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Se reinició el juicio de la causa «Destacamento 144»

Es en el marco del proceso judicial por delitos de lesa humanidad cometidos en ese espacio de Inteligencia ubicado en Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar.

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El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar, continuó hoy con el relato de un testigo de contexto.

La audiencia, que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1 integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña, escuchó de manera virtual al abogado Ramón Torres Molina, quien fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria (ANM).

El testigo, ante una consulta de la fiscalía a cargo del Daniel Rodríguez Infante, dio cuenta sobre la investigación de la que participó junto a su equipo y detalló la estructura y función que cumplían las diferentes jerarquías del Ejército y el Personal Civil de Investigación (PCI).

Torres Molina, en el comienzo de su relato, dijo: «En el año 2009 el (ANM) tenía una unidad especial de investigación del terrorismo de Estado que buscaba documentación de la represión en todos los archivos que tenía acceso, además a toda la documentación del Estado Nacional, incluso a la documentación secreta de las Fuerzas Armadas (FF.AA) «.

«En esas tareas los investigadores del ANM concurrían a distintos ámbitos de las FF.AA», dijo y agregó que «en este caso del Ejército, también en particular del Archivo Histórico del Ejército, allí se analizaba el legajo del personal militar y durante esa investigación salían de forma indirecta datos de la represión».

Sobre esto último, el testigo recordó que «durante la búsqueda en esos archivos hallaron, por ejemplo, reclamos del personal por no ascensos, donde hacían relatos las personas damnificadas por esto último y las acciones fuera de la ley que habían cometido».

«En esa tarea de búsqueda se encontró una copia simple de un listado del (PCI) del Ejército», precisó y manifestó que «una vez conocido ese listado se envió a la Secretaria de Derechos Humanos y que a su vez lo tramitó al Ministerio de Defensa para la desclasificación de ese material».

El testigo recordó que «luego el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el 2010 y desclasificó toda la documentación referida al personal que integraban los servicios de la FF.AA , en el año 1975 a 1983».

La jornada de hoy, que comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta 12, fue la primera audiencia del año de este juicio que comenzó en 2019 y tiene a 20 acusados integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

En otro momento del relato, el fiscal le preguntó al testigo si el PCI realizó algún rol de investigación. «Las funciones que cumplían están reglamentadas, tiene tres categorías, (A), (B) y (C) y estas corresponden a distintas funciones», señaló Torres Molina y precisó que «la A, la integraban coroneles y universitarios quienes hacían tareas generales, en tanto la categoría B, eran de maestranza y automotores, y la C señala a la parte ejecutiva de la represión».

El tribunal, en tanto, llamó a un cuarto intermedio para el próximo 18 de febrero, jornada en que continuarán con más testimonios.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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