Defensa
El Gobierno avanza en la disolución del IOSFA y la puesta a punto de la OSFA
Tras la publicación del decreto 88/2026, el Ministerio de Defensa ultima los detalles burocráticos para que la Obra Social de las Fuerzas Armadas obtenga personería jurídica propia y comience a funcionar de manera autónoma. El IOSFA subsiste en forma residual hasta que la nueva estructura esté operativa, con plazo límite en febrero de 2027.
El Gobierno nacional avanza en la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y en la consolidación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente independiente con personería jurídica propia. Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa, la administración de Javier Milei ultimas los detalles burocráticos necesarios para que la nueva obra social pueda funcionar de manera autónoma, incluyendo la incorporación del equipamiento y los recursos indispensables para desvincularla de la vieja estructura que llegó a aglutinar a más de 500.000 usuarios.
El proceso tiene base legal en el decreto 88/2026, publicado en el Boletín Oficial el 5 de febrero de este año, que establece como fecha límite el 4 de febrero de 2027 para concretar la división definitiva de prestaciones entre las fuerzas. El esquema implica la separación de dos estructuras diferenciadas: la que corresponde a las fuerzas de seguridad ya está operativa, mientras que la que depende de la cartera de Defensa todavía termina de organizarse.
Dos velocidades para dos obras sociales
La escisión generó un ritmo desigual entre las dos nuevas entidades. La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG), que cubre a la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, ya funciona y presta servicios a 197.000 afiliados a través de la prepaga Medicus. La OSFA, en cambio, que abarca al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, aún no completó su puesta en marcha como ente autónomo.
En el ínterin, el llamado «IOSFA residual» garantiza las prestaciones básicas que no pueden interrumpirse por razones de urgencia: medicamentos oncológicos, derivaciones y tratamientos de alta complejidad. Desde el ministerio que conduce Carlos Presti, quien figura además como usuario activo de la obra social, prometieron que la transición se concretará «en los próximos días».
OSFA mantendrá las prestaciones y la red de hospitales propios que posee en el país, con eje en el área del AMBA. El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, titular de la nueva entidad, trabaja en planes para modernizar su gestión: entre las iniciativas anunciadas figura el desarrollo de una aplicación con token para optimizar el control de prestaciones. «Estamos haciendo todo en tiempo récord», celebraron desde la obra social.
La deuda heredada: 241.000 millones que nadie quiere cargar
Uno de los nudos más complejos del proceso de disolución es la deuda acumulada por el IOSFA, que alcanzó los 241.000 millones de pesos. En el oficialismo atribuyen ese pasivo a dos factores: un período de precios pisados durante la gestión de Alberto Fernández y una serie de irregularidades en el esquema de aportes solidarios y cargas patronales. «Hay aportes y contribuciones irregulares desde su fundación. El cálculo estuvo mal hecho», sintetizaron fuentes de la obra social.
A mediados de abril, las Fuerzas Armadas iniciaron un proceso de regularización de la porción que les corresponde, unos 81.000 millones de pesos. Sin embargo, los 160.000 millones restantes, correspondientes a las Fuerzas de Seguridad, permanecen sin resolución: ese sector todavía no definió la mecánica para cancelar lo adeudado. Desde el oficialismo aclararon que, llegado el caso, el Tesoro Nacional se hará cargo de las sumas que resten para cubrir lo adeudado con el propio Estado.
La situación no es menor en un contexto en que el diagnóstico de la propia administración libertaria apunta a irregularidades estructurales en la conformación del IOSFA desde su fundación. La promesa de «eficientizar» la estructura contrasta con una herencia que incluye un pasivo millonario, una transición que lleva meses y una deuda cuya fracción más grande, la que corresponde a Seguridad, no tiene todavía mecanismo de cancelación definido.
Una comisión supervisora y plazos que se acortan
Para ordenar el proceso, funciona una comisión asesora de supervisión que avanza en concretar la disolución de la vieja estructura. La integran los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, junto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con el plazo del decreto 88/2026 como horizonte, los meses que restan para completar la transición se acortan, y la promesa de «los próximos días» para la habilitación de OSFA deberá materializarse antes de que el calendario institucional ponga al Gobierno en una situación de incumplimiento de su propia normativa.
Puntos clave
- El decreto 88/2026 establece el 4 de febrero de 2027 como plazo límite para la disolución definitiva del IOSFA.
- La OSFFESEG ya funciona con 197.000 afiliados a través de Medicus; la OSFA aún no está operativa de manera autónoma.
- La deuda acumulada del IOSFA asciende a 241.000 millones de pesos; solo 81.000 millones tienen proceso de regularización iniciado.
- Una comisión con representantes de cuatro ministerios y la SIGEN supervisa la transición.
- El Tesoro Nacional garantizaría la cobertura de las deudas que resten sin cancelar al momento de la disolución.
Defensa
Presti y la retórica de la soberanía: la Base Naval en Ushuaia costará US$450 millones
El ministro de Defensa, Carlos Presti, anunció que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero con una inversión de 450 millones de dólares en cuatro años. El gobierno libertario, que critica «décadas de retórica» sobre el Atlántico Sur, apuesta a blindados Stryker de origen estadounidense y helicópteros Black Hawk como señales de presencia soberana; pero la pregunta que no responde es de dónde vendrán los fondos en un país bajo ajuste y metas del FMI.
