Denuncia
Denuncian a Galperin por usura: Mercado Pago cobra intereses de hasta 1.375% anual
El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el CEO de Mercado Libre por prácticas usureras. La billetera virtual cobra un costo financiero total que supera trece veces lo que permite cualquier banco, aprovechándose de trabajadores excluidos del sistema financiero tradicional.
El dirigente del Partido Obrero y ex legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Gabriel Solano, presentó una denuncia penal en la justicia contra Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre y su billetera virtual Mercado Pago, por el presunto delito de usura. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 53, a cargo del juez Francisco Carlos Aponte, y la fiscalía interviniente será la N° 60, a cargo de la fiscal Claudia Katoc, quien deberá investigar y aportar pruebas para evaluar la existencia o no del delito.
Según detalló Solano, Mercado Pago cobra un costo financiero total efectivo anual de hasta el 1.375%, mientras que abona por los depósitos que recibe apenas el 17,5%. En contraste, el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%. Para el dirigente, esa brecha no responde a ninguna lógica de mercado sino a un aprovechamiento sistemático de la vulnerabilidad financiera de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario tradicional.
El encuadre penal: artículo 175 bis y penas de hasta seis años
La presentación judicial encuadra las prácticas de Galperín en el artículo 175 bis del Código Penal argentino, que tipifica el delito de usura dentro de los delitos contra la propiedad. La norma establece que incurre en ese delito «el que, aprovechándose de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación». Las penas van de uno a tres años de prisión y multa, pero el propio artículo eleva el máximo a seis años cuando «el culpable fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual», circunstancia que, según Solano, describe con precisión el modelo de negocio de Mercado Pago.
«No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa«, sostuvo Solano. El dirigente destacó además que los datos del propio Banco Central revelan que la morosidad en las billeteras virtuales es muy superior a la de los bancos, mientras millones de personas migran hacia esas plataformas precisamente porque quedaron fuera del sistema financiero convencional.
En Brasil cobra 21 veces menos: el argumento comparado
Uno de los elementos más contundentes de la denuncia es la comparación regional. La misma empresa que en Argentina cobra tasas de hasta el 1.300%, opera en Brasil bajo un tope máximo del 63,13% anual, es decir, 21 veces menos. Para Solano, ese dato desmonta el argumento de que las tasas responden a condiciones inevitables del mercado crediticio local: «Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada.»
El contraste también expone la complicidad por omisión del Estado argentino. Mientras en Brasil Mercado Pago opera bajo supervisión regulatoria estricta del Banco Central local, en Argentina el gobierno de Javier Milei elude cualquier definición apelando al argumento de que se trata de acuerdos entre privados. Solano cuestionó ese razonamiento: la usura está tipificada en el Código Penal precisamente porque es una estafa sostenida en una relación asimétrica de poder económico y de educación financiera, donde una de las partes no tiene capacidad real de negociar las condiciones del contrato.
Un negocio sobre el endeudamiento masivo
La denuncia también pone en el centro el carácter estructural y sistemático del negocio. «La particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente», señaló Solano. La medición del riesgo crediticio que realiza la empresa se traduce en tasas que llegan a más del 1.300% de costo financiero total anual, diferencial que Solano califica como «la diferencia entre tasa pasiva y activa más grande de la historia».
El dirigente remarcó que la ausencia de regulación específica para billeteras virtuales no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal. «Reclamamos que la Justicia investigue porque detrás de estas tasas existe un aprovechamiento sistemático de la necesidad, ligereza o inexperiencia de los usuarios», concluyó. Y añadió: «La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores.»
Puntos clave
- Gabriel Solano (FIT-U) denunció penalmente a Marcos Galperín por el presunto delito de usura bajo el artículo 175 bis del Código Penal.
- Mercado Pago cobra un costo financiero total efectivo anual de hasta el 1.375%, frente al 17,5% que paga por los depósitos que recibe.
- La misma empresa opera en Brasil con un tope del 63,13% anual, 21 veces menos que en Argentina.
- La causa recayó en el Juzgado N° 53 del juez Aponte; intervendrá la fiscalía N° 60 a cargo de la fiscal Claudia Katoc.
- Las penas previstas por el delito de usura van de uno a seis años de prisión cuando el infractor actúa como prestamista habitual.
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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