Esste mediodía la Cámara de Diputados alcanzó el quórum con 135 legisladores presentes y habilitó la sesión especial convocada por la oposición para tratar dos temas de impacto directo en millones de familias argentinas: el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen sobre más de 50 proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad, y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de 2026. El número superó holgadamente el mínimo reglamentario y ratificó la presión acumulada por bloques opositores que, desde agosto, venían midiendo fuerzas con el Gobierno.

El pedido de sesión especial fue suscripto por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Encuentro Federal), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). A ellos se sumaron Provincias Unidas, con casi la totalidad de sus 18 integrantes, y legisladores vinculados a gobernadores peronistas y no peronistas, desde Misiones y Catamarca hasta Santa Fe y Córdoba. El resultado fue una amplia coalición que desbordó los límites del kirchnerismo.

El Gobierno intentó bajar la sesión y no pudo

La estrategia del oficialismo consistió en intentar torcer voluntades ofreciendo un cronograma propio de tratamiento en comisiones. Los presidentes oficialistas de las comisiones de Finanzas y Discapacidad, Santiago Pauli y Gerardo Huesen, propusieron dictaminar los proyectos de discapacidad el 23 de septiembre y los vinculados con morosidad familiar el 30 de septiembre. La oposición rechazó el cronograma y lo calificó de maniobra para dilatar el debate: el compromiso no estaba firmado ni era vinculante, y el antecedente de demoras previas pesaba en la memoria parlamentaria.

La víspera de la sesión, emisarios del Gobierno se reunieron con bloques dialoguistas para intentar sumar adhesión a su cronograma y desarmar el quórum. El resultado fue revelador: el misionero Oscar Herrera Ahuad enumeró cinco reclamos concretos del sector de discapacidad y los funcionarios enviados por el Ejecutivo no pudieron responderlos. La diputada Yolanda Vega (Argentina Federal) se retiró de la reunión molesta por la falta de respuestas. Sin margen para impedir la sesión, el Gobierno optó por una segunda línea: dar quórum y participar del debate antes que quedar afuera del control del proceso. La decisión desnudó la paradoja: el oficialismo que semanas atrás boicoteó la sesión terminó siendo parte del número que la habilitó.

20 millones de endeudados, 6 millones en mora

Los impulsores de la sesión describieron la magnitud del problema que motivó la convocatoria: más de 20 millones de personas endeudadas en el país y alrededor de seis millones en situación de mora, con dificultades concretas para cancelar sus obligaciones. Los proyectos en discusión incluyen desde la protección reforzada de las cuentas sueldo frente a embargos hasta la declaración de una emergencia crediticia para los hogares con deudas, pasando por mecanismos de regularización y reestructuración de pasivos. El objetivo de la sesión no fue votar esas iniciativas, sino obligar a las comisiones a emitir dictamen en plazos concretos.

Herrera Ahuad, cuyo proyecto toma como referencia la legislación de la provincia de Misiones, señaló que el debate reúne cerca de 40 iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y advirtió que existe un «doble discurso» en el Gobierno: mientras el ajuste aplasta los ingresos de los hogares, los mismos funcionarios que lo instrumentan exhiben gastos que no condicen con el discurso de austeridad. «Ese doble discurso hoy quedó expuesto porque vamos a tener quórum, y discutiremos el desendeudamiento de las familias argentinas», sostuvo el legislador. Antes del debate en el recinto, la Comisión de Finanzas ya había escuchado a representantes del sistema financiero: Francisco Gismondi, de ADEBA, sostuvo que los bancos resuelven refinanciaciones caso por caso sin necesidad de una ley, una posición que la oposición rechazó como insuficiente frente a la escala del problema.

La calle también habló: jubilados y familias con discapacidad en el Congreso

Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, la Plaza de los Dos Congresos concentró desde las 11 a personas endeudadas, organizaciones del sector de discapacidad y jubilados que reclamaron avances legislativos concretos. La movilización fue el correlato callejero de una disputa parlamentaria que se arrastra desde meses y que el Gobierno buscó gestionar con promesas de cronogramas que la oposición y las propias organizaciones afectadas consideraron insuficientes.

El sector de discapacidad, en particular, lleva más de un año acumulando agravios: la emergencia vigente hasta diciembre de 2026 fue resultado de una dura pulseada parlamentaria que incluyó, en septiembre de 2025, la reversión por el Senado del veto presidencial a la ley, con 63 votos a favor y solo siete en contra. La prórroga que hoy se debate en comisiones no es un trámite menor; es la garantía de que las coberturas, los prestadores y los derechos de las personas con discapacidad no queden otra vez a la intemperie legal mientras el Gobierno diseña sus propios proyectos.