Cuatrocientos cincuenta millones de dólares, cuatro años de obra y un muelle de 580 metros en forma de L. Esas son las cifras que el gobierno de Javier Milei pone sobre la mesa para la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya construcción, según confirmó el ministro de Defensa Carlos Presti, comenzará en enero de 2027. El anuncio llega envuelto en una retórica de «hechos, no palabras» que, sin embargo, no aclara de dónde saldrá el dinero en un contexto de recorte del gasto público y de compromisos fiscales con el Fondo Monetario Internacional.
Presti realizó las declaraciones durante una entrevista con Radio Rivadavia. El ministro explicó que el Gobierno ya asignó recursos iniciales para los primeros trabajos y que el proyecto de Presupuesto 2027 contemplará nuevas partidas para continuar la obra, que se proyecta completa en un plazo de cuatro años.
«Literalmente no hay nada»: la retórica del borrón y cuenta nueva
El funcionario visitó recientemente el predio destinado a la base en Ushuaia y fue tajante respecto al estado que encontró: «Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso», sostuvo, en referencia al avance registrado bajo las administraciones previas. El argumento le sirve al gobierno libertario para contraponerse a lo que califica como «mucha retórica, muchas palabras» de las últimas cuatro décadas sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Lo que Presti omite en ese ejercicio de memoria selectiva es que el propio gobierno de Milei lleva casi tres años de gestión y recién anuncia que las obras comenzarán en enero, sin que hasta el momento se haya colocado un solo ladrillo bajo su mandato en ese predio.
La infraestructura prometida: muelle, obradores y base antártica
El proyecto incluye un muelle en forma de L de 580 metros, instalaciones destinadas a servicios marítimos y generales, edificios, obradores y caminos de acceso. «La base nos va a permitir tener una presencia concreta en el Atlántico Sur y la Armada va a poder contar con capacidades de control», aseguró Presti.
Paralelamente, el plan oficial contempla trabajos en la base antártica Petrel, entre ellos la ampliación y consolidación de la pista de aterrizaje. El ministro estimó que las condiciones climáticas permitirán trabajar allí entre diciembre y marzo, y proyectó que un avión Hércules ya podría aterrizar en la pista durante marzo del próximo año.
235 Stryker y cuatro Black Hawk: el rearme con sello estadounidense
El anuncio de la base vino acompañado de una novedad en materia de equipamiento militar. Presti confirmó que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina 235 vehículos blindados Stryker, luego de una primera adquisición de ocho unidades que ya están destinadas en una brigada del Ejército en La Pampa. «Entre 50 y 60 vehículos de ese lote los van a traer antes de fin de año», anunció el ministro, señalando que esa cantidad permitiría equipar hasta dos brigadas.
También confirmó la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk, desmintiendo las versiones que situaban el costo en 140 millones de dólares. «No se van a pagar 140 millones por cuatro helicópteros. El dato concreto son 38 millones», afirmó. Según detalló, la operación incluye los cuatro helicópteros, motores, sistemas de mantenimiento y la capacitación de pilotos y mecánicos; las aeronaves estarán disponibles en diciembre y su llegada al país está prevista para el primer trimestre de 2027.
La dependencia del equipamiento militar de los Estados Unidos plantea una pregunta que el discurso de soberanía del gobierno libertario no termina de responder: ¿en qué medida la capacidad de defensa de un país depende de la voluntad política de su principal proveedor de armamento?
La pregunta del financiamiento
Los 450 millones de dólares anunciados para la base representan una cifra considerable para un gobierno que recortó el gasto primario en más del 30% desde 2023 y que tiene comprometidas metas fiscales con el FMI que condicionan cada partida presupuestaria. La administración Milei no precisó si los fondos provendrán del Presupuesto Nacional, de financiamiento externo, de créditos bilaterales o de una combinación de fuentes.
Por último, Presti negó que las adquisiciones militares estén vinculadas con una hipótesis de guerra por las Islas Malvinas. «Todo este material es parte de robustecer nuestro sistema de defensa. Es para nuestra protección y para brindar seguridad a la integridad territorial de nuestro país», expresó. La aclaración resulta llamativa precisamente porque nadie en la escena pública había formulado esa hipótesis en los días previos al anuncio.
Lo que tenés que saber
- El ministro Presti anunció que la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero de 2027, con una inversión de US$450 millones en cuatro años.
- El proyecto incluye un muelle de 580 metros en forma de L, instalaciones marítimas, obradores y trabajos en la base antártica Petrel.
- Estados Unidos puso a disposición 235 vehículos blindados Stryker; entre 50 y 60 llegarán antes de fin de 2026.
- Se confirmó la compra de cuatro helicópteros Black Hawk por 38 millones de dólares, con llegada prevista en el primer trimestre de 2027.
- El gobierno no precisó las fuentes de financiamiento de la obra en un contexto de ajuste fiscal y metas del FMI.
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