El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar, continuó hoy con el relato de un testigo de contexto.

La audiencia, que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1 integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, escuchó de manera virtual al abogado Ramón Torres Molina, quien fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

El testigo, ante una consulta de la fiscalía a cargo del Daniel Rodríguez Infante, dio cuenta sobre la investigación de la que participó junto a su equipo y detalló la estructura y función que cumplían las diferentes jerarquías del Ejército y el Personal Civil de Investigación (PCI).

Torres Molina, en el comienzo de su relato, dijo: «En el año 2009 el (ANM) tenía una unidad especial de investigación del terrorismo de Estado que buscaba documentación de la represión en todos los archivos que tenía acceso, además a toda la documentación del Estado Nacional, incluso a la documentación secreta de las Fuerzas Armadas (FF.AA) «.

«En esas tareas los investigadores del ANM concurrían a distintos ámbitos de las FF.AA», dijo y agregó que «en este caso del Ejército, también en particular del Archivo Histórico del Ejército, allí se analizaba el legajo del personal militar y durante esa investigación salían de forma indirecta datos de la represión».

Sobre esto último, el testigo recordó que «durante la búsqueda en esos archivos hallaron, por ejemplo, reclamos del personal por no ascensos, donde hacían relatos las personas damnificadas por esto último y las acciones fuera de la ley que habían cometido».

«En esa tarea de búsqueda se encontró una copia simple de un listado del (PCI) del Ejército», precisó y manifestó que «una vez conocido ese listado se envió a la Secretaria de Derechos Humanos y que a su vez lo tramitó al Ministerio de Defensa para la desclasificación de ese material».

El testigo recordó que «luego el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el 2010 y desclasificó toda la documentación referida al personal que integraban los servicios de la FF.AA , en el año 1975 a 1983».

La jornada de hoy, que comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta 12, fue la primera audiencia del año de este juicio que comenzó en 2019 y tiene a 20 acusados integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

En otro momento del relato, el fiscal le preguntó al testigo si el PCI realizó algún rol de investigación. «Las funciones que cumplían están reglamentadas, tiene tres categorías, (A), (B) y (C) y estas corresponden a distintas funciones», señaló Torres Molina y precisó que «la A, la integraban coroneles y universitarios quienes hacían tareas generales, en tanto la categoría B, eran de maestranza y automotores, y la C señala a la parte ejecutiva de la represión».

El tribunal, en tanto, llamó a un cuarto intermedio para el próximo 18 de febrero, jornada en que continuarán con más testimonios.