Lo que tenés que saber:

• La conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno genera dudas sobre la participación de la UTA en el paro de la CGT.
• Funcionarios afirman que el sindicato no puede alterar la paz social durante el período establecido.
• Abogados laboralistas sostienen que la conciliación solo rige para su conflicto original y no impide sumarse a una huelga general.
• La UTA consulta con su equipo legal para determinar si puede adherir a la protesta del 10 de abril.
• El derecho a huelga está protegido por la Constitución y respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿La UTA puede sumarse al paro general de la CGT?

La aplicación de la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector abrió un debate sobre la posibilidad de que el gremio se adhiera al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el próximo 10 de abril.

Según la normativa vigente, la conciliación obligatoria está contemplada en la Ley 14.786 y busca garantizar la negociación en conflictos laborales. Sin embargo, especialistas en derecho sindical advierten que esto no implica una prohibición absoluta para participar en medidas de fuerza organizadas por una central sindical.

El Gobierno advierte sobre sanciones

Desde la Secretaría de Trabajo sostienen que, mientras dure la conciliación, la UTA no puede tomar medidas que alteren la paz social, lo que incluiría adherirse al paro general. En caso de no acatar la disposición, el gremio podría enfrentar sanciones, incluyendo la pérdida de su personería gremial.

Sin embargo, el abogado laboralista Gustavo Ciampa rechazó esta interpretación y explicó que «no puede haber una huelga durante el tiempo de la conciliación obligatoria por motivo del conflicto de origen, pero si sucede otro conflicto o con otros actores o más amplio, esto no impide al sindicato que tiene una conciliación obligatoria por un conflicto a adherir a una medida de fuerza, en este caso dispuesta por la entidad de grado superior (CGT) a la que está afiliada y de la que tiene la obligación de acatar».

Postura de la UTA: análisis legal en curso

El sindicato que encabeza Roberto Fernández aún no definió si participará de la huelga del 10 de abril. Según fuentes internas, se encuentra en consulta con su equipo de abogados para determinar si la conciliación obligatoria impide legalmente su adhesión a la protesta.

«Nos encontramos evaluando el alcance jurídico de la conciliación y si nos permite sumarnos a la medida», señalaron desde la UTA, aunque ratificaron su apoyo a la movilización impulsada por la CGT.

El derecho a huelga y la jurisprudencia internacional

El derecho a la huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por tratados internacionales. «Es un derecho humano, tiene jerarquía constitucional y no se la puede descalificar», subrayó Ciampa, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo respalda en su Opinión Consultiva 2721.

Además, sostuvo que «la conciliación obligatoria no es una herramienta represiva de la huelga. Es una herramienta de un enfriamiento o pacificación temporal de un conflicto, de bajar los decibeles, de sentarse a negociar para solucionar el conflicto». En este sentido, argumentó que el Gobierno no puede usar esta herramienta para impedir la participación de la UTA en una huelga convocada por la CGT.

¿Qué pasará el 10 de abril?

La UTA sigue analizando su postura, mientras el Gobierno advierte sobre posibles sanciones. La CGT, por su parte, mantiene firme la convocatoria al paro general, en rechazo a la política económica del Ejecutivo.

Las próximas semanas serán clave para definir si el gremio de los colectiveros se suma a la medida y si el Gobierno intensifica su postura para intentar frenar la protesta.