa fue destituido de su cargo por un Jurado de Enjuiciamiento que consideró que no cumplió con sus deberes, no abordó con perspectiva de género y no protegió judicialmente a Tacacho (32), quien había denunciado a su exalumno de Inglés, Mauricio Parada, el mismo que en octubre de 2020 terminó matándola y luego él se suicidó.
«Ningún funcionario va a volver hacer lo que hizo este juez misógino y sin perspectiva de género», expresó la madre de Paola, Mariela Tacacho. Es que entre noviembre de 2015 y mayo de 2020, la docente había realizado 15 denuncias contra Parada Pareja, quien la acosaba desde hacía años, hecho por el cual se le había impuesto una restricción de acercamiento.
Seis de esas presentaciones fueron archivadas, ocho quedaron sin resolución y una había llegado al requerimiento de elevación a juicio, aunque el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa, tras lo cual presentó su renuncia para jubilarse, la cual no fue aceptada.
Mientras tanto, los casos de femicidios y travesticidios siguen engrosando estadísticas elaboradas por organizaciones civiles, las cuales, con alguna leve variación en los números, revelan que una mujer cada 30 horas aproximadamente es asesinada por un hombre en el marco de violencia de género.
El Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», que coordina la Asociación Civil La Casa del Encuentro es uno de esos organismos que consideró que se registraron al menos 251 femicidios y 10 travesticidios entre enero y noviembre de este año en el país.
De acuerdo al informe, en 153 de los 261 casos relevados, el femicida era la pareja o la expareja de la víctima; mientras que, en 33 ocasiones, el asesino era un conocido o vecino, y en otras 33 los asesinos eran familiares. A su vez, en 31 oportunidades las víctimas habían denunciado previamente a su agresor, 20 de los cuales tenían dictada una medida cautelar en su contra.
Estas cifras de 2021 son similares a las de 2020, cuando la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que hubo 251 víctimas directas de femicidio y 36 de femicidio vinculado.
Además, con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la OM presentó el primer compendio de sentencias con perspectiva de género de la Argentina, el cual incluyó 110 fallos dictados entre 2017 y 2020.
«Las sentencias y autos interlocutorios remitidos debieron abordar la protección de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y del colectivo LGBTTIQ+ y hacer alusión al derecho a la igualdad, las relaciones asimétricas de poder, los estereotipos discriminatorios de género, la discriminación o los diferentes tipos de violencia de género y el cuestionamiento de la neutralidad de la norma», indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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