Por María Aguirre

El Estado nacional dio un paso decisivo esta semana hacia el reconocimiento del Pueblo Mapuche al admitir como «espacio sagrado» el lugar donde esta comunidad desarrolla tareas medicinales y espirituales en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, luego de una disputa territorial de larga data, enmarcada en una causa judicial que mantiene bajo prisión domiciliaria a cuatro mujeres indígenas junto a sus hijos.

Así quedó plasmado en un acuerdo sellado el jueves último entre referentes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén y funcionarios del Estado nacional en una mesa de diálogo, que deliberó durante algo más de ocho horas en la sede de la ex ESMA.

Se resolvió que el Estado nacional dará «cesión de uso» a la comunidad de un espacio que consideran sagrado, donde una líder espiritual realiza tareas de sanación para todas las comunidades mapuche-tehuelches.

«El propósito fundamental de esta medida es garantizar una convivencia pacífica entre la Machi (lidereza espiritual de la comunidad) en el Rewe (espacio sagrado) y los legítimos propietarios de la zona», en Villa Mascardi, destacó la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, quien encabezó la representación gubernamental de la mesa de diálogo.

Lo resuelto por el Gobierno esta semana impacta en la situación de cuatro mujeres mapuches detenidas hace casi ocho meses, procesadas por usurpación en una causa judicial atravesada por una larga disputa territorial, que arrastra desde el 2017 el asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de agentes de Prefectura Naval.

Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumill, Romina Rosas y Betiana Colhuan (considerada «machi» o líder espiritual del Pueblo Mapuche), todas integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, fueron detenidas junto a sus hijos en octubre del año pasado en un operativo de fuerzas federales y provinciales que logró el desalojo de varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en Villa Mascardi.

Pocas semanas después de los arrestos, la jueza Silvina Domínguez dictó el procesamiento con prisión preventiva de las mujeres por las usurpaciones del ex Hotel Mascardi y la propiedad La Escondida, algo que fue apelado por los abogados, pero rechazado por la Cámara Federal de Roca.

Betiana Colhuan tiene un rol espiritual trascendental para las comunidades mapuches-tehuelches de la región patagónica, similar al que otros pueblos originarios denominan «chamán o chamana», y es considerada alguien capaz de sanar enfermedades con medicina tradicional, plantas y ceremonias y de asesorar espiritualmente al líder (lonko).

Colhuan y las otras tres mujeres cumplen prisión domiciliaria junto a sus hijos (tres de ellas en una casa comunitaria de Bariloche), lejos de su comunidad, una condición que fue reiteradamente denunciada y objetada por organismos de derechos humanos y juristas.

«La semana próxima se presentará un acuerdo conciliatorio ante la justicia, transmitiendo y mostrando lo acordado entre el Estado nacional y las comunidades mapuches a fines de que se extinga la acción penal -siempre y cuando se cumplan todas las cláusulas del acuerdo-«, expresó el jueves la Secretaría de Derechos Humanos.

Entre los puntos consensuados está la construcción de «tres rucas (casas) para la machi Colhuan: una para los pacientes y los elementos de la medicina tradicional mapuche, otra para sus colaboradores y la tercera para ser habitada por ella y su familia, con un permiso de uso del Parque Nacional Nahuel Huapi».

Con este avance de la mesa de diálogo quedó formalizado el acuerdo de palabra que ya se había alcanzado en febrero pasado y que permite allanar el camino de retorno de las mujeres a su lugar de origen y de Colhuan al «espacio de sanación».

Además, hacia el objetivo de frenar la litigiosidad en Villa Mascardi, el Estado aceptó tener una presencia activa en el lugar, con la instalación de oficinas de varios ministerios, que garanticen una «convivencia pacífica» entre la Machi y los vecinos «a quienes se les reconoce la propiedad de sus tierras y sus casas».

El resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otro terreno, «a definir en el marco de la mesa de diálogo en las próximas semanas».

«Fue una reunión muy fructífera», opinó la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky, quien resaltó que «la idea es que la semana próxima integrantes de la comunidad puedan asistir al lugar para constatar las condiciones» del lugar sagrado.

Para el CELS, se trata de «un avance a la hora de gestionar los conflictos y los reclamos» del Pueblo Mapuche y un punto de partida para que la justicia penal «se corra de la gestión del conflicto y las mujeres sean liberadas».

De hecho, el jueves pasado también la Cámara Federal de Casación Penal intervino en la disputa y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre el pedido de excarcelación de la detenida Huenumil, al hacer lugar a un reclamo de la defensa en cuanto a la falta de perspectiva de género y del abordaje de conflictos en los que intervienen personas de comunidades indígenas .

La sala segunda de la Casación, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, hizo lugar a los reclamos de la defensa y cuestionó la resolución de primera instancia por entender que no se había considerado el interés superior de las tres hijas de Huenumil, de 10 meses, 6 y 9 años, y que tampoco se había verificado el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Con acento en los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios, el tribunal advirtió que «los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros».

El grupo de mujeres está imputado -junto a otros miembros de la comunidad mapuche- por la usurpación de noviembre de 2017 de un predio de Parques Nacionales -también en Villa Mascardi-, en una causa cuyo juicio iba a iniciarse en febrero pasado, pero que fue suspendido por 90 días hábiles luego de que el juez federal Hugo Greca dispusiera ese plazo para atender los resultados de la mesa de diálogo.

Por eso, al filo de cumplirse ese compás de espera judicial, las expectativas estuvieron puestas en que la mesa de diálogo alcanzara una «solución política» que preservara los proyectos «vitales, comunitarios y espirituales» de los habitantes mapuches de Villa Mascardi.

«Apostamos a que esta metodología de trabajo sea un modelo para trabajar con muchos otros conflictos que sufren comunidades mapuche en la Patagonia, que no pueden acceder a su territorio y que se ven hostigados por actores e intereses de distinto tipo, muchas veces con la anuencia de los poderes judiciales provinciales, federales, de los Gobiernos provinciales y sin intervención del Gobierno nacional para equilibrar la situación», planteó el director del área de Justicia del CELS, Manuel Tufró.

De igual manera, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo, juzgó que «estos acuerdos son una acción profundamente democrática» y la demostración «más cabal de la voluntad del Gobierno nacional de cumplir los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional en lo que hace al reconocimiento de los derechos de las comunidades».

A la firma del acuerdo asistieron en calidad de veedores, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Mariana Katz del Serpaj, entre otros representantes de organismos de derechos humanos.