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La Corte rechazó una demanda de la comunidad toba contra una planta de uranio en Formosa

La Corte Suprema desestimó un reclamo de la comunidad Nam Qom contra el Estado Nacional, la provincia de Formosa y la empresa Dioxitek S.A., al considerar que no se probó un daño “actual o inminente” sobre sus derechos colectivos. El fallo se enmarca en la política federal nuclear y en la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

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El Argentino Diario-Corte Suprema de Justicia de la Nación.

⬛ La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda presentada por la comunidad toba Nam Qom, que había reclamado ser consultada antes de la instalación de una planta de dióxido de uranio en las afueras de la capital de Formosa. El tribunal sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio directo o inminente sobre la vida, las creencias o las tierras de la comunidad indígena, y que por lo tanto no correspondía aplicar el derecho a la consulta previa previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No se probó un daño concreto”

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti afirmaron que “no se ha demostrado la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora”. Además, remarcaron que los representantes del grupo “ni siquiera describieron el daño concreto temido que la diferencie del resto de la población circundante de la provincia”.

El reclamo se centraba en el derecho a la consulta previa, libre e informada frente al proyecto de la empresa estatal Dioxitek S.A., que construye una nueva planta para la producción de dióxido de uranio. La comunidad solicitaba también una medida cautelar para suspender los trabajos hasta que se cumpliera con ese proceso.

Argumentos del tribunal

Según el fallo, el Convenio 169 de la OIT no impone un derecho de consulta ante cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar de manera indirecta a los pueblos originarios, sino únicamente en los casos en que las decisiones sean capaces de “menoscabar o perjudicar derechamente” sus derechos.

La Corte señaló que las tierras donde se construye la “Planta Dióxido de Uranio NPU” eran originalmente privadas y fueron adquiridas por la provincia de Formosa mediante expropiación, con declaración de utilidad pública y la realización previa de audiencias públicas.

El emprendimiento se ubica dentro del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, sobre la ruta provincial 81, a unos 16 kilómetros de la capital provincial y a 4 kilómetros del barrio donde habita la comunidad demandante.

Política federal y alcance de la planta

El tribunal recordó que la actividad de Dioxitek S.A. integra una política federal en materia nuclear y se encuentra bajo las competencias del Estado Nacional, conforme a la ley 24.804. La sentencia indicó que con la puesta en marcha de la nueva planta “se producirá dióxido de uranio con calidad nuclear para abastecer a las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse”.

En definitiva, la Corte Suprema concluyó que no se configura un caso que requiera la aplicación del procedimiento de consulta previsto en el Convenio 169 y que no existe una lesión actual o inminente al derecho invocado por la comunidad toba de Nam Qom.

Puntos clave

  • La Corte Suprema rechazó la demanda de la comunidad toba Nam Qom.
  • Consideró que no se probó un daño actual ni inminente.
  • El tribunal interpretó de forma restrictiva el alcance del Convenio 169 de la OIT.
  • La planta de Dioxitek se construye en tierras expropiadas por la provincia y con audiencias públicas previas.
  • El proyecto forma parte de la política nuclear nacional y abastecerá a Atucha I, Atucha II y Embalse.

Femicidio

Santa Fe: un policía mató a su expareja, también policía, y se quitó la vida

El hecho ocurrió en el barrio Alfonso de la capital provincial. La víctima, Romina Benítez, tenía 27 años y un hijo de nueve con el agresor. La principal hipótesis es que él usó el arma reglamentaria de ella.

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Un patrullero de la Policía de Santa Fe y una camioneta frente a una cinta de seguridad en una calle

Un efectivo de la Policía de Santa Fe mató a tiros a su expareja, también policía, y después se suicidó. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 8.30 en una vivienda de la calle Corrientes, en el barrio Alfonso de la capital provincial, según informaron fuentes judiciales.

La víctima fue identificada como Romina Benítez, de 27 años, y el agresor, como Marcelo Romero, de 28. Ambos prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la policía provincial. La causa quedó a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

Cómo fue el hecho

Según las primeras reconstrucciones, la pareja se había separado meses atrás y tenía un hijo de nueve años. Benítez llevó al niño a la escuela y, al volver a su casa, fue sorprendida por Romero, que la esperaba. Tras una discusión, él le disparó y después se quitó la vida. El niño fue retirado del colegio por su abuelo, mientras se activaban los protocolos de asistencia y contención para la familia.

El arma y la investigación

La fiscal explicó que Romero estaba con licencia médica por un accidente laboral y no tenía asignada su arma reglamentaria. La principal hipótesis es que usó la pistola de la víctima, que sí estaba en actividad. Es la única evidencia secuestrada en la escena.

Se revisaron los antecedentes judiciales de ambos para determinar si había denuncias previas o intervenciones por violencia de género, y hasta el momento no se hallaron registros vinculados a la pareja. Trabajaron peritos del Gabinete Criminalístico de la PDI y personal de la Brigada de Femicidios. Se hacen peritajes para descartar o confirmar la participación de terceros, aunque los indicios apuntan a la intervención exclusiva de las dos personas fallecidas.

Con este caso, la ciudad de Santa Fe registró su segundo femicidio en una semana, un dato que volvió a poner en foco la violencia de género en la provincia.

Lo que tenés que saber

  • Un policía santafesino mató a su expareja, también policía, y se suicidó el viernes en el barrio Alfonso de la capital provincial.
  • La víctima era Romina Benítez, de 27 años; el agresor, Marcelo Romero, de 28.
  • Tenían un hijo de nueve años y estaban separados desde hacía meses.
  • La hipótesis principal es que Romero usó el arma reglamentaria de la víctima.
  • No se hallaron denuncias previas por violencia de género entre ambos.
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