Géneros 🟣
ONU: la comunidad LGTBIQ+ es criminalizada en 77 países
Se trata del informe «Nuestras identidades bajo arresto» presentado a nivel globlal por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.
Las detenciones y enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo o por expresiones de género diversas continuaron en todo el mundo durante 2021, según reveló este martes un nuevo informe internacional que destaca el caso de una mujer trans que fue detenida en Córdoba en virtud de una norma derogada en 1988.
Se trata del informe «Nuestras identidades bajo arresto» presentado a nivel globlal por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo). «Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas (ONU) continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo», recordó Kellyn Botha, consultora de investigación para ILGA Mundo y autora del informe.
Otra forma de decirlo es que homosexualidad es penada aún en 77 Estados o regiones; en 12 de ellos con pena de muerte «efectiva o posible». Pero en numerosos casos, las detenciones se produjeron aún cuando la legislación vigente no criminaliza explícitamente estas disidencias o cuando las leyes que le sirven de sustrato no se utilizaron en décadas.
«Los Gobiernos a menudo subestiman estas leyes criminalizantes como ‘regulaciones inactivas’, pero las leyes nunca duermen realmente. Este informe proporciona sobrada evidencia de cómo las disposiciones criminalizantes han sido efectivamente usadas contra nuestras comunidades en todo el mundo, en ocasiones siendo reactivadas después de años como una mera amenaza escrita en los códigos legales», dijo.
«La naturaleza impredecible de su aplicación hace que las personas LGBT y de género diverso vivan perpetuamente bajo amenaza, excluyéndose las de una participación igualitaria en la sociedad», agregó.
El informe concluye que «nociones binarias y esencialistas de género» están a la base de las detenciones y persecución con o sin sustento normativo, que «el número de procesamientos judiciales es un indicador inadecuado para evaluar los niveles de aplicación», que el estatus económico influye «en las posibilidades de evadir la aplicación de estas leyes» y que «los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la forma en que los Estados aplican las leyes criminalizantes»
El único caso citado de Argentina es el de Ivanna Aguilera, histórica militante trans cordobesa de 63 años, que en la madrugada del pasado 29 de marzo fue demorada por policías que hacían un control vehicular en la ciudad de Córdoba, al advertir que estaba vigente una orden librada en 1988, pero fundada en un código contravencional que desde 2016 no existe y en un artículo derogado en 1994 del Código de Faltas.
«La situación fue espantosa. Me retrotrajo toda la violencia sufrida años atrás. No puede ser que tenga que seguir viendo cómo soy producto de la falta de derechos. A la gente trans travesti se les exige idoneidad para acceder a puestos laborales y tenés a policías y a un Poder Judicial sin perspectiva de género, que no conoce las leyes ni las respeta», describió Aguilera al diario La Voz del Interior.
En la comisaría, la fiscal de contravenciones de turno reconoció la incongruencia del pedido de captura con la ley vigente, pero «me recomendaban solucionarlo en la Justicia para que no figurara más en el sistema», añadió.
«Si las leyes avanzaron desde el Estado deben solucionar el problema, no tenemos por qué ser nosotras las que tengamos que ir a dar de baja algo que no está vigente hace más de 20 años», agregó Ivanna, que es encargada del área trans travesti no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El director ejecutivo de ILGA para Latinoamérica y el Caribe (Ilgalac), el argentino Pedro Paradiso Sottile, opinó que lo que estos casos ponen de manifiesto es «la falta de formación en perspectiva de género, diversidad y derechos humanos» en las fuerzas de seguridad y operadores judiciales, una carencia que representa una «deuda de la democracia» que es necesario saldar «con urgencia».
«Los arrestos, persecución y maltratos, humillaciones, pedidos de coimas, las detenciones arbitrarias y demás situaciones siguen ocurriendo en todo el país a pesar de que los códigos de faltas o los edictos policiales han sido derogados, e incluso a veces fuerzan el uso de otras figuras para seguir persiguiendo a las poblaciones más vulnerabilizadas», dijo Sottile.
