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Gremiales

Diputados convocan audiencia pública por Fate este viernes

El FIT y Unión por la Patria organizaron un encuentro en la Cámara de Diputados para este viernes 13 de marzo a las 16, con presencia del SUTNA y trabajadores de otras fábricas del sector. La iniciativa respalda la propuesta votada en asamblea de ocupación temporaria de la planta por parte del Estado provincial o nacional, mientras el conflicto cumple 25 días sin resolución.

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El Argentino Diario-Sutna-Sindicato del neumático.

★ Diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de Unión por la Patria convocaron para este viernes 13 de marzo de 2026 a las 16 a una audiencia pública en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en respaldo a los más de 900 trabajadores de Fate que llevan 25 días sin certezas tras el cierre definitivo de la planta de Virreyes, en San Fernando, anunciado el 18 de febrero sin previo aviso.

Del encuentro participará Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de Fate y de otras fábricas del sector del neumático, según informó un comunicado de los organizadores. Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, impulsores de la iniciativa, expresaron su «apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo» y anticiparon su respaldo a la propuesta votada en asamblea de trabajadores de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

La audiencia que el Gobierno no convocó

La iniciativa parlamentaria de la oposición surge en el vacío que dejó el Poder Ejecutivo nacional. En 25 días de conflicto, el Gobierno de Javier Milei no convocó ninguna instancia de diálogo amplio sobre el cierre de Fate. Lo que hizo fue convocar dos audiencias en la Secretaría de Trabajo que terminaron sin acuerdo, extender en tres oportunidades la conciliación obligatoria y, este martes 10 de marzo, multar a la empresa por no pagar los salarios de la segunda quincena de febrero, según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano.

Mientras tanto, el propio presidente Milei eligió el escenario de la Argentina Week en Nueva York para calificar a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, de «empresario prebendario» y defender la apertura importadora que precipitó el cierre, admitiendo que los sectores que no se reconviertan «van a ir a pérdida» y «desaparecen», sin anunciar ninguna medida concreta de asistencia para los trabajadores afectados.

La propuesta de ocupación estatal que toma estado parlamentario

La audiencia del viernes le da estado parlamentario nacional a una propuesta que ya circulaba en dos carriles simultáneos. Por un lado, los propios trabajadores la votaron en asamblea, según informa el comunicado de los organizadores. Por otro, el SUTNA venía impulsando en paralelo un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de «utilidad pública» la producción de la planta y que el gobierno provincial se haga cargo temporalmente, según informó el Ministerio de Capital Humano en su comunicado del 10 de marzo.

La confluencia de ambas vías, la provincial y la nacional, instala la discusión sobre la intervención estatal en Fate en un terreno político más amplio y con mayor visibilidad institucional. La audiencia en el Congreso no tiene poder vinculante, pero genera un registro público del conflicto y obliga a los bloques parlamentarios a tomar posición sobre una crisis que el Gobierno prefirió manejar en el silencio de las conciliaciones administrativas.

25 días, una fábrica cerrada y ninguna solución

El cronograma del conflicto acumula una serie de hechos sin resolución que la audiencia del viernes busca volver a poner en primer plano. El 18 de febrero, los trabajadores llegaron al turno de la madrugada y encontraron un cartel que les informaba el cierre. Desde el primer día denunciaron represión con balas de goma por parte de la Policía bonaerense, según confirmó el delegado gremial Sebastián Tesoro en declaraciones citadas por Ambito. El SUTNA calificó el cierre de «totalmente ilegal» por violar una cláusula vigente que prohibía despidos hasta el 30 de junio de 2026, según su secretario general Crespo, citado por Infobae.

El 26 de febrero, los trabajadores cortaron la Autopista Panamericana a la altura de San Fernando, con presencia de Gendarmería Nacional, para hacerse escuchar el mismo día en que el Senado debatía la reforma laboral. El 23 de febrero y en una segunda instancia posterior, las audiencias en la Secretaría de Trabajo terminaron sin acuerdo. La próxima reunión formal estaba fijada para el 4 de marzo, con resultado aún no confirmado públicamente al cierre de esta nota.

Todo ese recorrido se produce en el marco de un proceso de desindustrialización que la Unión Industrial Argentina (UIA) documentó con precisión: 65.000 empleos industriales perdidos en dos años, con corte a noviembre de 2025, un número que no incluye los 920 despidos de Fate ni los 400 de ARSA, cuya quiebra fue decretada también en febrero de 2026 por el Juzgado Comercial N° 29.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lo definió el 2 de marzo como «un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional» donde «las empresas caen como moscas en todos los rincones del país.» El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió este miércoles que «sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina.»

La audiencia del viernes en el Congreso no resolverá el conflicto. Pero sí pondrá en un mismo espacio a los trabajadores, al sindicato y a los legisladores que consideran que 25 días de silencio oficial no son una política industrial, sino su ausencia.

Puntos clave

  • Diputados del FIT y Unión por la Patria convocaron para el viernes 13 de marzo a las 16 a una audiencia pública en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados, con participación del SUTNA y trabajadores de Fate y otras fábricas del sector, según comunicado de los organizadores.
  • Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola expresaron respaldo a la propuesta votada en asamblea de trabajadores de ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.
  • El Ministerio de Capital Humano mulató a Fate el 10 de marzo por no pagar sueldos durante la conciliación obligatoria y extendió el plazo por cinco días más, según comunicado oficial.
  • El conflicto acumula 25 días desde el cierre del 18 de febrero; los 920 trabajadores despedidos no cobraron la segunda quincena de febrero y el cierre definitivo sigue firme, según fuentes de la empresa citadas por la Agencia NA.
  • La UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025); los despidos de Fate (920) y ARSA (400), ambos de febrero de 2026, no están incluidos en ese registro. ★

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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