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Se reactiva la causa Maradona: audiencia clave en Cámara de San Isidro

El próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud imputados.

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La Cámara de Apelaciones de San Isidro fijó para el próximo 7 de marzo la audiencia oral clave que definirá si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente llega a juicio oral como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud imputados que podrían terminar condenados a penas de entre 8 y 25 años, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala III del mencionado tribunal notificó a las partes que la audiencia se realizará ese día a partir de las 11.30, aunque no en los tribunales de San Isidro, sino de manera virtual y a través de la plataforma Teams.

“Vamos a exponer todos los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo ni con la reconstrucción de los hechos ni con la calificación legal”, dijo el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov (37).

El letrado fue el que primero solicitó lo que técnicamente se denomina audiencia del artículo 447 del Código Procesal Penal bonaerense, y que se realiza para mejorar en forma oral los argumentos de su apelación, en la que pidió el sobreseimiento de la psicóloga y, en su defecto, un eventual cambio a una calificación más benigna para su clienta.

A ese pedido después se unieron las defensas de la enfermera Daiana Gisela Madrid (38) y la del médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49), que al igual que Mischanchuk, podrán exponer en esta audiencia.

Además de los tres ya mencionados, los otros cinco imputados que tiene la causa son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luciano Luque (41); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); y el enfermero Ricardo Omar Almirón (39).

El equipo de tres fiscales que compuso especialmente para esta causa compleja el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y que está integrado por sus fiscales generales adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, los acusó a los ocho como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, con pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Hace ya casi ocho meses que el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Abel Díaz, luego del requerimiento del equipo de fiscales que instruyó la causa, elevó el expediente a juicio oral, pero las defensas de los ocho imputados apelaron aquella resolución y desde entonces la causa está bajo el análisis de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

Serán los camaristas Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco -y si hay disidencia se sumará Ernesto García Maañón-, quienes definan el futuro de los ocho profesionales de la salud, tras esta audiencia programada para el 7 de marzo.

Recién si la Cámara de San Isidro confirma todo lo actuado en la instrucción, la causa ira a sorteo para designar al Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro que deba juzgar, no antes del segundo semestre 2023, según las estimaciones, a los acusados.

Cuando el 22 de junio pasado elevó la causa a juicio, el juez Díaz sostuvo que los ocho imputados no cumplieron «con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas», y que como «garantes» de la condición del exfutbolista, tuvieron la posibilidad de «revertir» su cuadro cardíaco y no lo hicieron.

En su fallo, Díaz también elevó a juicio a Luque por el delito de «uso de documento privado falso», porque le imputan haber usado una firma falsificada de Maradona para pedir una historia clínica; y a Cosachov por «falsedad ideológica», ya que se la acusa de haber confeccionado un certificado de aptitud mental de Diego sin ir a visitarlo.

Los fiscales Ferrari, Iribarren y Capra y el juez Díaz coincidieron en que todos deberán enfrentar una imputación como presuntos coautores de un «homicidio simple con dolo eventual».

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue «deficiente», «temerario» e «indiferente», sabía que el «10» podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.

Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».

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El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”

Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.

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El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”

★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.

La denuncia que no entró por la ventanilla

El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.

«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.

Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.

«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios

El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.

«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.

El trasfondo de una causa frágil

La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.

En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.

El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.

El «Partido Judicial» y la selección de magistrados

La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.

El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.

Puntos clave:

  • Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
  • Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
  • La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
  • En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
  • La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.
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