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Legislativo

El Régimen Penal Juvenil llega al Senado sin garantías de financiamiento

Tras la media sanción en Diputados, el oficialismo busca aprobar la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años el 26 de febrero en la Cámara alta. La norma establece penas de hasta 15 años para delitos graves pero no garantiza fondos directos para su implementación. Lo que si queda claro es que sumará gasto a las provincias.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.

★ El bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados. La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina y el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el Gobierno plantea una reforma de una ley de la dictadura (la ley 22.278 de 1980) y establece un nuevo régimen especial para los menores, que contempla desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos delitos graves. Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que cumplir prisión en un lugar especial, separado y alejado de los adultos.

El nudo del financiamiento que sigue sin resolverse

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento de la implementación del nuevo régimen. El diputado Maximiliano Ferraro planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo de asignación de fondos, pero fue rechazada por el oficialismo, que insistió con su propuesta de firma de convenios entre Nación y Provincias.

Esta decisión del Gobierno genera serias dudas sobre la viabilidad de la norma. Sin un mecanismo de financiamiento automático y directo, la construcción de los centros de detención diferenciados y la implementación de los programas socioeducativos quedan librados a la voluntad política y la capacidad presupuestaria de cada provincia, tal como ocurrió con numerosas leyes que nunca se reglamentaron o implementaron durante la gestión libertaria.

La experiencia reciente muestra que el sistema de convenios bilaterales entre Nación y provincias suele fracasar por falta de coordinación, demoras burocráticas y transferencias de fondos incompletas o discontinuas. Sin asignación presupuestaria específica, el riesgo concreto es que la ley termine siendo letra muerta o que los adolescentes punibles terminen alojados en comisarías o centros precarios sin las condiciones mínimas que promete la norma.

Un abanico de sanciones con interrogantes sobre su aplicación

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización. Sin embargo, ninguno de estos componentes tiene garantías presupuestarias ni institucionales concretas.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión. En tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo. La norma contempla medidas como libertad asistida, tareas comunitarias y programas de capacitación, pero no especifica qué organismos serán responsables de ejecutarlas ni con qué recursos.

La pregunta que queda sin respuesta es cómo se implementarán estas «medidas socioeducativas» en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública, recortes en políticas sociales y ausencia de programas de salud mental y tratamiento de adicciones que el propio oficialismo reconoció como necesarios pero que no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.

La reforma de una ley de la dictadura sin debate de fondo

La propuesta del Gobierno plantea reemplazar una ley heredada de la dictadura militar de 1980, pero lo hace sin un debate profundo sobre las causas estructurales de la violencia juvenil ni sobre la efectividad del modelo punitivo para reducir la delincuencia protagonizada por adolescentes.

El oficialismo apeló al asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, cometido por menores de edad, para instalar la urgencia de modificar el sistema penal juvenil. Sin embargo, la velocidad del tratamiento parlamentario, la ausencia de audiencias públicas con organizaciones especializadas en niñez y la falta de un diagnóstico integral sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley evidencian que la prioridad es el rédito político antes que la construcción de una política pública efectiva.

La experiencia internacional muestra que el punitivismo no reduce la violencia juvenil. En Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, la reincidencia supera el 70%. En Noruega, con un modelo socioeducativo, es inferior al 20%. Argentina se encamina hacia el modelo brasileño sin garantizar los recursos ni las estructuras que harían viable cualquier sistema de responsabilidad penal juvenil.

Puntos clave:

• El oficialismo busca aprobar el Régimen Penal Juvenil en el Senado el 26 de febrero tras la media sanción en Diputados

• La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece penas de hasta 15 años para delitos graves

• El Gobierno rechazó un mecanismo directo de financiamiento y optó por convenios entre Nación y provincias

• Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión y se priorizan medidas socioeducativas

• La ley no especifica cómo se implementarán los programas de reinserción ni con qué recursos se construirán los centros diferenciados ★

América Latina

Trump amparó a Flávio Bolsonaro y en Diputados piden interpelar a Quirno

Trump dijo que el senador brasileño puede quedarse “todo el tiempo que quiera”, mientras un asesor de la Casa Blanca confirmó que consiguió el avión en el que salió de la Argentina. Diputados de Provincias Unidas piden explicaciones al canciller por el paso por Misiones.

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Flávio Bolsonaro, senador brasileño, en una fotografía real.

Donald Trump le abrió las puertas de Estados Unidos sin plazo a Flávio Bolsonaro, el senador brasileño que salió de su país pese a una prohibición judicial, mientras el Gobierno argentino insiste en que su paso por Puerto Iguazú no fue delito. “Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera”, dijo el presidente estadounidense el sábado 31 de octubre ante periodistas, durante una fiesta de Halloween en su club de Mar-a-Lago, en Florida.

