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En la Argentina, más de 800 mil personas al año enferman por consumir bebidas con azúcar

Por primera vez un estudio cuantificó el impacto que tiene en la salud y en la economía el consumo de gaseosas, jugos, energizantes y bebidas saborizadas en el país que es responsable de 1,2 millones de casos de sobrepeso y obesidad.

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Por primera vez un estudio cuantificó el impacto que tiene en la salud y en la economía el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, jugos, energizantes y bebidas saborizadas en Argentina que es responsable de 1,2 millones de casos de sobrepeso y obesidad.

Los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año que contribuyen con la epidemia de sobrepeso y obesidad, y anualmente provoca más de 800 mil casos de diabetes, enfermedades cardíacas, accidentes cerebro vasculares, asma y cáncer según una investigación liderada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), presentada este jueves.

De la presentación participaron Andrés Pichón-Riviere, doctor en Medicina, magister en Ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, director ejecutivo del IECS, institución académica vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y uno de los investigadores principales del estudio y Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF y la licenciada Luciana Castronuovo, directora de Políticas de Alimentación Saludable de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

Además, Sebastián Laspiur, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y María Graciela Abriata, directora nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud.

Debido al consumo de bebidas azucaradas, en nuestro país mueren cada año 4.400 personas, de manera que se pierden 110.000 años de vida saludable por muerte prematura y discapacidad (AVAC), cifras que podrían ser evitables

“El estudio es un llamado de atención para los países y refuerza la necesidad de implementar mecanismos que disuadan del consumo de estas bebidas, incluyendo una mayor carga impositiva, el etiquetado nutricional frontal, la modificación del entorno escolar y la prohibición de la publicidad”, afirmó Pichón-Riviere.

Según la investigación, presentada de forma virtual, se le puede atribuir al consumo de ese tipo de bebidas 54.000 casos al año de enfermedades cardíacas, 29.000 accidentes cerebrovasculares, 34.000 problemas osteomusculares, 21.000 lesiones renales, 16.000 casos de asma y 9.000 de cáncer y otras patologías.

«Debido al consumo de bebidas azucaradas, en nuestro país mueren cada año 4.400 personas, de manera que se pierden 110.000 años de vida saludable por muerte prematura y discapacidad (AVAC), cifras que podrían ser evitables», indicó el estudio.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema de salud gasta $ 55.800 millones de pesos cada año para la atención de las enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas, lo que representa el 2,8% de lo que Argentina gasta en salud.

De ese total, 53.000 millones se destinan a tratar la diabetes, la enfermedad cardiovascular y renal, los trastornos musculoesqueléticos, el cáncer y otras patologías asociadas al consumo de bebidas azucaradas, y 2.800 millones al sobrepeso y la obesidad en niñez, adolescencia y adultez para ambos sexos.

De acuerdo a la 4ta. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2018, que cita el trabajo, los adultos en Argentina consumen en promedio 85 litros de bebidas azucaradas por año.

En nuestro país, «el 66% de los adultos y el 33 % de los niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad». «El consumo de bebidas azucaradas constituye una fuente importante de calorías sin aportar otros nutrientes más que el azúcar que contienen», señaló el análisis.

Dicha ingesta produce en Argentina 514.000 casos de sobrepeso y obesidad en adultos y 774.000 en niñas, niños y adolescentes, etapa de la vida donde se fijan las preferencias alertó el estudio, también realizado en Brasil, El Salvador y Trinidad y Tobago, naciones en las que trabajaron investigadores y decisores sanitarios de universidades, centros de investigación e instituciones públicas.

En los cuatro países se dimensionó la carga de enfermedad atribuible a las bebidas azucaradas y se determinó que el 27% de los casos de obesidad en la infancia son atribuibles a su consumo.

«Quienes son obesos en la niñez tienen un riesgo aumentado de serlo en edad adulta, así como de tener asma, y de sufrir discriminación y acoso escolar y familiar», concluyó el análisis.

Andrea Alcaraz, cardióloga y máster en Efectividad Clínica y coordinadora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el IECS, explicó que “una gaseosa regular (no light) de 600ml, por ejemplo, tiene unas 13 cucharaditas de azúcar”. Asimismo, este tipo de bebidas es responsable anualmente de 357.000 casos de diabetes en hombres y 282.000 en mujeres.

Causa el 23% de todos los casos de diabetes -639.000 pacientes al año- así como otras enfermedades, muchas de ellas severas como enfermedad cardíaca, cerebrovascular y cáncer, las cuales sufren 163.000 personas en ese período.

Sebastián Laspiur, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo que “es llamativo que hasta ahora no tuviéramos mucha información sobre productos que sabemos que son perjudiciales para la salud”.

Añadió que “este estudio trae luz y es difícil postergar decisiones con estos datos. No más del 10% de la energía diaria consumida debe provenir de azúcares, y las bebidas azucaradas producen un desequilibrio alto de las dietas, por lo que deben ser pasibles de regulación», como es el caso del aumento de impuestos a estos productos.

Por su parte, María Graciela Abriata, directora nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades no Transmisibles del Ministerio de Salud, destacó que los “resultados son sumamente importantes para aquellos que tenemos que tomar decisiones”.

Y agregó que “el sobrepeso y obesidad también aumenta durante el primer ciclo escolar, y en eso también influyen las bebidas que se ofrecen en esos ámbitos escolares. Tenemos que empezar a cambiar poco a poco los hábitos e implementar políticas desde el Estado”.

