La Justicia de Río de Janeiro resolvió elevar a juicio la causa contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial, y le prohibió regresar a la Argentina hasta que se defina su situación procesal.

El Ministerio Público Fiscal desestimó los planteos de la defensa y consideró que una eventual salida del país podría afectar el control judicial y comprometer una posible ejecución de pena.

La decisión implicó un nuevo traspié para la estrategia defensiva, que había intentado frenar el avance del expediente mediante un hábeas corpus y cuestionamientos sobre la validez de las pruebas.

Rechazo al hábeas corpus y avance a juicio

El dictamen fiscal sostuvo que la acusación cumple con los requisitos formales previstos en el Código Procesal Penal brasileño: descripción precisa del hecho, identificación de las personas involucradas y adecuación típica de la conducta.

Páez quedó imputada por el delito de injuria racial, que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La fiscalía remarcó la “gravedad del hecho” y recordó la política de tolerancia cero frente al racismo vigente en la legislación del país.

La defensa había alegado:

Manipulación de pruebas digitales

Parcialidad de testigos

Falta de incorporación de su versión de los hechos

Vulneración de garantías procesales

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que existen elementos suficientes, entre ellos testimonios y registros audiovisuales, para que el caso sea debatido en juicio oral.

El episodio en Ipanema

La causa se originó el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, donde la abogada fue denunciada por realizar gestos racistas contra empleados del local tras una discusión por el cobro de la cuenta.

El hecho tomó estado público de inmediato y derivó en su detención y posterior imputación. Desde entonces permanece en territorio brasileño.

Páez sostuvo en declaraciones televisivas que también recibió gestos inapropiados por parte del personal, aunque esa versión no fue incorporada en la acusación formal.

Pedido de intervención diplomática

En paralelo, sectores cercanos a la letrada impulsaron un pedido para que intervenga la Cancillería Argentina. Hasta el momento no se informó ninguna gestión que haya modificado la situación procesal.

Con la causa elevada a juicio, el tribunal deberá fijar fecha de audiencia. Hasta entonces, la abogada continuará sometida a la jurisdicción brasileña, sin autorización para regresar al país.

La resolución dejó en claro que, al menos en esta etapa, la Justicia de Río priorizó garantizar el avance del proceso por sobre cualquier planteo vinculado a su retorno.