El Gobierno nacional avanza en la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente independiente con personería jurídica propia. Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa, la administración de Javier Milei ultimas los detalles burocráticos necesarios para que la nueva obra social pueda funcionar de manera autónoma, incluyendo la incorporación del equipamiento y los recursos indispensables para desvincularla de la vieja estructura que llegó a aglutinar a más de 500.000 usuarios.

El proceso tiene base legal en el decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial el 5 de febrero de este año, que establece como fecha límite el 4 de febrero de 2027 para concretar la división definitiva de prestaciones entre las fuerzas. El esquema implica la separación de dos estructuras diferenciadas: la que corresponde a las fuerzas de seguridad ya está operativa, mientras que la que depende de la cartera de Defensa todavía termina de organizarse.

Dos velocidades para dos obras sociales

La escisión generó un ritmo desigual entre las dos nuevas entidades. La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG), que cubre a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, ya funciona y presta servicios a 197.000 afiliados a través de la prepaga Medicus. La OSFA, en cambio, que abarca al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, aún no completó su puesta en marcha como ente autónomo.

En el ínterin, el llamado «IOSFA residual» garantiza las prestaciones básicas que no pueden interrumpirse por razones de urgencia: medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Desde el ministerio que conduce Carlos Presti, quien figura además como usuario activo de la obra social, prometieron que la transición se concretará «en los próximos días».

OSFA mantendrá las prestaciones y la red de hospitales propios que posee en el país, con eje en el área del AMBA. El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, titular de la nueva entidad, trabaja en planes para modernizar su gestión: entre las iniciativas anunciadas figura el desarrollo de una aplicación con token para optimizar el control de prestaciones. «Estamos haciendo todo en tiempo récord», celebraron desde la obra social.

La deuda heredada: 241.000 millones que nadie quiere cargar

Uno de los nudos más complejos del proceso de disolución es la deuda acumulada por el IOSFA, que alcanzó los 241.000 millones de pesos. En el oficialismo atribuyen ese pasivo a dos factores: un período de precios pisados durante la gestión de Alberto Fernández y una serie de irregularidades en el esquema de aportes solidarios y cargas patronales. «Hay aportes y contribuciones irregulares desde su fundación. El cálculo estuvo mal hecho», sintetizaron fuentes de la obra social.

A mediados de abril, las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de regularización de la porción que les corresponde, unos 81.000 millones de pesos. Sin embargo, los 160.000 millones restantes, correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, permanecen sin resolución: ese sector todavía no definió la mecánica para cancelar lo adeudado. Desde el oficialismo aclararon que, llegado el caso, el Tesoro Nacional se hará cargo de las sumas que resten para cubrir lo adeudado con el propio Estado.

La situación no es menor en un contexto en que el diagnóstico de la propia administración libertaria apunta a irregularidades estructurales en la conformación del IOSFA desde su fundación. La promesa de «eficientizar» la estructura contrasta con una herencia que incluye un pasivo millonario, una transición que lleva meses y una deuda cuya fracción más grande, la que corresponde a Seguridad, no tiene todavía mecanismo de cancelación definido.

Una comisión supervisora y plazos que se acortan

Para ordenar el proceso, funciona una comisión asesora de supervisión que avanza en concretar la disolución de la vieja estructura. La integran los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con el plazo del decreto 88/2026 como horizonte, los meses que restan para completar la transición se acortan, y la promesa de «los próximos días» para la habilitación de OSFA deberá materializarse antes de que el calendario institucional ponga al Gobierno en una situación de incumplimiento de su propia normativa.

Puntos clave

• El decreto 88/2026 establece el 4 de febrero de 2027 como plazo límite para la disolución definitiva del IOSFA.
• La OSFFESEG ya funciona con 197.000 afiliados a través de Medicus; la OSFA aún no está operativa de manera autónoma.
• La deuda acumulada del IOSFA asciende a 241.000 millones de pesos; solo 81.000 millones tienen proceso de regularización iniciado.
• Una comisión con representantes de cuatro ministerios y la SIGEN supervisa la transición.
• El Tesoro Nacional garantizaría la cobertura de las deudas que resten sin cancelar al momento de la disolución.