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Judiciales

Procesaron a exjuez por delitos vinculados a la aparición de 14 víctimas de los vuelos de la muerte

En el extenso fallo de 146 fojas que se dio a conocer hoy, Bava los procesó por hallarlos responsables de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de ordenar el embargo sobre sus bienes por montos que van de tres a cinco millones de pesos.

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El juez federal de Dolores Martín Bava procesó hoy al exjuez titular del Juzgado en lo Penal 2 del Departamento Judicial de esa ciudad, Carlos Facio; al médico policial Miguel Cabral, al exjefe de Catastro del municipio de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y a siete ex agentes de la Policía Bonaerense por delitos vinculados con la aparición en diciembre de 1978 en la Costa Atlántica de 14 cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico-militar.

En el extenso fallo de 146 fojas que se dio a conocer hoy, Bava los procesó por hallarlos responsables de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de ordenar el embargo sobre sus bienes por montos que van de tres a cinco millones de pesos.

Los exefectivos de la policía procesados que cumplieron funciones en la Costa entonces son: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.

En tanto, en el caso del expolicía Santiago Piñero, el juez le dictó falta de mérito.

En el texto del fallo se enmarca la aparición en la Costa Atlántica de los 14 cuerpos en diciembre de 1978 y la «omisión deliberada de investigar» y encubrimiento por parte de esos funcionarios públicos, «dentro del plan de criminalidad estatal, instituido durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) desplegada a lo largo y a lo ancho del territorio argentino».

Sobre la responsabilidad de Facio, Bava sostuvo que «como magistrado a cargo de toda la investigación tenía el mapa completo de todo lo que estaba ocurriendo».

«Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones, sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte, había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar», enumeró.

Sobre la «puesta en advertencia», el letrado hace referencia al Hábeas Corpus iniciado por las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Hebe Pavelló de Mascia y Josefina de Noia, presentado el 5 de enero de 1979 ante el entonces titular del Juzgado en lo Penal 2 de Dolores.

Al respecto, Bava agregó que «el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores».

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Argentina

Operación Vialidad: el martes habla Cristina

La Vicepresidenta ya se pronunció dos veces ante los jueces. «Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», dijo en 2019. En septiembre pasado acusó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de cometer «un claro a caso de prevaricato».

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá el próximo martes a las 9.30 la oportunidad de dirigirse por última vez al Tribunal que la juzga, junto a otros 12 imputados, por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La del martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse también ese día.

La Vicepresidenta se conectará a la audiencia de manera remota a través de la plataforma Zoom y, en ese momento, se le preguntará si desea exponer sus últimas apreciaciones ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Las últimas palabras son un derecho de los imputados en juicios orales y pueden optar por no hacer uso.

Desde que se inició el debate, hace más de tres años y medio, la expresidenta habló dos veces ante los jueces: en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, de manera previa a la pandemia de Covid 19;y luego en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente», sostuvo en su indagatoria en diciembre de 2019 y aseguró que «así llegó este Gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial», dijo en relación a la presidencia de Mauricio Macri.

«Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el Gobierno saliente»

El juicio «está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado», dijo entonces al calificar como «una vergüenza» a la acusación.

En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y presidenta del Senado habló al Tribunal de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria como parte del alegato final de su defensa y por su condición de abogada.

Fernández de Kirchner dijo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron condenarla a 12 años de prisión, cometieron «un claro a caso de prevaricato».

«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», argumentó en el alegato, en el que su defensor Carlos Beraldi reclamó la absolución.

Intento de magnicidio

La Vicepresidenta se dirigió al Tribunal luego de haber sido víctima el 1 de septiembre de un intento de homicidio cuando regresaba a su departamento del barrio porteño de Recoleta.

La noche de ese día, el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma contra Fernández de Kirchner pero la bala no salió, a poca distancia de la expresidenta y en medio de una de las manifestaciones de apoyo que se realizaban en esos días tras la acusación en su contra por parte de la fiscalía en este juicio.

Para el martes próximo se dispuso que también tengan oportunidad de expresar sus palabras finales el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obra Pública José López.

El Tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe, y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo Nelson Periotti.

En la última audiencia del viernes 25, dijeron sus últimas palabras el exministro de Planificación Julio De Vido; el dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez; el exfuncionario Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

Reclaman absolución por inexistencia de delito

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

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Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe.

Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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