Gremiales
ATE y UTEP confirman paro nacional con protesta el 22 de mayo
En un plenario compartido, ambas organizaciones sindicales ratificaron una jornada nacional de protesta contra reformas y por reclamos salariales.
Lo que tenés que saber
- ATE y UTEP realizarán una movilización nacional el 22 de mayo
- Rechazan el nuevo acuerdo con el FMI y sus condiciones económicas
- Cuestionan la fusión de organismos públicos y la pérdida de funciones
- Reclaman reapertura de paritarias y restitución de fondos a provincias
- Denuncian reformas laborales, jubilatorias y coparticipativas en debate
ATE y UTEP ratifican jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) desarrollaron un plenario conjunto en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional de ATE. Durante la jornada, reafirmaron la convocatoria a una movilización nacional el 22 de mayo.
El eje principal del encuentro fue el rechazo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo: “El nuevo acuerdo con el FMI no nos puede pasar por el costado. El FMI es un instrumento de dominación. Se trata de un acuerdo que establece un sistema de transferencia monumental de recursos del ámbito público al privado”.

Rechazo a reformas y ajuste fiscal
Durante su intervención, Aguiar señaló que “dentro de las exigencias del Fondo está una reforma laboral orientada a quitar derechos y a debilitar la acción sindical, una reforma jubilatoria para aumentar la edad, privatizar el sistema y favorecer el retorno de las AFJP. Además, una reforma en la Ley de Coparticipación Federal bajo la premisa de que las provincias y los municipios tienen que ajustar todavía más”.
La jornada contó con la participación de Néstor Forero del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, Luis Campos del Instituto de Estudios y Formación (IEF), y Hernán Letcher del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quienes analizaron las implicancias económicas y sociales del acuerdo con el FMI.

Paro nacional y reclamos sectoriales
La medida de fuerza fue definida por la conducción nacional de ATE un día antes del plenario, con representación de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La protesta se realizará en simultáneo en distintas regiones del país.
La convocatoria se impulsa también por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, la falta de respuesta ante la reapertura de paritarias y el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la fusión y reducción de organismos públicos.
Rodolfo Aguiar concluyó: “Este acuerdo es una herramienta de disciplinamiento que tenemos que rechazar y lograr que sean juzgados los responsables de esta nueva estafa al pueblo argentino, que son los mismos de la vez anterior. Este Gobierno no cree en el diálogo. Es un Gobierno que impone y lo único que entiende es el lenguaje de la fuerza. Tienen que seguir creciendo las protestas en las calles”.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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