Energía
Golpe al bolsillo de los sectores populares: el Gobierno liberó el precio de las garrafas
El Ejecutivo eliminó la regulación estatal sobre precios y oferta del GLP. El mercado definirá valores en un contexto de alta inflación.
El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda desregulación del mercado de gas envasado que impactará directamente en los sectores populares, principales consumidores del producto. A través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei modificó el marco normativo del gas licuado de petróleo (GLP) y renunció a su injerencia en precios, oferta y demanda, dejando esas variables al arbitrio del mercado.
Estado corrido, mercado liberado
La normativa redefine las funciones de la Secretaría de Energía, que a partir de ahora solo fiscalizará el cumplimiento de parámetros de seguridad. El nuevo esquema establece que el Estado no debe intervenir en aspectos operativos “vinculados a precios, oferta y demanda”, que “deben quedar regidos por el funcionamiento libre y competitivo del mercado”.
Este desplazamiento del Estado ocurre en un contexto de inflación acumulada y creciente deterioro del poder adquisitivo, en especial en los sectores que dependen del gas envasado para cocinar o calefaccionarse.
Justificación oficial: sobrerregulación y sobrecostos
Según los fundamentos del decreto, la normativa previa “generó sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactan negativamente en los precios al consumidor”.
El Ejecutivo también afirmó que “el sector privado es el principal interesado en expandir la producción, el fraccionamiento y la comercialización de GLP”, y que tiene “capacidad para mejorar la calidad del servicio, diversificar la oferta y optimizar la operación de la industria”.
Eliminan permisos y habilitaciones
El nuevo esquema elimina la obligación de solicitar autorización previa a la Secretaría de Energía para instalar o ampliar plantas de fraccionamiento. A partir de ahora, bastará con presentar la documentación correspondiente y, si no hay respuesta oficial en diez días hábiles, el silencio administrativo será interpretado como aprobación.
En los hechos, esto representa una vía rápida para la expansión de operadores privados sin un control previo del Estado.
Envases sin marca y contratos entre privados
Otro cambio sustancial es la flexibilización del régimen de marcas y envases. El decreto habilita a los fraccionadores a envasar GLP de cualquier proveedor y para múltiples marcas. También podrán usar envases de otras firmas mediante acuerdos bilaterales.
Se crea además un parque de envases de uso común, con el objetivo de facilitar el acceso para aquellos fraccionadores que no puedan recuperar recipientes con su marca original.
Libre importación y exportación condicionada
El nuevo régimen permite la libre importación de GLP sin autorización previa, siempre que se cumpla con la normativa vigente. Las exportaciones también estarán habilitadas, aunque supeditadas a que se garantice el abastecimiento interno.
Riesgos para el consumo popular
El gas envasado es un insumo esencial en vastas regiones del país donde no llega la red de gas natural. La decisión del Gobierno de retirarse de la regulación de este mercado expone a millones de hogares a los vaivenes de la lógica comercial, en un escenario de alta concentración y escasa competencia real.
Puntos clave:
- El Decreto 446/2025 desregula por completo el mercado de gas envasado.
- Se elimina la regulación de precios, oferta y demanda.
- Energía solo intervendrá para fiscalizar seguridad.
- Se flexibiliza el uso y circulación de envases entre privados.
- Se habilita la libre importación sin control previo del Estado.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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