Judiciales ⚖️

Burlando: “Queremos que el juicio a Darthés se lleve adelante, pero que se haga bien”

Ayer el Tribunal Superior de Brasil determinó que la causa por estupro agravado que tiene como imputado a Juan Darthés «vuelva a foja cero»

Publicado hace

4 años

09.02.2022

marina caivano

El abogado que representa al actor Juan Darthés en la Argentina, Fernando Burlando, dijo esta mañana que junto a su cliente buscan que el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin «se lleve adelante, pero que se haga bien» tras la decisión del Tribunal Superior de Brasil que determinó que la causa por estupro agravado «vuelva a foja cero».

Ayer, el Tribunal decidió que no era de jurisdicción federal el proceso que tiene como imputado por «estupro agravado» a Darthés por el abuso a Fardin, quien denunció haber sido violada durante una gira teatral en Nicaragua en 2009 cuando tenía 16 años.

Al respecto, el letrado indicó que :»esto fue un pedido de la defensa de Juan que se hizo antes de arrancar el juicio, se lo puso en conocimiento al juez (Pablo Ali Mazloum) que esto podía ocurrir, pero a veces los jueces cuando tiene algún tipo de intencionalidad se atropellan y arrancan sin saber que perjudican a todas las partes. Esto no es una investigación, es un juicio».

En diálogo con Radio La Red, Burlando explicó que Darthés «está a derecho» y dijo que con su cliente evaluó que no fuera juzgado en Nicaragua por considerar que «es un país donde hay una dictadura». El abogado del actor añadió que :»te diría que es un país de juguete, es una broma, sobre todo las decisiones de las autoridades, como se manejan, realmente gozan de muchísimo irresponsabilidad».

Burlando sostuvo que como Darthés «estuvo a derecho desde el primer día se sabia que no iba a ser juzgado en Nicaragua, por lo que no corrió riesgo de ser privado de su libertad». Luego afirmó que :»pero nosotros queremos que el juicio se lleve adelante, queremos que se haga el juicio, pero que se haga bien, no podemos permitir que un juez incompetente lleve adelante el juicio, el que debe intervenir y participar es el juez competente», afirmó.

Sobre la reacción del actor a la decisión del Tribunal brasileño, el abogado aseguró que «esto hay que analizarlo desde el sentido común, él esta con angustia, está enojado, y creo que seguramente esto enoje a todas las partes».

«Juan por motivo de esta causa se tuvo que ir del país porque el residía en la Argentina. Lo que nosotros vimos en este juicio, es que más que un juicio a Darthés hay un juzgamiento a las actitudes del patriarcado durante toda una vida, vemos un juzgamiento a esa situación», afirmó el letrado.

Burlando cuestionó que los testigos «no fueron presenciales de ningún tipo de situación» y aseguró que Darthés tenía previsto aportar pruebas en el juicio. Al ser consultado por la salida del actor y cantante del país, Burlando aclaró que: «yo le aconsejé que no vuelva, yo le aconseje irse de la Argentina y después que no vuelva dada las circunstancias».

«La idea de que Juan siendo de nacionalidad brasileña sea juzgado en su país fue un consejo de abogado, porque seguramente iba a ser la mejor manera de transitar un juicio de esta naturaleza y bajo estas situaciones», precisó.

Relacionado

Te puede interesar

Copa de la LPF: River armó un «dream team» y Boca trajo refuerzos de calidad

No te Pierdas Esto

Ensenada: una mujer atacó a su pareja porque abusaba de su hija

Seguir leyendo

El Argentino

Click para comentar

Deja un comentarioCancelar respuesta

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

Publicado hace

4 horas

14.05.2026

ElArgentino.ar

¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.