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Histórico: entregan aceite de cannabis medicinal al Hospital Posadas

El acto fue encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Se trata de la primera entrega y está destinada a pacientes con epilepsia.

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, realizó hoy la primera entrega de formulaciones basadas en cannabis a pacientes con epilepsia del Hospital Posadas, en cumplimiento de la legislación vigente, según informó la cartera oficialmente.

Los frascos de 35 mililitros de solución oral que componen esta primera entrega serán distribuidos para cubrir las demandas de los próximos meses para 21 pacientes que tratan sus afecciones en el hospital, «marcando un claro avance respecto al acceso a la terapéutica con cannabinoides», detallaron desde el ministerio.

«Este es un paso más para favorecer el acceso a derechos y a una medicación de calidad para epilepsia refractaria para quien tiene cobertura pública exclusiva en Argentina», explicó Vizzotti y agregó que «con el trabajo del Ministerio de Salud y del Programa de Cannabis esta medicación se distribuye ya en cuatro provincias argentinas y en el Hospital Garrahan».

En representación de los 21 destinatarios, las autoridades hicieron entrega de la medicación a la familia de uno de los niños que recibirá el tratamiento.

Al respecto, el director ejecutivo del hospital, Adrián Tarditti, manifestó: «Tiago, de 6 años, tiene epilepsia refractaria y a través del jarabe de cannabis tiene la posibilidad de una alternativa terapéutica que lo puede beneficiar», y valoró que «a partir de la ley y del trabajo mancomunado entre todos los equipos hoy va a poder tener acceso a este tratamiento».

En ese sentido, la ministra recordó que «hace un poquito más de dos años, la reglamentación de la ley no solamente impedía el acceso, sino que perseguía a quienes tenían una necesidad realmente importante», y destacó que, a pesar de los desafíos que implicó la pandemia, la cartera que dirige logró «reglamentar nuevamente la ley, hacer un cambio de paradigma en lo que significa no perseguir, generar más datos, investigar, generar la posibilidad del auto cultivo, el Reprocann, y ampliar también el acceso a través del Remediar a los hospitales que lo necesiten».

La ministra realizó esta primera entrega en el marco de la implementación de la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.

Según lo dispuesto por esta ley y su decreto reglamentario 883/2020, el artículo 7 estipula la adquisición de medicamentos a base de cannabis elaborados en el país para acceso gratuito para pacientes con cobertura pública exclusiva por parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales.

El coordinador del programa, Marcelo Morante, destacó que «se cierra un círculo virtuoso de una necesidad y un reclamo social y de una respuesta del Estado de calidad, con médicos capacitados y con productos que cumplen con los estándares que requiere esta patología, que es la epilepsia farmacorresistente», y añadió que «es un gran paso para aportar a la calidad de vida de estas familias».

Esta iniciativa de la cartera de Salud «garantiza por primera vez el acceso en el hospital al aceite de cannabis de grado farmacéutico, purificado y altamente concentrado, para el tratamiento de pacientes con epilepsia farmacorresistente, con convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en epilepsia relacionada a Esclerosis Tuberosa», concluyeron en el comunicado.

En la entrega estuvieron presentes también el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; y Gisela Soler, a cargo de la Dirección de Medicamentos Esenciales, insumos y tecnología sanitaria.

Celebridades

Lali y artistas populares apoyaron la Marcha Federal Universitaria

Milei recortó 26.000 millones en ciencia y educación el mismo día que miles marcharon en su defensa.

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La cantante convocó a movilizarse en Instagram al replicar un posteo de la UBA que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero bloqueada por decreto del Ejecutivo. El mismo día, el Gobierno profundizó los recortes a ciencia y educación con un ajuste de 26.000 millones de pesos en el área.

La artista Lali Espósito se sumó este martes al reclamo por la universidad pública y convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tiene su epicentro en Plaza de Mayo. Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Espósito replicó una publicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que exige al Poder Ejecutivo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación y suspendida por decreto, bajo el argumento oficial de que «atenta contra el equilibrio fiscal».

«Hay millones de historias y motivos por los que hoy hay que marchar y defender nuestra universidad pública. Sobre todo hoy se marcha», publicó Espósito en su perfil de Instagram, en lo que constituyó uno de los respaldos de mayor visibilidad mediática previos a la movilización de la tarde.

El contexto: una ley aprobada que el Gobierno se niega a aplicar

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero el Ejecutivo la puso en suspenso mediante decreto, invocando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal exigido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La norma autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los cambios presupuestarios necesarios para garantizar el financiamiento de las casas de altos estudios, sin imponer un incremento de gasto que no pueda administrarse.

La posición del Gobierno libertario no es nueva. Desde diciembre de 2023, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real superior al 31,6%, según datos de organismos de seguimiento presupuestario. El patrón es consistente: el ajuste sobre la educación superior opera en paralelo con la prioridad absoluta de cumplir las metas del FMI.

Nuevo recorte en ciencia y educación, el mismo día de la marcha

Lejos de cualquier gesto de distensión, el Gobierno de Javier Milei profundizó el recorte presupuestario a ciencia y educación en la misma jornada en que miles de personas se movilizaban en su defensa. Según informó el Grupo epc a través de la Decisión Administrativa 20-2026, el Ejecutivo dispuso un ajuste de $2,5 billones sobre las partidas del Presupuesto 2026, con impacto directo sobre el sistema científico-tecnológico nacional.

El desglose revela la magnitud del desguace: el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) registra la mayor caída, con 11.808 millones de pesos menos, concentrados en equipamiento y la Biblioteca Electrónica Nacional. El CONICET pierde 2.000 millones de pesos en becas, afectando directamente a los investigadores en formación. La CONAE ve recortado su Programa 16 de Ciclos de Información Completos; la CNEA sufre reducciones en equipamiento; y ANLIS, la Agencia IDI y el Programa Antártico también registran mermas que, según el Grupo epc, responden a un proceso de «limado en pequeñas cuotas».

«El total para la función (sin contar la parte de CNEA que no pertenece a ella) es significativo: 26.000 millones. Junto con eso destaca algo que parece una provocación: hay un ajuste del MECON a Universidades Nacionales en planta para infraestructuras del conocimiento», remarcó el Grupo epc en su informe publicado en Radio Gráfica.

Una voz cultural en una disputa política

El respaldo de Lali Espósito a la marcha universitaria no es un episodio aislado en su trayectoria pública. La cantante ha mantenido una posición crítica frente a la gestión libertaria desde antes de las elecciones de 2023, lo que le valió respuestas directas del propio Javier Milei. Su convocatoria de este martes amplifica el alcance del reclamo hacia sectores de la población, especialmente jóvenes, que no necesariamente siguen la agenda política institucional pero sí la cultural.

La cuarta Marcha Federal Universitaria concentra el reclamo de rectores, docentes, estudiantes, nodocentes y organizaciones sociales que exigen al Gobierno el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso. El ajuste que financia el pago de la deuda con el FMI, señalan las voces críticas, se descarga sobre la educación pública, la ciencia y los sectores más vulnerables de la sociedad.

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