El jueves 6 de agosto, mientras el Senado de la Nación debatía el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires desataron una feroz represión contra la movilización convocada por la CGT, ambas CTA, la UTEP y numerosas organizaciones sociales y políticas que se concentraban en los alrededores del Congreso. El operativo, que desplegó más de 820 efectivos entre Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad, utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes contra una multitud que incluía manifestantes, peatones, conductores que circulaban por la zona y trabajadores de prensa.

En ese marco, una imagen se volvió el símbolo de los cuestionamientos al operativo: un hombre vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible, disparando con un arma larga desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís. La escena, capturada por distintos fotógrafos que cubrían la jornada, generó indignación inmediata y desencadenó una investigación ciudadana que, en pocas horas, resultó en la identificación del efectivo.

Quién es Gustavo Antonio Gauna

Según información difundida por Agencia NA y ratificada por múltiples fuentes, el hombre fotografiado sería el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, integrante de la cúpula de la Policía Federal Argentina. Gauna ostenta ese rango desde marzo de 2009, según consta en el Boletín Oficial. Más significativo aún: en enero de 2025, según el Orden del Día Institucional N° 9, fue designado responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales, uno de los cargos de mayor jerarquía dentro del organigrama de la fuerza.

La identificación fue públicamente respaldada por el legislador porteño del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Luca Bonfante, quien la difundió en sus redes sociales, y por el abogado Gregorio Dalbón, quien además aportó un dato revelador: conoció a Gauna durante el juicio por el asesinato del futbolista Lucas González, acribillado por efectivos de la Policía Federal. En aquella oportunidad, Gauna había declarado contra los agentes involucrados en ese crimen. La ironía del recorrido del comisario no pasó inadvertida para ninguno de quienes siguieron el caso.

El diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón fue más lejos: publicó en su cuenta de X una fotografía que comparó la presencia de Gauna en el operativo del 6 de agosto con otra intervención de civil, con el mismo tipo de armamento, ocurrida en febrero de 2026. «Hablemos de comisario mayor Gauna. En las últimas horas se viralizó la imagen del Comisario Mayor Gustavo Antonio Gauna, armado y de civil reprimiendo al margen de la ley. Resulta que es muy parecido a este otro agente de civil, armado con el mismo calibre, pero en febrero 2026», escribió Paulón, quien además reclamó la renuncia de la ministra Monteoliva.

Una actuación ilegal por donde se la mire

La actuación de Gauna en el operativo del 6 de agosto resulta ilegal en varios planos simultáneos. Los protocolos de las fuerzas de seguridad exigen que los agentes que intervienen en operativos estén debidamente uniformados e identificados. Un efectivo de civil, sin identificación visible y armado con un arma larga en medio de una manifestación, impide que los ciudadanos puedan reconocerlo como integrante de una fuerza y controlar su accionar. Además, según detallaron distintas fuentes, los disparos se efectuaron a una altura prohibida por los propios protocolos internos de la fuerza.

La denuncia presentada por Dalbón ante el juzgado federal N° 1 de María Servini y la Fiscalía N° 2 de Carlos Rívolo apunta precisamente a esa dimensión institucional. «Esta circunstancia no puede ser analizada exclusivamente como una actuación individual del funcionario. Si un Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables», sostiene la presentación judicial. La denuncia abarca además a «todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables», ya sea como autores, coautores o partícipes.

Entre las medidas de prueba solicitadas figuran las cámaras de seguridad del Congreso, los archivos originales de fotografías y videos de medios de comunicación, y la declaración testimonial de periodistas, fotógrafos, camarógrafos, manifestantes y testigos del operativo. También se pide a la Policía Federal que informe si Gauna estaba afectado al dispositivo, cuál era su función específica, quién era su superior inmediato y bajo qué órdenes actuó.

La prensa, una vez más en la mira

La represión del 6 de agosto no discriminó entre manifestantes y trabajadores de prensa. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaron que una fotorreportera recibió un impacto en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo y sangrado en los oídos. La médica del SAME que la atendió en el lugar, Mirta Romero, describió el cuadro: «Es una paciente con traumatismo de cráneo, hay que llevarla y evaluarla, perdía sangre por el oído.» La profesional fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde quedó internada bajo evaluación médica intensiva.

El episodio evocó de manera directa lo ocurrido en marzo de 2025, cuando el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un proyectil en la cabeza durante una represión frente al mismo Congreso y quedó con secuelas permanentes. ARGRA y SiPreBA reclamaron el cese inmediato de la represión al trabajo periodístico y el otorgamiento de garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de prensa, responsabilizando directamente al Ministerio de Seguridad por el operativo.

El Congreso pide explicaciones

El diputado nacional Esteban Paulón solicitó la citación urgente de la ministra Alejandra Monteoliva ante la Cámara de Diputados para que brinde explicaciones sobre el operativo del 6 de agosto. El pedido incluye que la funcionaria informe las razones de la actuación de las fuerzas de seguridad, que explique la «represión injustificada contra los manifestantes y trabajadores de prensa», que identifique a los efectivos que realizaron «disparos directos a trabajadores, periodistas y manifestantes» y que justifique el uso de camiones hidrantes a más de 500 metros del Palacio Legislativo, durante la desconcentración de la marcha.

El balance oficial de la jornada reconoce diez detenidos: siete por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal, todos acusados de atentado y resistencia a la autoridad. Entre los heridos figuran dos gendarmes y un prefecto. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y testimonios de la jornada señalan que la cifra de afectados entre los manifestantes y la prensa fue considerablemente mayor.

El contexto: la ley que encendió la mecha

La movilización del 6 de agosto se produjo en rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado esa misma noche. El texto, que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley, introduce modificaciones profundas en el Código Civil y Comercial: agiliza los procesos de desalojo, redefine los límites para las expropiaciones estatales, flexibiliza la normativa sobre terrenos incendiados y facilita la entrega de títulos de propiedad para viviendas únicas. El artículo más polémico, el que contemplaba la extranjerización ilimitada de tierras rurales, fue retirado por el oficialismo ante la resistencia de senadores dialoguistas, pero no fue suficiente para desactivar la protesta.

Entre los presentes en la movilización se encontraba el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La convocatoria reunió a la CGT, ambas CTA y la UTEP, junto a decenas de organizaciones sociales, gremiales y políticas que rechazaron tanto el contenido de la norma como la brutalidad del operativo que acompañó su aprobación.

Puntos clave

• El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la PFA, fue señalado como el efectivo de civil que disparó con arma larga contra manifestantes el 6 de agosto frente al Congreso.
• El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra Alejandra Monteoliva y al comisario Gauna ante el juzgado federal N° 1 y la Fiscalía N° 2; pidió declaración indagatoria para ambos.
• Una fotorreportera sufrió fractura de cráneo durante el operativo; ARGRA y SiPreBA denunciaron la represión sistemática contra la prensa.
• El diputado Esteban Paulón solicitó la citación urgente de Monteoliva al Congreso para que explique el operativo y la actuación de efectivos sin identificación.
• El Senado otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada esa misma noche, en medio de la represión.