Lo que Adrián Ravier evitó decir en la conferencia de prensa de Casa Rosada, lo terminó admitiendo en una entrevista a El Diario de La Pampa: el Gobierno nacional desvió fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que tienen asignación legal específica para infraestructura vial, para sostener el equilibrio fiscal que administra el ministro Luis Caputo. La declaración constituye la confirmación oficial de lo que denuncias judiciales, investigaciones periodísticas y organismos del sector vial venían documentando desde hace meses: los argentinos pagan el combustible más caro de la región y los fondos que deberían ir a las rutas terminan en la caja del Tesoro.

La admisión que intentó esquivar en Casa Rosada

Durante la conferencia de prensa de este martes 11 de agosto, el periodista Pablo Varela consultó a Ravier sobre el destino de los fondos recaudados a través del ICL, estimados en alrededor de $1,4 billones. El vocero no respondió cuáles eran los instrumentos financieros donde estaban colocados los recursos, cuáles sus plazos ni cuándo serían destinados a las obras. En su lugar, desplegó una descripción del «cambio de paradigma» vial del Gobierno, centrada en concesiones privadas y delegación a provincias.

Horas después, en declaraciones a El Diario de La Pampa, provincia de la que es oriundo, Ravier fue más explícito, aunque sin advertir que estaba contradiciendo su propio silencio de la mañana: «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos», confesó el vocero.

La frase es contundente: una parte del dinero recaudado con asignación específica para rutas va al Ministerio de Economía. Eso no es un «cambio de paradigma»; es, en términos legales, un desvío de fondos con destino específico. La Ley 23.966 establece que el ICL debe financiar el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fondo fiduciario creado exclusivamente para la construcción y el mantenimiento de obras viales. Usar esos fondos para «lograr el equilibrio fiscal» es exactamente lo que las denuncias penales ya instaladas en la Justicia señalan como una malversación.

La coartada del «orden heredado»

Ravier intentó matizar la gravedad de la admisión con dos argumentos. El primero, la insistencia en el estado de las rutas recibidas en diciembre de 2023 y la complejidad fiscal «heredada». El segundo, una apelación a su experiencia personal: «Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor».

El argumento del uso personal de una ruta difícilmente resiste como evidencia de política pública, y el dato sobre Vialidad tampoco reconforta: el propio vocero admitió no saber cuánto del ICL llega efectivamente al organismo. «Habría que ver el número ahí», dijo, una frase que, en boca del vocero presidencial sobre un fondo de más de $1,4 billones, ilustra con precisión el nivel de opacidad con que se maneja el dinero de los contribuyentes.

Una denuncia judicial que cobra más fuerza

Este diario viene documentando el tema desde mayo de 2026. El gremio de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal contra Caputo, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger por desviar $400.000 millones del fondo vial hacia títulos del Tesoro. La institución registró una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual, lo que los propios profesionales del sector calificaron como una «quiebra técnica». Datos del SisVial revelaron que más de $1 billón de pesos recaudado en dos años y medio quedó sin ejecutar en obras viales y fue volcado a instrumentos financieros. La confesión de Ravier este martes, aunque parcial e imprecisa, le da sustento oficial a esa acusación.

También en agosto de 2026, la Justicia federal ordenó obras de emergencia en rutas de Santa Fe, el Gobierno avanzó con la delegación de tramos a las provincias y se licitaron cerca de 9.000 kilómetros de corredores viales con participación privada. Pero ninguna de esas acciones resuelve la pregunta central: qué ocurrió con los fondos específicos del ICL ya recaudados, cuánto fue a Vialidad y cuánto al Ministerio de Economía. Ravier confirmó que la división existe; se negó, sin embargo, a precisar la proporción.

Puntos clave

• Ravier confirmó que una parte del ICL la dispone el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal, en declaraciones a El Diario de La Pampa.
• El fondo SisVial acumula alrededor de $1,4 billones en recursos que no fueron ejecutados en rutas.
• El vocero admitió desconocer la proporción exacta de los fondos destinados a Vialidad frente a los retenidos por Economía.
• El Gobierno enfrenta una denuncia penal por desviar $400.000 millones del fondo vial hacia títulos del Tesoro.
• La declaración a El Diario de La Pampa contradice la evasión de Ravier durante la conferencia de prensa de Casa Rosada del mismo día.