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Diputados convocan audiencia pública por Fate este viernes

El FIT y Unión por la Patria organizaron un encuentro en la Cámara de Diputados para este viernes 13 de marzo a las 16, con presencia del SUTNA y trabajadores de otras fábricas del sector. La iniciativa respalda la propuesta votada en asamblea de ocupación temporaria de la planta por parte del Estado provincial o nacional, mientras el conflicto cumple 25 días sin resolución.

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El Argentino Diario-Sutna-Sindicato del neumático.

★ Diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de Unión por la Patria convocaron para este viernes 13 de marzo de 2026 a las 16 a una audiencia pública en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en respaldo a los más de 900 trabajadores de Fate que llevan 25 días sin certezas tras el cierre definitivo de la planta de Virreyes, en San Fernando, anunciado el 18 de febrero sin previo aviso.

Del encuentro participará Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), junto a una delegación de dirigentes seccionales, delegados y obreros de Fate y de otras fábricas del sector del neumático, según informó un comunicado de los organizadores. Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola, impulsores de la iniciativa, expresaron su «apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo» y anticiparon su respaldo a la propuesta votada en asamblea de trabajadores de plantear la ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.

La audiencia que el Gobierno no convocó

La iniciativa parlamentaria de la oposición surge en el vacío que dejó el Poder Ejecutivo nacional. En 25 días de conflicto, el Gobierno de Javier Milei no convocó ninguna instancia de diálogo amplio sobre el cierre de Fate. Lo que hizo fue convocar dos audiencias en la Secretaría de Trabajo que terminaron sin acuerdo, extender en tres oportunidades la conciliación obligatoria y, este martes 10 de marzo, multar a la empresa por no pagar los salarios de la segunda quincena de febrero, según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano.

Mientras tanto, el propio presidente Milei eligió el escenario de la Argentina Week en Nueva York para calificar a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, de «empresario prebendario» y defender la apertura importadora que precipitó el cierre, admitiendo que los sectores que no se reconviertan «van a ir a pérdida» y «desaparecen», sin anunciar ninguna medida concreta de asistencia para los trabajadores afectados.

La propuesta de ocupación estatal que toma estado parlamentario

La audiencia del viernes le da estado parlamentario nacional a una propuesta que ya circulaba en dos carriles simultáneos. Por un lado, los propios trabajadores la votaron en asamblea, según informa el comunicado de los organizadores. Por otro, el SUTNA venía impulsando en paralelo un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de «utilidad pública» la producción de la planta y que el gobierno provincial se haga cargo temporalmente, según informó el Ministerio de Capital Humano en su comunicado del 10 de marzo.

La confluencia de ambas vías, la provincial y la nacional, instala la discusión sobre la intervención estatal en Fate en un terreno político más amplio y con mayor visibilidad institucional. La audiencia en el Congreso no tiene poder vinculante, pero genera un registro público del conflicto y obliga a los bloques parlamentarios a tomar posición sobre una crisis que el Gobierno prefirió manejar en el silencio de las conciliaciones administrativas.

25 días, una fábrica cerrada y ninguna solución

El cronograma del conflicto acumula una serie de hechos sin resolución que la audiencia del viernes busca volver a poner en primer plano. El 18 de febrero, los trabajadores llegaron al turno de la madrugada y encontraron un cartel que les informaba el cierre. Desde el primer día denunciaron represión con balas de goma por parte de la Policía bonaerense, según confirmó el delegado gremial Sebastián Tesoro en declaraciones citadas por Ambito. El SUTNA calificó el cierre de «totalmente ilegal» por violar una cláusula vigente que prohibía despidos hasta el 30 de junio de 2026, según su secretario general Crespo, citado por Infobae.

El 26 de febrero, los trabajadores cortaron la Autopista Panamericana a la altura de San Fernando, con presencia de Gendarmería Nacional, para hacerse escuchar el mismo día en que el Senado debatía la reforma laboral. El 23 de febrero y en una segunda instancia posterior, las audiencias en la Secretaría de Trabajo terminaron sin acuerdo. La próxima reunión formal estaba fijada para el 4 de marzo, con resultado aún no confirmado públicamente al cierre de esta nota.

Todo ese recorrido se produce en el marco de un proceso de desindustrialización que la Unión Industrial Argentina (UIA) documentó con precisión: 65.000 empleos industriales perdidos en dos años, con corte a noviembre de 2025, un número que no incluye los 920 despidos de Fate ni los 400 de ARSA, cuya quiebra fue decretada también en febrero de 2026 por el Juzgado Comercial N° 29.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lo definió el 2 de marzo como «un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional» donde «las empresas caen como moscas en todos los rincones del país.» El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió este miércoles que «sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina.»

La audiencia del viernes en el Congreso no resolverá el conflicto. Pero sí pondrá en un mismo espacio a los trabajadores, al sindicato y a los legisladores que consideran que 25 días de silencio oficial no son una política industrial, sino su ausencia.

Puntos clave

  • Diputados del FIT y Unión por la Patria convocaron para el viernes 13 de marzo a las 16 a una audiencia pública en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados, con participación del SUTNA y trabajadores de Fate y otras fábricas del sector, según comunicado de los organizadores.
  • Los referentes del FIT Romina Del Plá y Néstor Pitrola expresaron respaldo a la propuesta votada en asamblea de trabajadores de ocupación temporánea de la planta por parte del Estado provincial o nacional.
  • El Ministerio de Capital Humano mulató a Fate el 10 de marzo por no pagar sueldos durante la conciliación obligatoria y extendió el plazo por cinco días más, según comunicado oficial.
  • El conflicto acumula 25 días desde el cierre del 18 de febrero; los 920 trabajadores despedidos no cobraron la segunda quincena de febrero y el cierre definitivo sigue firme, según fuentes de la empresa citadas por la Agencia NA.
  • La UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025); los despidos de Fate (920) y ARSA (400), ambos de febrero de 2026, no están incluidos en ese registro. ★

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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