— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Gobierno nacional solicitó este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas 24 horas después de haberlo enviado al Congreso de la Nación, según confirmaron fuentes oficiales. El insólito retroceso responde a un error de redacción que podría haber frustrado el apoyo de los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para aprobar la iniciativa.

Según pudo confirmar este medio, una de las razones centrales del pedido de retiro fue que el Gobierno incluyó en el dictamen remitido la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso alcanzado con los partidos aliados era de 14 años, tal como había quedado establecido en el texto que obtuvo dictamen el año pasado. La discrepancia generó malestar inmediato en los bloques de la UCR y el PRO, indispensables para alcanzar los votos necesarios en Diputados.

Desde el entorno del presidente Javier Milei aclararon que la decisión de retirar el proyecto radicó en «mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas». Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión corregida, aunque el cronograma original que preveía tratamiento en comisión el miércoles y debate en recinto el jueves quedó seriamente comprometido.

El financiamiento: de la discrecionalidad a la letra de la ley

La versión corregida que el Gobierno prepara para enviar mantiene la estructura general del proyecto que tuvo dictamen en mayo de 2025, pero incorpora una modificación sustancial en materia presupuestaria. En esta oportunidad, el Ejecutivo incluyó en la redacción la asignación específica de fondos a la Defensoría General de la Nación y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento destinado a la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original, el financiamiento quedaba librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que levantaba sospechas en la oposición de que la ley terminara siendo letra muerta por falta de recursos, tal como ocurrió con numerosas normativas aprobadas durante la gestión libertaria que nunca se reglamentaron o implementaron.

En la nueva versión, según adelantaron fuentes parlamentarias, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia. Sin embargo, resta conocer cómo se actualizarán esos montos en un contexto de alta inflación y si serán suficientes para crear y sostener los centros diferenciados de detención y los programas de reeducación que promete la norma.

La edad de imputabilidad: el núcleo de la disputa política

El proyecto tal como ingresó el lunes al Congreso reducía la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, rompiendo el acuerdo político que ubicaba la edad mínima punible en los 14 años. Esta modificación unilateral del Gobierno generó el rechazo inmediato de sectores de la UCR y el PRO que habían participado en las negociaciones previas.

La torpeza del oficialismo evidencia la falta de coordinación política interna y pone en duda su capacidad para sostener acuerdos parlamentarios. El retiro express del proyecto representa un golpe a la imagen de eficiencia que el Gobierno intenta proyectar y desnuda las tensiones entre el ala más dura del libertarismo, que presiona por una baja más drástica de la edad de imputabilidad, y los sectores que buscan construir consensos legislativos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había defendido públicamente la reforma apenas el lunes, afirmando que se trataba de una «necesidad fundamental para la Argentina» y comparando la legislación nacional con la de otros países de la región. El retiro del proyecto apenas un día después de esas declaraciones expone la improvisación con la que el Ejecutivo maneja temas sensibles que afectan derechos de miles de adolescentes.

El apuro legislativo continúa

A pesar del traspié, el oficialismo mantiene su intención de debatir el proyecto en el recinto de Diputados el jueves, lo que obliga a acelerar la conformación de comisiones y el tratamiento del texto corregido. Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas por este medio expresaron dudas sobre la viabilidad de ese cronograma, considerando que el nuevo proyecto recién ingresará en las próximas horas.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en niñez cuestionan la velocidad del tratamiento y la ausencia de audiencias públicas que permitan un debate serio sobre las implicancias de una reforma que modificará sustancialmente el sistema penal juvenil argentino. La prisa del Gobierno por aprobar la norma contrasta con la falta de políticas integrales de prevención del delito juvenil y contención social para los sectores más vulnerables.

Puntos clave:

• El Gobierno retiró el proyecto de reforma penal juvenil apenas 24 horas después de enviarlo al Congreso por un error de redacción

• Incluyó imputabilidad desde los 13 años cuando el consenso con bloques aliados era de 14 años

• La nueva versión incorpora más de 23 mil millones de pesos de financiamiento específico para Defensoría General y Ministerio de Justicia

• El cronograma legislativo original quedó comprometido aunque el oficialismo mantiene la intención de debatir el jueves en recinto

• El retiro expone la falta de coordinación política interna y pone en duda la capacidad del Gobierno para sostener acuerdos parlamentarios ★