“No tengo planes de reunirme con él, pero creo que lo trataron muy mal”, agregó Trump, que consideró que “las elecciones fueron una vergüenza”. Un día después del balotaje había asegurado, sin presentar pruebas, que las elecciones brasileñas “parecían muy, muy corruptas”. Lula da Silva ganó la segunda vuelta del 25 de octubre con cerca del 52% de los votos, frente al 48% de Flávio Bolsonaro, por una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios, y la misión de observación de la OEA convalidó los resultados en su informe provisional.

Un permiso temporal y dos versiones sobre el avión

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos el miércoles 28 de octubre con un permiso humanitario temporal (“parole”), una autorización que habitualmente dura un año y no equivale a una residencia permanente. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca no participó “directamente” en la salida del senador y que no facilitó su entrada.

Esa versión convive con la confirmación de Jason Miller, asesor de comunicación de la Casa Blanca, de que fue él quien consiguió el jet en el que viajó la familia. Se trata de un Gulfstream G400 de la empresa argentina Baires Fly, cuyo dueño, Luis Grande, contó que el vuelo costó 150.000 dólares y que lo pagó un intermediario desde una cuenta en Estados Unidos.

La salida por Puerto Iguazú

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había ordenado a Bolsonaro entregar sus pasaportes en 24 horas y le había prohibido salir de Brasil. Ante el incumplimiento, la Policía Federal brasileña canceló los documentos. Según los registros oficiales de Migraciones, el senador ingresó a la Argentina a las 22.50 del martes 27 de octubre, junto con su esposa y sus dos hijas, por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. El avión despegó esa noche con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, y aterrizó en Miami el miércoles 28.

La “Nota a Brasil”

Tras el balotaje, Flávio Bolsonaro había anunciado que no reconocería la derrota y que pediría anular los comicios ante la Justicia electoral. El domingo por la tarde, ya en Estados Unidos, publicó en su cuenta de X una “Nota a Brasil” en la que denunció una persecución judicial. “No salí de Brasil, salí por Brasil”, escribió. Aseguró que no se arrepiente “de absolutamente nada”. También acusó a la Rede Globo de desistir de una entrevista exclusiva después de que él exigiera que se emitiera completa y sin cortes. Sus acusaciones contra la Justicia brasileña son su versión y no fueron comprobadas.

El pedido de interpelación a Quirno

En la Argentina, los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón (Provincias Unidas) pidieron interpelar al canciller Pablo Quirno por el paso de Bolsonaro por Misiones. El proyecto de Juliano le formula 91 preguntas: si el Gobierno conocía las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador, qué organismos intervinieron en los controles migratorios y aeroportuarios, si se usaron recursos públicos y por qué la Argentina no felicitó a Lula por su reelección. La presentación no implica que Quirno deba comparecer de manera automática.

“Creemos que hace falta poner un grado de información arriba de la mesa”, dijo Juliano en Splendid AM990, y cuestionó la política exterior de Javier Milei: “Esto es pegarle a tu vecino para favorecer a tu patrón”. Aclaró que, por ahora, no ve elementos para llevar el caso a la Justicia.

Dos causas, dos resultados

En Comodoro Py, el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, investiga una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento. Ochoa pidió informes a Migraciones y a Cancillería para determinar si las autoridades argentinas sabían que Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil, y se ordenó preservar las cámaras del aeropuerto de Puerto Iguazú y de la pista.

En Puerto Iguazú, en cambio, el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez desestimó otra denuncia por inexistencia de delito, después de analizar informes de Migraciones e Interpol. El Gobierno dio el caso por cerrado mientras la Justicia federal porteña todavía espera la documentación y un asesor de la Casa Blanca admite que consiguió el avión.

Leé también: Un broker en Florida y 150.000 dólares: quién pagó el avión de Flávio Bolsonaro

Leé también: “No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Lo que tenés que saber:

  • Trump dijo que Flávio Bolsonaro puede quedarse en Estados Unidos “todo el tiempo que quiera” y que no prevé reunirse con él.
  • Entró con un permiso humanitario temporal; Rubio negó participación directa de Washington, pero Jason Miller, de la Casa Blanca, confirmó que consiguió el avión.
  • El juez Moraes le había prohibido salir de Brasil y ordenado entregar los pasaportes.
  • Los diputados Juliano y Paulón piden interpelar al canciller Quirno; el proyecto de Juliano plantea 91 preguntas.
  • En Comodoro Py la fiscal Ochoa pidió informes; en Puerto Iguazú se desestimó una denuncia por inexistencia de delito.
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