★ El bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados. La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina y el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.

La propuesta impulsada por el Gobierno plantea una reforma de una ley de la dictadura (la ley 22.278 de 1980) y establece un nuevo régimen especial para los menores, que contempla desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos delitos graves. Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que cumplir prisión en un lugar especial, separado y alejado de los adultos.

El nudo del financiamiento que sigue sin resolverse

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento de la implementación del nuevo régimen. El diputado Maximiliano Ferraro planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo de asignación de fondos, pero fue rechazada por el oficialismo, que insistió con su propuesta de firma de convenios entre Nación y Provincias.

Esta decisión del Gobierno genera serias dudas sobre la viabilidad de la norma. Sin un mecanismo de financiamiento automático y directo, la construcción de los centros de detención diferenciados y la implementación de los programas socioeducativos quedan librados a la voluntad política y la capacidad presupuestaria de cada provincia, tal como ocurrió con numerosas leyes que nunca se reglamentaron o implementaron durante la gestión libertaria.

La experiencia reciente muestra que el sistema de convenios bilaterales entre Nación y provincias suele fracasar por falta de coordinación, demoras burocráticas y transferencias de fondos incompletas o discontinuas. Sin asignación presupuestaria específica, el riesgo concreto es que la ley termine siendo letra muerta o que los adolescentes punibles terminen alojados en comisarías o centros precarios sin las condiciones mínimas que promete la norma.

Un abanico de sanciones con interrogantes sobre su aplicación

El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización. Sin embargo, ninguno de estos componentes tiene garantías presupuestarias ni institucionales concretas.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión. En tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo. La norma contempla medidas como libertad asistida, tareas comunitarias y programas de capacitación, pero no especifica qué organismos serán responsables de ejecutarlas ni con qué recursos.

La pregunta que queda sin respuesta es cómo se implementarán estas «medidas socioeducativas» en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública, recortes en políticas sociales y ausencia de programas de salud mental y tratamiento de adicciones que el propio oficialismo reconoció como necesarios pero que no incluyó en el temario de sesiones extraordinarias.

La reforma de una ley de la dictadura sin debate de fondo

La propuesta del Gobierno plantea reemplazar una ley heredada de la dictadura militar de 1980, pero lo hace sin un debate profundo sobre las causas estructurales de la violencia juvenil ni sobre la efectividad del modelo punitivo para reducir la delincuencia protagonizada por adolescentes.

El oficialismo apeló al asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, cometido por menores de edad, para instalar la urgencia de modificar el sistema penal juvenil. Sin embargo, la velocidad del tratamiento parlamentario, la ausencia de audiencias públicas con organizaciones especializadas en niñez y la falta de un diagnóstico integral sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley evidencian que la prioridad es el rédito político antes que la construcción de una política pública efectiva.

La experiencia internacional muestra que el punitivismo no reduce la violencia juvenil. En Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, la reincidencia supera el 70%. En Noruega, con un modelo socioeducativo, es inferior al 20%. Argentina se encamina hacia el modelo brasileño sin garantizar los recursos ni las estructuras que harían viable cualquier sistema de responsabilidad penal juvenil.

Puntos clave:

• El oficialismo busca aprobar el Régimen Penal Juvenil en el Senado el 26 de febrero tras la media sanción en Diputados

• La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece penas de hasta 15 años para delitos graves

• El Gobierno rechazó un mecanismo directo de financiamiento y optó por convenios entre Nación y provincias

• Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión y se priorizan medidas socioeducativas

• La ley no especifica cómo se implementarán los programas de reinserción ni con qué recursos se construirán los centros diferenciados ★