Las detenciones y enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo o por expresiones de género diversas continuaron en todo el mundo durante 2021, según reveló este martes un nuevo informe internacional que destaca el caso de una mujer trans que fue detenida en Córdoba en virtud de una norma derogada en 1988.

Se trata del informe «Nuestras identidades bajo arresto» presentado a nivel globlal por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo). «Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas (ONU) continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo», recordó Kellyn Botha, consultora de investigación para ILGA Mundo y autora del informe.

Otra forma de decirlo es que homosexualidad es penada aún en 77 Estados o regiones; en 12 de ellos con pena de muerte «efectiva o posible». Pero en numerosos casos, las detenciones se produjeron aún cuando la legislación vigente no criminaliza explícitamente estas disidencias o cuando las leyes que le sirven de sustrato no se utilizaron en décadas.

«Los Gobiernos a menudo subestiman estas leyes criminalizantes como ‘regulaciones inactivas’, pero las leyes nunca duermen realmente. Este informe proporciona sobrada evidencia de cómo las disposiciones criminalizantes han sido efectivamente usadas contra nuestras comunidades en todo el mundo, en ocasiones siendo reactivadas después de años como una mera amenaza escrita en los códigos legales», dijo.

«La naturaleza impredecible de su aplicación hace que las personas LGBT y de género diverso vivan perpetuamente bajo amenaza, excluyéndose las de una participación igualitaria en la sociedad», agregó.

El informe concluye que «nociones binarias y esencialistas de género» están a la base de las detenciones y persecución con o sin sustento normativo, que «el número de procesamientos judiciales es un indicador inadecuado para evaluar los niveles de aplicación», que el estatus económico influye «en las posibilidades de evadir la aplicación de estas leyes» y que «los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la forma en que los Estados aplican las leyes criminalizantes»

El único caso citado de Argentina es el de Ivanna Aguilera, histórica militante trans cordobesa de 63 años, que en la madrugada del pasado 29 de marzo fue demorada por policías que hacían un control vehicular en la ciudad de Córdoba, al advertir que estaba vigente una orden librada en 1988, pero fundada en un código contravencional que desde 2016 no existe y en un artículo derogado en 1994 del Código de Faltas.

«La situación fue espantosa. Me retrotrajo toda la violencia sufrida años atrás. No puede ser que tenga que seguir viendo cómo soy producto de la falta de derechos. A la gente trans travesti se les exige idoneidad para acceder a puestos laborales y tenés a policías y a un Poder Judicial sin perspectiva de género, que no conoce las leyes ni las respeta», describió Aguilera al diario La Voz del Interior.

En la comisaría, la fiscal de contravenciones de turno reconoció la incongruencia del pedido de captura con la ley vigente, pero «me recomendaban solucionarlo en la Justicia para que no figurara más en el sistema», añadió.

«Si las leyes avanzaron desde el Estado deben solucionar el problema, no tenemos por qué ser nosotras las que tengamos que ir a dar de baja algo que no está vigente hace más de 20 años», agregó Ivanna, que es encargada del área trans travesti no binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El director ejecutivo de ILGA para Latinoamérica y el Caribe (Ilgalac), el argentino Pedro Paradiso Sottile, opinó que lo que estos casos ponen de manifiesto es «la falta de formación en perspectiva de género, diversidad y derechos humanos» en las fuerzas de seguridad y operadores judiciales, una carencia que representa una «deuda de la democracia» que es necesario saldar «con urgencia».

«Los arrestos, persecución y maltratos, humillaciones, pedidos de coimas, las detenciones arbitrarias y demás situaciones siguen ocurriendo en todo el país a pesar de que los códigos de faltas o los edictos policiales han sido derogados, e incluso a veces fuerzan el uso de otras figuras para seguir persiguiendo a las poblaciones más vulnerabilizadas», dijo Sottile.

Esto se debe a «no solo desconocimiento» de las normas, sino al hecho de que en la formación policial predomina «una mirada represiva y represora» que favorece estos atropellos «avalados por el silencio cómplice y falta de acción de los organismos que tienen que intervenir urgentemente para reparar y para garantizar que no se vuelva a repetir», pero también por el avance de los grupos conservadores y antiderechos en la sociedad, «con sus discursos de odio».

En ese sentido, Paradiso aseguró que es necesario emprender «acciones globales» donde trabajen mancomunadamente sociedad civil y estados «para romper con ese paradigma binario, represor y de violencia institucional» que se resiste a desaparecer.

ILGA Mundo es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, una federación mundial de más de 1,700 organizaciones de más de 160 países y territorios que abogan por los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.