Legislativo
El Régimen Penal Juvenil llega al Senado sin garantías de financiamiento
Tras la media sanción en Diputados, el oficialismo busca aprobar la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años el 26 de febrero en la Cámara alta. La norma establece penas de hasta 15 años para delitos graves pero no garantiza fondos directos para su implementación. Lo que si queda claro es que sumará gasto a las provincias.
★ El bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados. La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina y el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.
La propuesta impulsada por el Gobierno plantea una reforma de una ley de la dictadura (la ley 22.278 de 1980) y establece un nuevo régimen especial para los menores, que contempla desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos delitos graves. Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que cumplir prisión en un lugar especial, separado y alejado de los adultos.
El nudo del financiamiento que sigue sin resolverse
Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento de la implementación del nuevo régimen. El diputado Maximiliano Ferraro planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo de asignación de fondos, pero fue rechazada por el oficialismo, que insistió con su propuesta de firma de convenios entre Nación y Provincias.
Esta decisión del Gobierno genera serias dudas sobre la viabilidad de la norma. Sin un mecanismo de financiamiento automático y directo, la construcción de los centros de detención diferenciados y la implementación de los programas socioeducativos quedan librados a la voluntad política y la capacidad presupuestaria de cada provincia, tal como ocurrió con numerosas leyes que nunca se reglamentaron o implementaron durante la gestión libertaria.
La experiencia reciente muestra que el sistema de convenios bilaterales entre Nación y provincias suele fracasar por falta de coordinación, demoras burocráticas y transferencias de fondos incompletas o discontinuas. Sin asignación presupuestaria específica, el riesgo concreto es que la ley termine siendo letra muerta o que los adolescentes punibles terminen alojados en comisarías o centros precarios sin las condiciones mínimas que promete la norma.
Un abanico de sanciones con interrogantes sobre su aplicación
El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización. Sin embargo, ninguno de estos componentes tiene garantías presupuestarias ni institucionales concretas.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión. En tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo. La norma contempla medidas como libertad asistida, tareas comunitarias y programas de capacitación, pero no especifica qué organismos serán responsables de ejecutarlas ni con qué recursos.
La pregunta que queda sin respuesta es cómo se implementarán estas «medidas socioeducativas» en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública, recortes en políticas sociales y ausencia de programas de salud mental y tratamiento de adicciones que el propio oficialismo reconoció como necesarios pero que no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.
La reforma de una ley de la dictadura sin debate de fondo
La propuesta del Gobierno plantea reemplazar una ley heredada de la dictadura militar de 1980, pero lo hace sin un debate profundo sobre las causas estructurales de la violencia juvenil ni sobre la efectividad del modelo punitivo para reducir la delincuencia protagonizada por adolescentes.
El oficialismo apeló al asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, cometido por menores de edad, para instalar la urgencia de modificar el sistema penal juvenil. Sin embargo, la velocidad del tratamiento parlamentario, la ausencia de audiencias públicas con organizaciones especializadas en niñez y la falta de un diagnóstico integral sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley evidencian que la prioridad es el rédito político antes que la construcción de una política pública efectiva.
La experiencia internacional muestra que el punitivismo no reduce la violencia juvenil. En Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, la reincidencia supera el 70%. En Noruega, con un modelo socioeducativo, es inferior al 20%. Argentina se encamina hacia el modelo brasileño sin garantizar los recursos ni las estructuras que harían viable cualquier sistema de responsabilidad penal juvenil.
Puntos clave:
• El oficialismo busca aprobar el Régimen Penal Juvenil en el Senado el 26 de febrero tras la media sanción en Diputados
• La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece penas de hasta 15 años para delitos graves
• El Gobierno rechazó un mecanismo directo de financiamiento y optó por convenios entre Nación y provincias
• Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión y se priorizan medidas socioeducativas
• La ley no especifica cómo se implementarán los programas de reinserción ni con qué recursos se construirán los centros diferenciados ★
Legislativo
Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno
Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.
Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas
★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.
La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo
El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.
Qué cambia con la nueva ley
El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.
Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.
El contexto: ajuste sobre ajuste
La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.
En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.
Las voces del debate
El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.
El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.
La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.
Los votos: cómo se armó la mayoría
El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.
La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.
Puntos clave
- Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
- 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
- El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
- La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
- El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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