Sobre el proyecto de etiquetado que plantea identificar los envases de aquellos productos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías y obtuvo media sanción en el Senado, Abriata dijo que “lo primero que surge es la industria imponiendo ante la salud pública el miedo o el riesgo de que se puedan perder puestos de trabajo”.

En su intervención, Fernando Zingman, especialista en salud de Unicef, remarcó que “una mirada cuantitativa, con datos numéricos concretos, es indispensable, pero también sería necesario que le llegue a la población: que cuando vuelvan las clases, los padres entiendan que un juguito y un alfajor en la mochila no está tan bueno”.

Defensa

El Gobierno avanza en la disolución del IOSFA y la puesta a punto de la OSFA

Tras la publicación del decreto 88/2026, el Ministerio de Defensa ultima los detalles burocráticos para que la Obra Social de las Fuerzas Armadas obtenga personería jurídica propia y comience a funcionar de manera autónoma. El IOSFA subsiste en forma residual hasta que la nueva estructura esté operativa, con plazo límite en febrero de 2027.

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Más de 500.000 beneficiarios en suspenso: así avanza (y se traba) la reforma de la obra social de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno nacional avanza en la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente independiente con personería jurídica propia. Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa, la administración de Javier Milei ultimas los detalles burocráticos necesarios para que la nueva obra social pueda funcionar de manera autónoma, incluyendo la incorporación del equipamiento y los recursos indispensables para desvincularla de la vieja estructura que llegó a aglutinar a más de 500.000 usuarios.

El proceso tiene base legal en el decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial el 5 de febrero de este año, que establece como fecha límite el 4 de febrero de 2027 para concretar la división definitiva de prestaciones entre las fuerzas. El esquema implica la separación de dos estructuras diferenciadas: la que corresponde a las fuerzas de seguridad ya está operativa, mientras que la que depende de la cartera de Defensa todavía termina de organizarse.

Dos velocidades para dos obras sociales

La escisión generó un ritmo desigual entre las dos nuevas entidades. La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG), que cubre a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, ya funciona y presta servicios a 197.000 afiliados a través de la prepaga Medicus. La OSFA, en cambio, que abarca al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, aún no completó su puesta en marcha como ente autónomo.

En el ínterin, el llamado «IOSFA residual» garantiza las prestaciones básicas que no pueden interrumpirse por razones de urgencia: medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Desde el ministerio que conduce Carlos Presti, quien figura además como usuario activo de la obra social, prometieron que la transición se concretará «en los próximos días».

OSFA mantendrá las prestaciones y la red de hospitales propios que posee en el país, con eje en el área del AMBA. El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, titular de la nueva entidad, trabaja en planes para modernizar su gestión: entre las iniciativas anunciadas figura el desarrollo de una aplicación con token para optimizar el control de prestaciones. «Estamos haciendo todo en tiempo récord», celebraron desde la obra social.

La deuda heredada: 241.000 millones que nadie quiere cargar

Uno de los nudos más complejos del proceso de disolución es la deuda acumulada por el IOSFA, que alcanzó los 241.000 millones de pesos. En el oficialismo atribuyen ese pasivo a dos factores: un período de precios pisados durante la gestión de Alberto Fernández y una serie de irregularidades en el esquema de aportes solidarios y cargas patronales. «Hay aportes y contribuciones irregulares desde su fundación. El cálculo estuvo mal hecho», sintetizaron fuentes de la obra social.

A mediados de abril, las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de regularización de la porción que les corresponde, unos 81.000 millones de pesos. Sin embargo, los 160.000 millones restantes, correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, permanecen sin resolución: ese sector todavía no definió la mecánica para cancelar lo adeudado. Desde el oficialismo aclararon que, llegado el caso, el Tesoro Nacional se hará cargo de las sumas que resten para cubrir lo adeudado con el propio Estado.

La situación no es menor en un contexto en que el diagnóstico de la propia administración libertaria apunta a irregularidades estructurales en la conformación del IOSFA desde su fundación. La promesa de «eficientizar» la estructura contrasta con una herencia que incluye un pasivo millonario, una transición que lleva meses y una deuda cuya fracción más grande, la que corresponde a Seguridad, no tiene todavía mecanismo de cancelación definido.

Una comisión supervisora y plazos que se acortan

Para ordenar el proceso, funciona una comisión asesora de supervisión que avanza en concretar la disolución de la vieja estructura. La integran los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con el plazo del decreto 88/2026 como horizonte, los meses que restan para completar la transición se acortan, y la promesa de «los próximos días» para la habilitación de OSFA deberá materializarse antes de que el calendario institucional ponga al Gobierno en una situación de incumplimiento de su propia normativa.

Puntos clave

  • El decreto 88/2026 establece el 4 de febrero de 2027 como plazo límite para la disolución definitiva del IOSFA.
  • La OSFFESEG ya funciona con 197.000 afiliados a través de Medicus; la OSFA aún no está operativa de manera autónoma.
  • La deuda acumulada del IOSFA asciende a 241.000 millones de pesos; solo 81.000 millones tienen proceso de regularización iniciado.
  • Una comisión con representantes de cuatro ministerios y la SIGEN supervisa la transición.
  • El Tesoro Nacional garantizaría la cobertura de las deudas que resten sin cancelar al momento de la disolución.
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