Denuncia
Denuncian a Galperin por usura: Mercado Pago cobra intereses de hasta 1.375% anual
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el CEO de Mercado Libre por prácticas usureras. La billetera virtual cobra un costo financiero total que supera trece veces lo que permite cualquier banco, aprovechándose de trabajadores excluidos del sistema financiero tradicional.
El dirigente del Partido Obrero y ex legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Gabriel Solano, presentó una denuncia penal en la justicia contra Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, la empresa dueña de la billetera virtual Mercado Pago, por el presunto delito de usura. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 53, y la fiscalía interviniente será la N° 60, a cargo de la fiscal Claudia Katoc, quien deberá investigar y aportar pruebas para evaluar la existencia o no del delito.
Según detalló Solano, Mercado Pago cobra un costo financiero total efectivo anual de hasta el 1.375%, mientras que abona por los depósitos que recibe apenas el 17,5%. En contraste, el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%. Para el dirigente, esa brecha no responde a ninguna lógica de mercado sino a un aprovechamiento sistemático de la vulnerabilidad financiera de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario tradicional.
El encuadre penal: artículo 175 bis y penas de hasta seis años
La presentación judicial encuadra las prácticas de Galperín en el artículo 175 bis del Código Penal argentino, que tipifica el delito de usura dentro de los delitos contra la propiedad. La norma establece que incurre en ese delito «el que, aprovechándose de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación». Las penas van de uno a tres años de prisión y multa, pero el propio artículo eleva el máximo a seis años cuando «el culpable fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual», circunstancia que, según Solano, describe con precisión el modelo de negocio de Mercado Pago.
«No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa«, sostuvo Solano. El dirigente destacó además que los datos del propio Banco Central revelan que la morosidad en las billeteras virtuales es muy superior a la de los bancos, mientras millones de personas migran hacia esas plataformas precisamente porque quedaron fuera del sistema financiero convencional.
En Brasil cobra 21 veces menos: el argumento comparado
Uno de los elementos más contundentes de la denuncia es la comparación regional. La misma empresa que en Argentina cobra tasas de hasta el 1.300%, opera en Brasil bajo un tope máximo del 63,13% anual, es decir, 21 veces menos. Para Solano, ese dato desmonta el argumento de que las tasas responden a condiciones inevitables del mercado crediticio local: «Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada.»
El contraste también expone la complicidad por omisión del Estado argentino. Mientras en Brasil Mercado Pago opera bajo supervisión regulatoria estricta del Banco Central local, en Argentina el gobierno de Javier Milei elude cualquier definición apelando al argumento de que se trata de acuerdos entre privados. Solano cuestionó ese razonamiento: la usura está tipificada en el Código Penal precisamente porque es una estafa sostenida en una relación asimétrica de poder económico y de educación financiera, donde una de las partes no tiene capacidad real de negociar las condiciones del contrato.
Un negocio sobre el endeudamiento masivo
La denuncia también pone en el centro el carácter estructural y sistemático del negocio. «La particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente», señaló Solano. La medición del riesgo crediticio que realiza la empresa se traduce en tasas que llegan a más del 1.300% de costo financiero total anual, diferencial que Solano califica como «la diferencia entre tasa pasiva y activa más grande de la historia».
El dirigente remarcó que la ausencia de regulación específica para billeteras virtuales no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal. «Reclamamos que la Justicia investigue porque detrás de estas tasas existe un aprovechamiento sistemático de la necesidad, ligereza o inexperiencia de los usuarios», concluyó. Y añadió: «La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores.»
Puntos clave
- Gabriel Solano (FIT-U) denunció penalmente a Marcos Galperín por el presunto delito de usura bajo el artículo 175 bis del Código Penal.
- Mercado Pago cobra un costo financiero total efectivo anual de hasta el 1.375%, frente al 17,5% que paga por los depósitos que recibe.
- La misma empresa opera en Brasil con un tope del 63,13% anual, 21 veces menos que en Argentina.
- La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 53; intervendrá la fiscalía N° 60 a cargo de la fiscal Claudia Katoc.
- Las penas previstas por el delito de usura van de uno a seis años de prisión cuando el infractor actúa como prestamista habitual.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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