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Coimas en ANDIS: documentos oficiales revelan el entramado de medio centenar de sociedades de los Kovalivker

Actas registrales y documentos oficiales revelan la red societaria de los herederos de Suizo Argentina, ahora investigados por presunto lavado y recaudación para funcionarios del Gobierno.

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El Argentino Diario-Suizo Argentina, Kovalivker, ANDIS, coimas, Nordelta, investigación judicial, Diego Spagnuolo.

⬛ El escándalo que sacudió a Nordelta el 22 de agosto pasado cuando Emmanuel Kovalivker fue sorprendido con 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, tiene ahora su correlato documental. Los registros oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ) y los informes comerciales revelan el entramado societario que construyeron los herederos del laboratorio Suizo Argentina, hoy investigados por presunto lavado de activos y recaudación de coimas para funcionarios del Gobierno nacional.

El imperio registral de Jonathan Kovalivker

Los documentos en poder de esta redacción confirman que Jonathan Simón Kovalivker no es solo accionista de la Droguería Suizo Argentina junto a Eduardo y Néstor Kovalivker, sino el presidente de la empresa según consta en las actas de la IGJ. El domicilio social registrado en Avenida Brasil 2947 aparece en múltiples asientos que documentan aumentos de capital, reformas estatutarias y designaciones que evidencian una consolidación patrimonial sostenida.

La ficha registral histórica muestra las columnas con movimientos de capital donde se consignan múltiples aumentos y suscripciones, junto al objeto social que incluye importación, exportación y comercialización de especialidades farmacéuticas. Estos registros oficiales, si bien no constituyen prueba de delito, configuran el mapa del poder formal que la fiscalía debe cruzar con la documentación bancaria y contractual secuestrada.

La red de sociedades vinculadas

El entramado societario documentado por la IGJ y organismos provinciales incluye:

  • RS Eventos SRL (constituida en Salta en 2020): figura a nombre de Jonathan y su esposa María Ivonne «Ivy» Senac, con Jonathan como gerente titular según las actas constitutivas.
  • SA JK S.A.S./JK Helat LTH (Mendoza, 2024): Jonathan aparece como suscriptor del capital y administrador en los registros mendocinos.
  • Log In Farma SRL: operador logístico habilitado por ANMAT cuyas actas de reuniones de socios consignan a Jonathan como gerente y lo ubican en aumentos de capital realizados entre 2020 y 2021. Esta firma representa un eslabón clave por su vinculación a los procesos de distribución de medicamentos del Estado.

Completan la estructura societaria: Unicred Securities SA, Unis Asesores de Riesgos SA, LBA Farma e Il Cavallino SRL, entre otras firmas que aparecen registradas en boletines oficiales de la IGJ y registros provinciales.

Los números que alertaron a la Justicia

Un informe comercial al que accedió esta redacción documenta un endeudamiento de Jonathan Kovalivker por 34.735.000 pesos y compromisos mensuales por 2.411.300 pesos. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el volumen de consultas a su perfil crediticio: 134 en tres meses y 384 en doce meses, indicadores que la fiscalía está cruzando con movimientos bancarios y transferencias.

Estos números, combinados con los asientos de aumento de capital registrados en la IGJ, llevaron a la investigación a solicitar órdenes judiciales para cruzar información bancaria y determinar si existieron triangulaciones de fondos.

Una telaraña de 49 conexiones

El mapa de relaciones societarias revela una estructura con 49 vínculos que incluyen sucursales, directores, socios y sociedades con diversos objetos. Esta red, certificada por actas y boletines oficiales, permitiría explicar —según la hipótesis fiscal— cómo dinero procedente de contratos públicos pudo transitar por empresas de logística, eventos y otros rubros para regresar en efectivo.

La investigación también detectó vínculos con apellidos como Viner y Gil Vázquez, además de la conexión con el hermano Emanuel, quien también fue detenido en el operativo de agosto.

El perfil social que facilitó los contactos

Jonathan Kovalivker, casado con la ex modelo y decoradora Ivy Senac, forma parte del circuito social de alto poder adquisitivo. La pareja aparece regularmente en eventos de Punta del Este y su vida entre fiestas, yates y autos de colección los ubicó en el radar mediático.

Su residencia en Nordelta los pone en contacto con apellidos resonantes del poder económico argentino como Mindlin, Constantini e Icardi. Esta pertenencia al círculo social de elite, según fuentes judiciales consultadas, habría facilitado el entrelazado entre negocios, influencias y relaciones personales que ahora debe ser probado en tribunales.

La pista internacional

Los registros también revelan vínculos con RKN GROUP LLC, una sociedad constituida en Florida y vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker, aunque figura como inactiva desde 2022 según los registros de Sunbiz. La presencia de sociedades offshore, junto a las actas de aumento de capital y la evidencia de subcontrataciones, refuerza la hipótesis fiscal sobre triangulación de fondos.

