⬛ La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda presentada por la comunidad toba Nam Qom, que había reclamado ser consultada antes de la instalación de una planta de dióxido de uranio en las afueras de la capital de Formosa. El tribunal sostuvo que no se acreditó la existencia de un perjuicio directo o inminente sobre la vida, las creencias o las tierras de la comunidad indígena, y que por lo tanto no correspondía aplicar el derecho a la consulta previa previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No se probó un daño concreto”

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti afirmaron que “no se ha demostrado la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora”. Además, remarcaron que los representantes del grupo “ni siquiera describieron el daño concreto temido que la diferencie del resto de la población circundante de la provincia”.

El reclamo se centraba en el derecho a la consulta previa, libre e informada frente al proyecto de la empresa estatal Dioxitek S.A., que construye una nueva planta para la producción de dióxido de uranio. La comunidad solicitaba también una medida cautelar para suspender los trabajos hasta que se cumpliera con ese proceso.

Argumentos del tribunal

Según el fallo, el Convenio 169 de la OIT no impone un derecho de consulta ante cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar de manera indirecta a los pueblos originarios, sino únicamente en los casos en que las decisiones sean capaces de “menoscabar o perjudicar derechamente” sus derechos.

La Corte señaló que las tierras donde se construye la “Planta Dióxido de Uranio NPU” eran originalmente privadas y fueron adquiridas por la provincia de Formosa mediante expropiación, con declaración de utilidad pública y la realización previa de audiencias públicas.

El emprendimiento se ubica dentro del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, sobre la ruta provincial 81, a unos 16 kilómetros de la capital provincial y a 4 kilómetros del barrio donde habita la comunidad demandante.

Política federal y alcance de la planta

El tribunal recordó que la actividad de Dioxitek S.A. integra una política federal en materia nuclear y se encuentra bajo las competencias del Estado Nacional, conforme a la ley 24.804. La sentencia indicó que con la puesta en marcha de la nueva planta “se producirá dióxido de uranio con calidad nuclear para abastecer a las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse”.

En definitiva, la Corte Suprema concluyó que no se configura un caso que requiera la aplicación del procedimiento de consulta previsto en el Convenio 169 y que no existe una lesión actual o inminente al derecho invocado por la comunidad toba de Nam Qom.

Puntos clave

• La Corte Suprema rechazó la demanda de la comunidad toba Nam Qom.
• Consideró que no se probó un daño actual ni inminente.
• El tribunal interpretó de forma restrictiva el alcance del Convenio 169 de la OIT.
• La planta de Dioxitek se construye en tierras expropiadas por la provincia y con audiencias públicas previas.
• El proyecto forma parte de la política nuclear nacional y abastecerá a Atucha I, Atucha II y Embalse.