Esto se debe a «no solo desconocimiento» de las normas, sino al hecho de que en la formación policial predomina «una mirada represiva y represora» que favorece estos atropellos «avalados por el silencio cómplice y falta de acción de los organismos que tienen que intervenir urgentemente para reparar y para garantizar que no se vuelva a repetir», pero también por el avance de los grupos conservadores y antiderechos en la sociedad, «con sus discursos de odio».
En ese sentido, Paradiso aseguró que es necesario emprender «acciones globales» donde trabajen mancomunadamente sociedad civil y estados «para romper con ese paradigma binario, represor y de violencia institucional» que se resiste a desaparecer.
ILGA Mundo es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, una federación mundial de más de 1,700 organizaciones de más de 160 países y territorios que abogan por los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
América Latina
Cayó en Lima otro prófugo del triple femicidio de Florencio Varela
Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, fue detenido el sábado 14 de noviembre en Santa Anita, Lima, por la Policía Nacional del Perú, en un operativo coordinado con la Policía Federal Argentina. El juez de Morón había pedido su captura el 21 de septiembre.
Casi dos meses después del pedido de captura, cayó en Lima otro de los prófugos del triple femicidio de Florencio Varela. La Policía Nacional del Perú detuvo a Abel Josuel Taya Humpire, acusado de integrar la estructura narco que investiga la Justicia argentina.
Taya Humpire, ciudadano peruano de 32 años, fue detenido el sábado 14 de noviembre en el distrito de Santa Anita, en el este de Lima, en un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina a través de la oficina de Interpol en Buenos Aires. Tenía pedido de captura internacional del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cometidos en septiembre de 2025.
La Policía Nacional del Perú confirmó el arresto en la red social X: «Fue detenido un ciudadano requerido por presunto homicidio agravado». Agregó que es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y por presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La detención quedó registrada en un video, en el que los agentes le informaron que lo requería la Justicia argentina a través de Interpol.
El custodio de «Papá»
Según los investigadores, Taya Humpire habría participado en los hechos junto con otros integrantes de la organización. Celeste Magalí González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa, lo identificó en su declaración como el supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá».
«Papá» es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», detenido en el penal de Ezeiza y señalado por la Justicia como uno de los presuntos jefes de la estructura. «Pequeño J» fue capturado en Perú en septiembre de 2025 y extraditado a la Argentina en mayo de 2026. Su tío fue detenido en Lima el 12 de octubre con una identidad falsa, y su entrega depende del procedimiento de extradición en Perú.
Otros pedidos de captura
El 21 de septiembre de 2026, el juez Rodríguez ordenó la captura de Taya Humpire junto con la de Kevin Manuel Valverde Urtecho, a quien también se vincula con la estructura conocida como Clan Valverde. La Justicia argentina busca ahora la extradición de Taya Humpire.
Lo que tenés que saber
- Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, fue detenido el sábado 14 de noviembre en Santa Anita, Lima.
- Lo arrestó la Policía Nacional del Perú, en un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina.
- El juez Jorge Rodríguez, del Juzgado Federal 2 de Morón, había pedido su captura el 21 de septiembre.
- Una detenida lo señaló como supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, alias «Papá», tío de «Pequeño J».
- La causa investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
-
Campeones ⭐️⭐️⭐️7 díasLlega el clásico Argentina-Uruguay: el primero sin Messi
-
CABA6 díasEl Papa le habló a los presos de Devoto de una segunda oportunidad que el sistema debe garantizar
-
Salud 🩺2 díasSolo el 1,5% de los argentinos dona sangre, lejos del 3% al 5% necesario
-
Fútbol & Goles!3 díasArgentina dominó, remató 18 veces y perdió 2-1 con Uruguay en la era post Messi
-
El clima 🌤6 díasCambio de clima en Buenos Aires: llegan tormentas y la temperatura será de 13 grados
-
Papa León XIV7 díasYanina Latorre cuestionó a Zulemita y a Zulema Yoma por sus looks en la misa del Papa León XIV
-
Buenos Aires6 díasLeón XIV cerró su gira en Luján ante 3,5 millones de personas: “Argentina, levántate y camina”
-
Deportes3 díasFox Sports se despide de la Argentina el 31 de enero y la F1 queda en suspenso
