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El bono jubilatorio: dos años congelado, cada vez más chico y con fecha de vencimiento

Lo que en marzo de 2024 era un refuerzo de $70.000, hoy equivale a menos de la mitad de su valor real. El Gobierno no solo no lo actualizó: ahora lo achica según el haber de cada jubilado y el Presupuesto 2026 no prevé ningún aumento. Tres millones de personas en el piso del sistema previsional lo sienten en el bolsillo.

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★ Hay una fecha que vale la pena recordar: marzo de 2024. Fue entonces cuando la gestión de Javier Milei subió el bono extraordinario para jubilados y pensionados de $55.000 a $70.000, y ahí lo dejó. Dos años después, ese refuerzo sigue siendo de $70.000, sin un solo peso de actualización, mientras la inflación acumulada desde entonces superó el 100%. El resultado es aritmético y brutal: si el bono se hubiese ajustado por la inflación acumulada, actualmente debería ubicarse en $158.600, lo que implica que el refuerzo perdió más de la mitad de su poder adquisitivo en apenas dos años.

Pero el congelamiento no es la única mala noticia. Desde el 20 de marzo, el Gobierno introdujo además un nuevo esquema que reduce el bono de manera progresiva para quienes cobran más que la jubilación mínima, hasta hacerlo desaparecer por completo. El bono, ya deteriorado, ahora también se achica.

Dos años sin moverse: la historia del refuerzo

El bono previsional no nació con Milei. Durante la gestión anterior, la ANSES aplicó distintos refuerzos extraordinarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Lo que cambió con el gobierno libertario fue la lógica: en lugar de actualizar el complemento junto con los haberes, lo congelaron.

La única modificación que tuvo el bono durante la gestión de Milei fue cuando pasó de $55.000 a $70.000, hace exactamente dos años. Desde entonces, el refuerzo continuó otorgándose mes a mes mediante decretos del Poder Ejecutivo. El más reciente es el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, que formalizó el pago para marzo de este año.

Actualmente, la mitad de los 6 millones de jubilados y pensionados del sistema cobran la mínima y dependen de este subsidio. Son aproximadamente tres millones de personas para quienes el bono no es un complemento menor: representa casi el 19% de su ingreso total.

El nuevo esquema: menos para más gente

A partir del 20 de marzo, el bono deja de ser un monto fijo para quienes no cobran la mínima. El nuevo mecanismo establece que el refuerzo se reduce de manera gradual a medida que el haber mensual supera el piso del sistema. Cuando el ingreso alcanza los $439.600,88, el bono se extingue por completo.

Con el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a marzo, calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, la jubilación mínima quedó en $369.600,88. Quienes cobran ese haber, sumado el bono de $70.000, perciben un total de $439.600,88. Las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

En la práctica, esto significa que un jubilado que cobra, por ejemplo, $400.000 ya no recibe los $70.000 completos, sino apenas $39.600. Y quien llega o supera los $439.600 no recibe nada.

El Presupuesto 2026 cierra la puerta

Lo que podría haber sido una medida transitoria tiene ahora proyección de permanencia. El Presupuesto Nacional 2026 no prevé aumentos adicionales para el bono de $70.000. Los jubilados mantendrán el ajuste mensual por inflación (IPC), establecido por decreto presidencial, pero no habrá ningún incremento adicional al complemento que perciben quienes cobran la jubilación mínima, manteniéndose congelado desde marzo de 2024.

El presidente Milei señaló que las partidas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 5%, pero eso no impactará en los haberes de la clase pasiva, ya que se mantendrá el mismo ajuste de un aumento mensual de acuerdo a la inflación.

La proyección presupuestaria también da una señal sobre el peso relativo del bono en las cuentas del Estado: el gasto en este complemento pasará del 0,4% al 0,3% del PBI. Una reducción que, leída en clave política, indica que el Gobierno prevé que el bono siga perdiendo relevancia en términos reales.

Qué significa en el bolsillo

Los números oficiales para marzo de 2026 son los siguientes, según la ANSES:

  • Jubilación mínima: $369.600,88 (con bono: $439.600,88)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con bono: $365.680,70)
  • Pensiones No Contributivas por vejez o discapacidad: $258.720,62 (con bono: $328.720,62)
  • PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (con bono: $439.600,88)

Para abril, con la inflación de febrero del 2,9% ya confirmada por el INDEC, la jubilación mínima pasaría a $380.208. De mantenerse el bono de $70.000, el total llegaría a $450.208. Aunque, como ocurre cada mes, la continuidad del bono no está garantizada por ley sino que depende de un decreto mensual del Poder Ejecutivo.

Esa discrecionalidad es, en sí misma, parte del problema: un complemento que no está legislado puede desaparecer en cualquier momento sin necesidad de debate parlamentario.

Puntos clave

  • El bono jubilatorio de $70.000 lleva dos años congelado; ajustado por inflación, debería ser de $158.600.
  • Desde el 20 de marzo, el bono se reduce de forma proporcional para quienes cobran más que la mínima y desaparece al superar los $439.600,88.
  • El Presupuesto 2026 no prevé ningún aumento para el complemento durante todo el año.
  • Aproximadamente tres millones de jubilados (la mitad del sistema) dependen del haber mínimo y de este bono.
  • El bono no tiene rango de ley: se renueva mes a mes por decreto presidencial. ★

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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