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Legislativo

Mayans cargó contra el Presupuesto 2026: “Al Gobierno le importa tres pitos el país y la soberanía”

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado apuntó contra los artículos 30, 55 y 56 del proyecto oficialista, que habilitan endeudamiento sin límites ni control parlamentario. Alertó sobre el desfinanciamiento a provincias y el impacto sobre trabajadores.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El senador José Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, anticipó este jueves duros cuestionamientos al Presupuesto 2026 que comenzó a tratarse desde el mediodía en el recinto, y rechazó de plano la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno libertario. En diálogo con Radio Splendid AM 990, el legislador formoseño no ahorró críticas al proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

«Al Gobierno le importa tres pitos el país, la soberanía, la entrega de sus riquezas naturales. Si hace falta que entregan al mar, lo que sea. Y este Presupuesto representa eso. El artículo 55 es el más letal que tenemos», sentenció Mayans, quien adelantó que el peronismo daría quórum pero mantendría objeciones de fondo al articulado.

Tratamiento exprés y ausencia de Caputo

El senador cuestionó la modalidad acelerada con la que el oficialismo buscó aprobar el proyecto. «Hace dos años no tenemos Presupuesto, vienen con un pedido de tratamiento exprés, no aparece el ministro de economía, parece que tiene terror a venir a explicar el presupuesto», apuntó en referencia a Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda.

Según Mayans, el apuro del Gobierno esconde varios puntos conflictivos. «En el tratamiento exprés trae oculto varias cosas. En primer lugar, ellos tenían el artículo 75 que borraba el tema del financiamiento universitario, por emergencia pediátrica y por emergencia en discapacidad. Este presupuesto ya está desactualizado en su política candidata, en su política monetaria, en el gasto social», enumeró.

Endeudamiento sin límites ni control del Congreso

La principal objeción del opositor se concentró en los artículos 55 y 56 del proyecto. «El 55 y el 56 corresponde a endeudamiento sin límite para el país y sin pasar por el Congreso. Eso es peor que el artículo 30, porque es endeudamiento sin límite, sin explicar el monto, sin explicar los plazos, sin explicar los intereses», alertó Mayans.

El legislador expresó sorpresa por la aprobación de esos artículos en Diputados. «Me extrañó que haya pasado diputado eso, porque la verdad es la suma del poder público. Estamos hablando del artículo 29 de la Constitución, extradición a la Patria», señaló, en alusión al artículo constitucional que prohíbe otorgar facultades extraordinarias o la suma del poder público.

«Déficit mentiroso» y desfinanciamiento provincial

El senador también cuestionó la contabilidad oficial del proyecto. «Tienen un disfraz con respecto al déficit, que es todo mentiroso», afirmó, y explicó: «El tema de los intereses generados por la deuda no están dentro del Presupuesto, por eso dice que tiene un superávit del 0,3%».

Según su análisis, el proyecto desfinanciará a las provincias, el sistema previsional, la educación y la salud. «El déficit es para los gastos corrientes y para el gasto de la deuda, que se ha multiplicado por casi 100.000 millones, y los movimientos financieros que hacen sin autorización del Congreso», advirtió.

Mayans también apuntó contra las operaciones del Banco Central. «Con esto Caputo quiere conseguir prácticamente el blanqueo de lo que hicieron con Sturzenegger en el tema del Banco Central y con el tema de los movimientos de fondos públicos. Te estoy hablando de cifras que son multimillonarias», planteó.

Impacto sobre los trabajadores

El legislador vinculó la política económica del Gobierno con el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados. «Ellos hacen la devaluación. Devalúan un 118%. La canasta se va de 255, pasa los un millón y el trabajador que hace, ¿paga más impuestos o menos impuestos?», planteó, señalando que la carga tributaria recae principalmente sobre los sectores populares.

Rechazo a la Ley de Inocencia Fiscal

Respecto al proyecto de Inocencia Fiscal que también se debate en el Senado, Mayans fue categórico: «El perdón es para los que tienen mucha plata». El senador advirtió que las restricciones propuestas tendrán impacto negativo en el sistema previsional.

También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, a la que definió como «una ley de patrones para patrones». «Es totalmente inconstitucional lo que hicieron. ¿Quién es el que más paga impuestos en este país? El trabajador en este momento. Por eso está cayendo día a día la coparticipación», aseguró.

Advertencia a los gobernadores

En el cierre de su intervención radial, Mayans lanzó un mensaje a los mandatarios provinciales que negocian con el Gobierno nacional. «Hay algunos que arreglan por silencio, por un ATN, pero en lo que se refiere a políticas de largo plazo, de corte de largo plazo, es malísimo esto. Esto nos lleva directamente a un sobreendeudamiento brutal, sin control», concluyó.

El senador mencionó específicamente el caso de la provincia de Buenos Aires: «Si seguimos así vamos a tener que hacer bonos y dicen que le van a financiar a Kicillof, que le den 13 billones», afirmó, en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Puntos clave:

  • Unión por la Patria dio quórum pero anticipó críticas al Presupuesto 2026
  • Mayans objetó los artículos 55 y 56 que habilitan endeudamiento sin límites ni control parlamentario
  • Denunció «déficit mentiroso» por exclusión de intereses de deuda en el cálculo oficial
  • Rechazó la Ley de Inocencia Fiscal por beneficiar a sectores de altos ingresos
  • Advirtió sobre desfinanciamiento a provincias, jubilados y trabajadores

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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