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★ El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió este martes 17 de febrero un protocolo de restricciones para periodistas que cubran las jornadas de protesta frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral. A través de su cuenta oficial en la red social X, la cartera conducida por Alejandra Monteoliva estableció que durante los días 18, 19 y 20 de febrero el personal de prensa deberá ajustarse a un perímetro específico y advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán conforme al protocolo vigente ante cualquier episodio de violencia.

El comunicado oficial señaló que «estas medidas permiten resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo», al tiempo que solicitó respetarlas. Sin embargo, este tipo de disposiciones suele ser cuestionado por organizaciones de trabajadores de prensa como una limitación a la libertad de movimiento necesaria para registrar el accionar policial en manifestaciones sociales.

Zona delimitada para móviles y trabajadores de prensa

El documento oficial dispuso la creación de una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1700, lado par. Según la cartera de seguridad, este emplazamiento tiene como objetivo preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo durante las tres jornadas.

La resolución ministerial recomendó explícitamente evitar posicionarse entre eventuales focos de violencia y el personal de las fuerzas de seguridad afectado al operativo, con la intención de reducir situaciones de riesgo en el marco de la cobertura periodística. Esta directiva, presentada como una forma de prevenir exposiciones directas a hechos violentos, genera interrogantes sobre qué considera el ministerio como «foco de violencia» y quién determina esa calificación en tiempo real.

Contexto de tensión y antecedentes represivos

Las medidas se implementan en un momento de fuerte tensión política por el tratamiento de la reforma laboral, donde se prevé una masiva movilización y un despliegue policial de gran escala en los alrededores del Palacio Legislativo. La gestión de Monteoliva adelantó que denunciará por «terrorismo» (invocando la Ley 26.734) a quienes protagonicen incidentes, ratificando una línea de intervención que en ocasiones anteriores resultó en agresiones a trabajadores de prensa.

El protocolo se difunde ocho meses después de que el fotógrafo Pablo Grillo sufriera un traumatismo craneoencefálico severo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante la represión del 12 de junio de 2024 frente al Congreso. Grillo se presentó recientemente como querellante y pidió investigar la cadena de mando de Gendarmería y el accionar de la exministra Patricia Bullrich, quien justificó el operativo sosteniendo que «las acciones correctas pueden tener consecuencias».

Discrecionalidad y control de la información

La ambigüedad sobre qué se considera un foco de violencia otorga un margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad para determinar dónde pueden ubicarse los periodistas. Para sectores críticos, estas zonas asignadas funcionan como un mecanismo de control que dificulta la visibilidad de los hechos de represión, al alejar a los testigos directos de la línea de contacto entre los manifestantes y la policía.

La organización del dispositivo de seguridad para estas jornadas incluye un operativo especial de ordenamiento con directrices específicas para la circulación y el trabajo de los medios. Desde la cartera señalaron que el emplazamiento definido busca prevenir peligros, pero no especificaron qué acciones tomarán si los trabajadores de prensa deciden cubrir desde otras ubicaciones para cumplir con su labor informativa.

Puntos clave

• El Ministerio de Seguridad fijó una zona exclusiva para móviles periodísticos en Hipólito Yrigoyen al 1700 durante los días 18, 19 y 20 de febrero

• La cartera recomendó evitar posicionarse entre focos de violencia y las fuerzas de seguridad, sin definir claramente qué constituye un foco de violencia

• Las medidas se implementan ocho meses después de la agresión a Pablo Grillo, quien se presentó como querellante contra la cadena de mando de Gendarmería

• Monteoliva adelantó que denunciará por terrorismo a quienes protagonicen incidentes, invocando la Ley 26.734

• Organizaciones de prensa cuestionan estas disposiciones como limitaciones a la libertad de movimiento necesaria para la cobertura periodística ★