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Medicamento letal: 18 afectados por fentanilo de HLB Pharma, empresa con antecedentes mafiosos

La medida, que afecta al laboratorio, se tomó tras detectar un brote de neumonía grave vinculado a un lote de fentanilo contaminado con Klebsiella pneumoniae. La empresa ya había sido investigada en el escándalo de la “mafia de los medicamentos”.

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El Argentino Diario-HLB Farma.

Una intervención sanitaria con implicancias penales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la producción y comercialización de todos los productos de HLB Pharma Group S.A. y su firma asociada, Laboratorios Ramallo, tras detectar “graves y reiteradas irregularidades” en sus procesos. La disposición 3158/25, publicada en el Boletín Oficial, responde a reportes de farmacovigilancia que vinculan a un lote de fentanilo con 18 casos de neumonía por Klebsiella pneumoniae, de los cuales nueve requirieron internación en estado crítico.

La bacteria fue identificada en pacientes de La Plata y Rosario, y se sospecha que la contaminación provino de un lote de “Fentanilo HLB” producido por la firma. La Anmat anticipó que iniciará acciones penales contra los responsables de la empresa, mientras continúa la investigación para determinar la trazabilidad del medicamento y su vínculo directo con los cuadros clínicos reportados.

Empresarios con vínculos mediáticos y antecedentes oscuros

HLB Pharma Group está liderada por Ariel García Furfaro y Jorge Salinas. García Furfaro es accionista de la señal de noticias IP y participó en la distribución de la vacuna Sputnik durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la trayectoria del grupo no está exenta de controversias: años atrás, fue investigado en el marco del escándalo conocido como la “mafia de los medicamentos”, una red de corrupción vinculada al PAMI que incluía la venta de fármacos a afiliados fallecidos y sobreprecios en licitaciones.

La disposición de la Anmat señala que la empresa incumplió reiteradamente los plazos administrativos y no presentó la documentación requerida, lo que agravó su situación frente al organismo regulador. La planta principal de HLB Pharma se encuentra en San Isidro, mientras que Laboratorios Ramallo opera en la ciudad homónima, ambas en la provincia de Buenos Aires.

Un sistema de control bajo presión

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema de control sanitario argentino. La falta de respuesta de la empresa a los requerimientos de la Anmat y la gravedad del brote infeccioso plantean interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y la responsabilidad del Estado en la prevención de este tipo de incidentes.

Además, el caso resuena con fuerza en un contexto donde la salud pública enfrenta múltiples desafíos, y donde los antecedentes de corrupción en el sector farmacéutico, como los vinculados al PAMI, siguen siendo una herida abierta en la memoria colectiva.

Puntos clave:

  • La Anmat prohibió la producción y comercialización de todos los productos de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo por irregularidades graves.
  • Un lote de fentanilo contaminado con Klebsiella pneumoniae habría causado neumonía en 18 pacientes, nueve de ellos en estado crítico.
  • La empresa ya había sido investigada en el escándalo de la “mafia de los medicamentos” por corrupción en el PAMI.
  • La Anmat iniciará acciones penales contra los responsables de la firma.
  • El caso evidencia fallas en los mecanismos de control sanitario y la necesidad de una supervisión más rigurosa en el sector farmacéutico.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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