DDHH
Censura en la exESMA: Milei sacó la imagen de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla
Patovicas amenazaron a los
trabajadores del predio, mientras el gobierno busca frenar el recital de Milo J.
La Secretaría de Derechos Humanos retiró la gigantografía del expresidente en un acto de censura. Patovicas amenazaron a los trabajadores del predio, mientras el gobierno busca frenar el recital de Milo J.
Un símbolo de la memoria, censurado por el gobierno de Milei
En un nuevo ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia, funcionarios del gobierno nacional ordenaron retirar de la exESMA la gigantografía que inmortalizaba el momento en que Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.
La medida, ejecutada por la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Alberto Baños, fue denunciada como un acto de censura a horas del recital de Milo J, el joven artista comprometido con la defensa de los DDHH.
Las amenazas contra trabajadores
El episodio no solo incluyó la eliminación de un símbolo clave de la reconstrucción de la memoria, sino también amenazas y hostigamiento a los trabajadores del predio.
Testigos registraron cómo una decena de patovicas custodiaban la escena y amedrentaban al personal, advirtiendo que, si no quitaban la imagen, ellos mismos la destruirían.
Un ataque con un trasfondo político claro
El recital de Milo J en la exESMA, donde presentará su nuevo trabajo 166, habría sido el detonante para que el gobierno de Javier Milei avanzara con esta medida.
Desde el espacio Liberpueblo señalaron que el objetivo era que la imagen de Kirchner no fuera vista por los miles de jóvenes que asistirán al show.
Esta no es la primera vez que Milei y su gabinete atacan los espacios de memoria. Su gobierno ha impulsado un ajuste sobre los organismos de derechos humanos, desfinanciando programas y deslegitimando los juicios de lesa humanidad.
Denuncia de ATE Capital
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció el hecho y advirtió que la memoria de un pueblo “no se borra ni se perdona” con este tipo de acciones.

También apuntó contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien acusó de intentar “proscribir, despedir, ocultar y desaparecer”.
Por su parte, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, responsabilizó directamente a Alberto Baños por esta decisión y recordó que “la historia no se borra”. Además, destacó que las políticas impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner fueron clave para que hoy más de 1.200 genocidas estén condenados.
Hostigamiento y amenazas contra los trabajadores
El retiro de la gigantografía no fue solo un acto simbólico. Según denuncias, patovicas enviados por la Secretaría de Seguridad amenazaron a los trabajadores del predio con despedirlos si se oponían a la orden.
Desde los espacios de memoria señalaron que este hecho forma parte del vaciamiento sistemático que Milei ejecuta sobre la exESMA, desfinanciando su mantenimiento y buscando deslegitimar su rol como sitio de memoria.
La situación se torna aún más grave en un contexto donde el gobierno nacional niega los crímenes de la dictadura y funcionarios cercanos al presidente reivindican públicamente a los represores, incluso la propia vicepresidenta.
Un ataque que busca borrar la historia
El retiro de la imagen de Kirchner no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de negacionismo y persecución a los organismos de derechos humanos.
A pesar de estos ataques, las organizaciones y trabajadores de la exESMA insisten en que la memoria sigue viva en la sociedad. Como advirtió Pietragalla, por más esfuerzos que haga el gobierno de Milei, “la historia no se borra”.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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