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La Justicia porteña frenó la baja de imputabilidad: una jueza sobreseyó a un chico de 14 años

La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de menores de 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado por robo en grado de tentativa. Es el segundo fallo contra la norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei en menos de un mes.

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"No podemos castigarlos por lo que no hicimos": la frase de una jueza que desafió al Gobierno y liberó a un adolescente.

Apenas dieciséis días después de que el nuevo Régimen Penal Juvenil entrara en vigencia, la Justicia porteña le asestó su primer golpe dentro de la Ciudad: una magistrada del fuero declaró la inconstitucionalidad de la norma en un caso concreto y liberó a un chico de 14 años que estaba siendo investigado por un robo frustrado junto a otro grupo de adolescentes. El fallo va a contramano de las instrucciones que la propia Cámara de Casación porteña había emitido días antes, ordenando a los jueces locales aplicar la ley sin vacilaciones.

La resolución fue dictada por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien aclaró expresamente que el fallo aplica únicamente para este caso y no tiene alcance general. La causa se inició el 10 de septiembre de 2026 a partir de una situación de flagrancia en la que habrían participado al menos cuatro adolescentes.

«No podemos castigarlos por lo que no hicimos»

La jueza De Marinis rechazó previamente el planteo de incompetencia formulado por la defensa oficial, que buscaba que la causa fuera remitida a otra jurisdicción, y en cambio avanzó con la declaración de inconstitucionalidad. En su resolución, sostuvo que el adolescente debe ser considerado «no punible» bajo la nueva norma y fundamentó su decisión con una argumentación que pone el eje en la responsabilidad del Estado adulto.

«A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero», señaló la magistrada.

Para resolver el planteo de competencia, De Marinis invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio, y que ante un conflicto de competencia entre juzgados ordinarios de la Ciudad, debe intervenir el Tribunal Superior de Justicia porteño.

El segundo fallo, pero con un alcance distinto

El precedente inmediato fue la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Lomas de Zamora, que en los primeros días de septiembre suspendió la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires mediante un habeas corpus colectivo promovido por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Ese fallo fue revocado el 15 de septiembre por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, cuyos jueces consideraron inadmisible suspender una ley mediante una medida cautelar.

La diferencia sustancial entre ambos fallos es técnica y políticamente relevante: mientras Pascual suspendió la ley con efectos colectivos mediante un habeas corpus preventivo, De Marinis declaró la inconstitucionalidad en un caso concreto, con efectos limitados al adolescente que tenía frente a ella. Esta modalidad, la declaración de inconstitucionalidad caso por caso, es precisamente la que los jueces de la Cámara bonaerense habían señalado como el único mecanismo válido para neutralizar una ley aprobada por vías constitucionales.

Cámara porteña instruyó a aplicar la ley; la ex ministra Bullrich respondió en X

El trasfondo institucional del fallo de De Marinis es particularmente llamativo. Tres días antes de que se conociera esta resolución, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña había emitido el Acuerdo Extraordinario 4/2026, instruyendo a los jueces de la Ciudad a aplicar la Ley 27.801 sin hesitación. El presidente de esa Cámara, Javier Alejandro Buján, afirmó que el Poder Judicial de la Ciudad «no sólo está en condiciones de asumir nuevas competencias penales, sino que está en mejores condiciones de asumirlas».

La reacción política no tardó. La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, salió a cuestionar el fallo de De Marinis a través de su cuenta en X: «Estos jueces garantistas solo construyen impunidad», escribió. La declaración encaja en el discurso del oficialismo, que impulsó la baja de la edad de imputabilidad como una de sus banderas en materia de seguridad y que logró la aprobación de la ley en el Congreso con el respaldo del PRO, la UCR, MID y bloques provinciales.

La Ley 27.801, sancionada en febrero de 2026, fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de hasta 15 años de prisión. La norma también establece penas alternativas, como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño, para los delitos con penas menores a los 10 años.

El fallo de De Marinis abre una nueva instancia de tensión judicial sobre la ley: fuentes del fuero porteño señalaron que si el Ministerio Público Fiscal apela la decisión, la Cámara de Casación porteña, que ya instruyó la aplicación de la norma, muy probablemente revoque la resolución de primera instancia.

Lo que tenés que saber

  • La jueza Laura De Marinis, del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de CABA, declaró inconstitucional la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por robo en grado de tentativa.
  • El fallo tiene alcance restringido al caso concreto; la magistrada aclaró expresamente que no es una decisión de carácter general.
  • Es el segundo pronunciamiento judicial contra el nuevo Régimen Penal Juvenil; el primero, dictado por la jueza Marta Pascual en la provincia de Buenos Aires, fue revocado por la Cámara bonaerense el 15 de septiembre.
  • La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich calificó a De Marinis como «garantista» que «solo construye impunidad» a través de su cuenta en X.
  • Si el Ministerio Público Fiscal apela, el caso llegaría a la Cámara de Casación porteña, que ya ordenó aplicar la ley sin dudas mediante el Acuerdo Extraordinario 4/2026.

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Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos

El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.

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Jorge Macri sumó 600 policías y le mandó "un saludo" a quienes denunciaron el operativo Tormenta Negra y los abusos policiales.

Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».

El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.

Las cifras que exhibe la gestión

Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.

La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.

Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.

Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar

El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».

La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.

Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.

Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno

El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».

También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.

No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.

El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.

Lo que tenés que saber:

  • La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
  • Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
  • Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
  • El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
  • Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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