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La oposición aparece dividida frente a la propuesta del FdT para que los jueces paguen Ganancias
Desde algunos sectores opositores se animan a especular con que la inclusión del tema en el debate del Presupuesto haga peligrar la sesión prevista para las 12.30.
El artículo incluido por el oficialismo de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto 2023 se contemple el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial divide posiciones dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y en otros bloques opositores en torno a la postura que deberían adoptar en la sesión del martes, cuando esta iniciativa se debata en el recinto.
Desde algunos sectores opositores se animan a especular con que la inclusión del tema en el debate del Presupuesto haga peligrar la sesión prevista para las 12.30.
Pero en la bancada oficialista se muestran confiados en que la sesión se realizará y que estarán los votos necesarios para aprobar el artículo en cuestión.
La propuesta realizada por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la comisión de Presupuesto del pasado jueves -en la que se emitió el dictamen- consiste en modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, para recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos», según las estimaciones realizadas.
En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.
El artículo incorporado al proyecto fija que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».
Conocido el texto, desde el PRO, el referente jurídico del bloque, Pablo Tonelli, señaló en declaraciones a Diputados TV: «Es muy justo que paguen, pero implicaría una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110 de la Constitución».
«Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con la fórmula de ahora y que paguen los nombrados desde 2017. Esto se aplicó en Estados Unidos en los años ’30 y al cabo de un tiempo todos los jueces (de ese país) llegaron a pagar el impuesto a las Ganancias. Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con esa fórmula y no innovar», sostuvo Tonelli.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, mantienen más cautela sobre el tema y mientras algunos de sus integrantes opinan que «se trata de un nuevo capítulo de la disputa del kirchnerismo con la Justicia» otros no quieren «votar en el recinto en contra de la eliminación de los privilegios del Poder Judicial».
En ese escenario, la abstención aparece por estas horas como la alternativa que prevalece en la bancada presidida por el cordobés Mario Negri.
Es una posición que difiere de la que sostienen los doce integrantes de Evolución Radical, que son partidarios de votar a favor del artículo en cuestión.
La Coalición Cívica (CC), cuarto espacio en volumen del interbloque JxC, con once miembros, ya había expresado una posición más crítica sobre el Presupuesto en general.
Esta bancada, por ahora, ni siquiera analiza por ahora el punto por punto del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.
Más allá de las definiciones que surjan de JxC, este fin de semana el diputado Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, se refirió al tema en sus redes sociales.
«El oficialismo vuelve a cometer los mismos errores. Sin tratar en comisión, y a horas de que el proyecto vaya al recinto, el FdT quiere incluir a jueces en el Impuesto a las Ganancias. Si hay que generar cambios, deben ser por diálogo y consenso ¿Quieren o no un presupuesto?».
La pregunta final se torna importante si se toma en cuenta que surge del presidente del bloque que representa al oficialismo cordobés, y que con sus tres integrantes es la mayor fuerza del interbloque Federal, tercer espacio de la Cámara con ocho miembros.
Los otros dos socios del espacio, Identidad Bonaerense y el socialismo santafesino, aún no se expidieron sobre el tema.
A las posiciones existentes entre los bloques de la Cámara, se sumó en las últimas horas una reunión de urgencia de tres de los cuatro ministros de la Corte Suprema para analizar el tema, y el rechazo de diferentes asociaciones de jueces, magistrados y empleados judiciales a través de una serie de comunicados advirtiendo, casi coincidentemente, sobre la «inconstitucionalidad» de la propuesta legislativa.
Bajo la consigna «No hay épica en esta medida», el Sistraju, sindicato que cuenta entre sus líderes con la diputada nacional Vanesa Siley, del FdT, se manifestó contrario a esta iniciativa y convocó a un paro para el próximo martes.
Por su parte, La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) también realizará el mismo día una medida de fuerza con movilización a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, la asociación civil Justicia Legítima se pronunció a favor de que el Impuesto a las Ganancias también alcance a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y les pidió a los integrantes de este Poder «dejar de lado toda mezquindad» para que de ese modo puedan «honrar» sus lugares de trabajo con el propósito de «transformarlos en auténtico sostén del sistema democrático, republicano, representativo y federal».
Mientras tanto, a los argumentos que expuso el jueves en la reunión de comisión, el diputado Casaretto sumó en las últimas horas otros elementos para defender la inclusión de ese punto en el Presupuesto.
Tras poner énfasis en que «de lo recaudado por este ítem el 70 por ciento iría a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario», el entrerriano recurrió a dos datos del archivo.
Sobre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el legislador recordó que tiene una sentencia a favor de que los jueces paguen Ganancias cuando actuó como conjuez del máximo tribunal, en 2006 en el caso «Gutiérrez Oscar contra Anses».
En cuanto a otro integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Casaretto reseñó que en su presentación en la audiencia pública del Senado para defender su pliego para sumarse al máximo tribunal, el actual magistrado expresó: «Estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos».
Trabajo
Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva
**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**
150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial
La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.
La noticia que nadie esperaba
La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»
El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.
Una lucha con décadas de historia en juego
Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.
Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»
El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»
Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace
Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»
En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.
El costo humano del modelo
El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»
El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.
En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.
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