Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
Comunidad 👥
Pueblos Originarios rechazan el “Día de la Raza” de Milei y van a la casa de Cristina
Organizaciones indígenas convocan a una concentración este lunes frente al edificio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La movida choca con la Ley 27.399, que desde 2017 establece legalmente la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
El gobierno de Javier Milei restableció el nombre «Día de la Raza» para el feriado del 12 de octubre, dejando sin efecto en sus comunicaciones institucionales la denominación «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» que había instaurado un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La medida reactiva un debate político y legal de fondo: el cambio por decreto colisiona con la Ley Nacional 27.399, votada por el Congreso en 2017, que consagra la denominación inclusiva con rango de ley y no puede ser modificada por el Ejecutivo de manera unilateral.
La respuesta de los pueblos originarios no tardó en llegar. Este lunes, distintas organizaciones indígenas convocaron a una concentración a partir de las 15 horas frente al edificio ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La elección del lugar no es casual: las organizaciones convocantes reivindican el decreto que Fernández de Kirchner firmó en 2010 durante su primera presidencia como el acto fundacional del cambio de paradigma que el gobierno libertario ahora intenta desandar.
Un decreto que choca con una ley
El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto la restitución del «Día de la Raza», retomando la narrativa que enmarca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un «proceso de intercambio profundo entre Europa y América». Esa visión, que durante décadas fue cuestionada por historiadores, activistas y organizaciones de derechos humanos como un relato funcional al colonialismo, vuelve así al calendario oficial del Estado argentino.
El problema central es que el decreto presidencial no puede, por sí solo, derogar una ley del Congreso. La Ley 27.399, sancionada en 2017 con respaldo parlamentario, establece en su texto que el 12 de octubre es el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural». Modificar esa denominación requiere que el Congreso sancione una nueva norma. Mientras eso no ocurra, el cambio impulsado por el gobierno convive con una contradicción jurídica: el Estado nacional celebrará institucionalmente una fecha con un nombre distinto al que le asigna la ley vigente.
La jornada en San José 1111
La concentración de este lunes en la puerta de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner reunirá una serie de actividades culturales y políticas. El programa incluye la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a la ex presidenta, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo. El acto tiene una doble dimensión: la reivindicación identitaria de los pueblos indígenas y el posicionamiento explícito contra la política cultural del gobierno de Milei.
«Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado», expresaron las organizaciones convocantes. Y agregaron: «Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘NO’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios».
La «batalla cultural» libertaria en perspectiva
La restitución del «Día de la Raza» no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de decisiones del gobierno de Milei que apuntan a desmantelar denominaciones y políticas asociadas a los gobiernos kirchneristas y a una perspectiva de derechos que el oficialismo rechaza de manera sistemática. El mismo patrón se observó en la restitución del «Día del Niño» en reemplazo del «Día de las Infancias», también por decreto, también revirtiendo un cambio de denominación que buscaba visibilizar diversidades.
En ambos casos, la operación política tiene una doble función: enviar una señal ideológica a la base electoral libertaria y erosionar el legado simbólico del kirchnerismo. Pero también en ambos casos, el instrumento elegido por el Ejecutivo, el decreto presidencial, tiene un límite concreto cuando enfrenta normas con jerarquía legal superior. El gobierno puede cambiar el rótulo institucional de la fecha, pero no puede borrar lo que dice la ley mientras el Congreso no la modifique.
Lo que tenés que saber:
- Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron para este lunes, desde las 15 hs., a una concentración en San José 1111 (CABA), en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» por parte del gobierno de Milei.
- El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto el cambio de denominación del feriado del 12 de octubre, retomando la figura del «Día de la Raza» que la gestión Kirchner había dejado sin efecto en 2010.
- La Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, establece al 12 de octubre como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» y tiene rango superior al decreto presidencial.
- El programa del acto incluye mural en vivo, ceremonia ancestral, danza folclórica paraguaya y música en vivo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.
- La medida se suma al patrón de reversiones simbólicas del gobierno de Milei, que también restableció el «Día del Niño» en lugar del «Día de las Infancias».
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