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DDHH

Se reinició el juicio de la causa «Destacamento 144»

Es en el marco del proceso judicial por delitos de lesa humanidad cometidos en ese espacio de Inteligencia ubicado en Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar.

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El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar, continuó hoy con el relato de un testigo de contexto.

La audiencia, que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1 integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, escuchó de manera virtual al abogado Ramón Torres Molina, quien fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

El testigo, ante una consulta de la fiscalía a cargo del Daniel Rodríguez Infante, dio cuenta sobre la investigación de la que participó junto a su equipo y detalló la estructura y función que cumplían las diferentes jerarquías del Ejército y el Personal Civil de Investigación (PCI).

Torres Molina, en el comienzo de su relato, dijo: «En el año 2009 el (ANM) tenía una unidad especial de investigación del terrorismo de Estado que buscaba documentación de la represión en todos los archivos que tenía acceso, además a toda la documentación del Estado Nacional, incluso a la documentación secreta de las Fuerzas Armadas (FF.AA) «.

«En esas tareas los investigadores del ANM concurrían a distintos ámbitos de las FF.AA», dijo y agregó que «en este caso del Ejército, también en particular del Archivo Histórico del Ejército, allí se analizaba el legajo del personal militar y durante esa investigación salían de forma indirecta datos de la represión».

Sobre esto último, el testigo recordó que «durante la búsqueda en esos archivos hallaron, por ejemplo, reclamos del personal por no ascensos, donde hacían relatos las personas damnificadas por esto último y las acciones fuera de la ley que habían cometido».

«En esa tarea de búsqueda se encontró una copia simple de un listado del (PCI) del Ejército», precisó y manifestó que «una vez conocido ese listado se envió a la Secretaria de Derechos Humanos y que a su vez lo tramitó al Ministerio de Defensa para la desclasificación de ese material».

El testigo recordó que «luego el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el 2010 y desclasificó toda la documentación referida al personal que integraban los servicios de la FF.AA , en el año 1975 a 1983».

La jornada de hoy, que comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta 12, fue la primera audiencia del año de este juicio que comenzó en 2019 y tiene a 20 acusados integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

En otro momento del relato, el fiscal le preguntó al testigo si el PCI realizó algún rol de investigación. «Las funciones que cumplían están reglamentadas, tiene tres categorías, (A), (B) y (C) y estas corresponden a distintas funciones», señaló Torres Molina y precisó que «la A, la integraban coroneles y universitarios quienes hacían tareas generales, en tanto la categoría B, eran de maestranza y automotores, y la C señala a la parte ejecutiva de la represión».

El tribunal, en tanto, llamó a un cuarto intermedio para el próximo 18 de febrero, jornada en que continuarán con más testimonios.

Córdoba

Dos acróbatas cordobeses siguen detenidos por el ICE tras viajar a un funeral

Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron arrestados el 7 de noviembre al llegar a Phoenix para despedir a un amigo. ICE dice que su estadía autorizada venció en 2021; sus abogados sostienen que tienen pedidos de asilo y permisos de trabajo pendientes. Romanello tiene audiencia de fianza el miércoles.

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Selfie de los dos acróbatas cordobeses detenidos en Estados Unidos

Aterrizaron en Phoenix para despedir a un amigo y terminaron detenidos por el ICE en el propio aeropuerto; más de una semana después siguen bajo custodia. Los acróbatas cordobeses Gustavo Romanello (34 años) y Agustín Baccega (42), pareja y residentes en Orlando, Florida, fueron arrestados el sábado 7 de noviembre en el aeropuerto Sky Harbor, adonde viajaron para el funeral de un amigo.

Según el relato de su amigo Jonathan Batchelor, dos agentes vestidos de civil se acercaron a Baccega en el aeropuerto y, poco después, detuvieron también a Romanello. Batchelor sostuvo que ninguno de los dos tiene antecedentes penales y que desde el arresto «nadie nos ha dado una explicación».

Lo que dice ICE y lo que dicen sus abogados

ICE sostiene que ambos ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2020 y que su estadía autorizada venció en 2021. En un comunicado de su oficina de Phoenix, el organismo precisó que Romanello (que entró el 30 de octubre de 2020) podía permanecer hasta el 28 de abril de 2021, y Baccega (que entró el 8 de septiembre de 2020), hasta el 7 de marzo de 2021. Agregó que los arrestos fueron parte de una acción de control migratorio dirigida, que seguirán bajo custodia mientras se tramita su proceso de deportación y que un permiso de trabajo no otorga estatus migratorio ni impide un arresto.

Los abogados de la pareja, del estudio Ybarra Maldonado Law Group, afirman que ambos tienen solicitudes de asilo y permisos de trabajo pendientes, que avanzan con sus causas por los canales establecidos y reclamaron su liberación inmediata. Sus allegados dicen que pidieron asilo en 2021 y que desde entonces cuentan con permisos de trabajo. El comunicado de ICE no hace referencia a esos trámites.

Uno de los abogados, Samuel Sketers, los visitó en detención el 10 de noviembre y se encargará de las audiencias de revisión de custodia. Cuestionó el procedimiento: sostuvo que los casos pasaron a la justicia migratoria sin una entrevista administrativa previa y lo calificó como «una violación muy grande».

Cómo están detenidos

Romanello está alojado en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, en Arizona; Baccega, que según sus allegados fue trasladado varias veces, está en el centro federal de Eloy. Batchelor contó que, después de cuatro días, cada uno recibió una manta y una toalla, que todavía no se permitían visitas y que comunicarse resulta caro: cada mensaje de texto cuesta 35 centavos de dólar y una llamada llegó a costar hasta 55 dólares por menos de 20 minutos.

Romanello tiene audiencia de fianza el miércoles 18 de noviembre; Baccega todavía no tiene fecha.

La campaña y el contexto

Amigos y allegados iniciaron una colecta en GoFundMe para afrontar los gastos legales. Según el sitio de la campaña, ya superó los 50.000 dólares. Yasmina de Haro, amiga de los dos, difundió el caso en Instagram. Romanello y Baccega llevan más de seis años como acróbatas, entrenadores y docentes en parques temáticos y espectáculos de Orlando y Arizona, y estuvieron vinculados a Universal Orlando y al Arizona Circus Center de Tempe.

No es un caso aislado. En agosto, Iliana Lick, una niñera argentina, fue detenida en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba a ver a la Selección en el Mundial; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que había permanecido en el país más allá del plazo de su visa.

Lo que tenés que saber

  • Gustavo Romanello y Agustín Baccega fueron detenidos por el ICE el 7 de noviembre en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix.
  • ICE afirma que su estadía autorizada venció en 2021 y que un permiso de trabajo no otorga estatus migratorio.
  • Sus abogados sostienen que tienen solicitudes de asilo y permisos de trabajo pendientes.
  • Romanello tiene audiencia de fianza el miércoles 18 de noviembre; Baccega todavía no tiene fecha.
  • La colecta de sus allegados para gastos legales superó los 50.000 dólares.
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