El estado de la causa

La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, con secreto de sumario. Se solicitaron pericias forenses sobre dispositivos móviles y respaldos digitales, mientras que la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante.

Las defensas plantearon nulidades por el presunto origen ilícito de los audios que dieron origen a la causa, conocida como «audios de Spagnuolo». La fiscalía, por su parte, secuestró telefonía, pasaportes y documentación contable para reconstruir la supuesta ruta del dinero.

La investigación busca determinar si los Kovalivker actuaron como recaudadores de coimas para funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, incluyendo a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem.

Puntos clave:

  • Los registros oficiales confirman a Jonathan Kovalivker como presidente de Suizo Argentina y centro de una red de 49 sociedades vinculadas
  • Su endeudamiento por $34,7 millones y 384 consultas crediticias en un año alertaron a la investigación
  • La estructura incluye empresas de logística farmacéutica, eventos y sociedades offshore en Florida
  • El perfil social de alto poder adquisitivo habría facilitado contactos para la presunta recaudación de coimas
  • La causa investiga si actuaron como intermediarios para funcionarios de la Secretaría General de Presidencia

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Tres pedidos de juicio político contra la jueza que frenó la ley penal juvenil

Las presentaciones contra Marta Pascual fueron firmadas por Manuel Passaglia, Guillermo Montenegro y Alfredo Drocchi, luego de la cautelar que suspendió por 60 días el nuevo régimen penal juvenil en la provincia.

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Jueza Marta Pascual
La disputa judicial y política que abrió la ley penal juvenil: ya hay tres pedidos de juicio político contra la jueza Pascual.

La suspensión por 60 días de la Ley Nacional 27.801 abrió un nuevo frente institucional en la provincia de Buenos Aires: tres sectores presentaron pedidos de juicio político contra la jueza que dictó la medida cautelar.

Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, frenó preventivamente la aplicación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense. Las presentaciones fueron impulsadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos, el senador Guillermo Montenegro, del PRO, y el abogado Alfredo Drocchi.

La cautelar que disparó las presentaciones

La resolución fue dictada el 7 de septiembre en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”. Pascual suspendió la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La magistrada también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. Funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén para implementar el nuevo régimen.

La norma había sido sancionada en febrero por iniciativa del Gobierno nacional y contemplaba un período de transición de 180 días para que las jurisdicciones adaptaran sus estructuras destinadas al alojamiento de adolescentes.

Los argumentos contra la jueza

Los pedidos ingresaron en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y plantearon un supuesto “mal desempeño en sus funciones”. Sus impulsores cuestionaron que una jueza de primera instancia suspendiera en toda la provincia una ley aprobada por el Congreso Nacional.

También objetaron el alcance de la cautelar y la fundamentación vinculada con las condiciones de los centros de alojamiento. La medida judicial se originó en un habeas corpus preventivo presentado para evitar que adolescentes fueran derivados a institutos que no cumplirían con estándares mínimos.

El miércoles anterior, la ONG Usina de la Justicia había denunciado penalmente a Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”. La entidad pidió además intervenir como amicus curiae en el expediente y calificó la resolución como “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”.

Según la organización, la jueza construyó su decisión sobre “una hipótesis de futuro”, al advertir sobre un posible aumento de adolescentes detenidos y problemas de alojamiento.

Otro fallo expuso la tensión entre tribunales

El contrapunto judicial apareció en el conurbano oeste. El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, encabezado por la magistrada Mirta Guarino, desestimó el alcance de la medida cautelar y ratificó la vigencia de la normativa en su jurisdicción, según informó Agencia NA.

Para ese tribunal, la falta de recursos físicos, las deficiencias edilicias o las restricciones presupuestarias no constituyen razones jurídicas para suspender una ley. La resolución sostuvo que esas falencias obligan a los poderes Ejecutivo y Judicial a garantizar su cumplimiento.

El choque entre ambas decisiones dejó expuesta una disputa que excede la situación de una sola jueza. La implementación del régimen penal juvenil quedó atravesada por diferencias sobre los límites de la Justicia, las responsabilidades del Estado y la protección de los derechos de adolescentes.

La discusión política detrás del expediente

Después de la cautelar, sectores del oficialismo nacional y dirigentes bonaerenses apuntaron contra el gobernador Axe l Kicillof. La presentación de los tres pedidos de juicio político sumó una herramienta institucional a una disputa que ya había escalado en declaraciones públicas.

El expediente combina una discusión sobre la aplicación de una ley nacional con una pulseada política por el alcance de las decisiones judiciales. Los pedidos no implican la destitución de Pascual, sino el inicio de un trámite cuya continuidad deberá ser evaluada por los órganos competentes.

Lo que tenés que saber:

  • Tres personas presentaron pedidos de juicio político contra Marta Pascual.
  • La jueza suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
  • La norma baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
  • El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez rechazó el alcance de la cautelar en su jurisdicción.
  • La ONG Usina de la Justicia denunció penalmente a Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad.
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