CABA
Barrios porteños en llamas: Jorge Macri profundiza el abandono social
El desmantelamiento del programa Veredas Limpias, los desalojos, la violencia institucional y el cierre de cooperativas de trabajo configuran un cuadro de crisis social creciente en los barrios populares de la Ciudad. Referentes territoriales señalan un patrón deliberado de expulsión y hostigamiento hacia los sectores más vulnerables.
Cinco mil personas, en su mayoría madres jefas de hogar, perdieron su única fuente de ingresos cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió discontinuar el programa Veredas Limpias, una política de trabajo con cooperativas que llevaba más de quince años de funcionamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quedó en su lugar no fue una alternativa laboral sino una conversión en plan social: el programa Ciudadanía Laboral, que ofrece capacitaciones y bolsas de empleo sin perspectiva de continuidad, y cuyas tareas serían sociocomunitarias sin garantía de trabajo genuino.
La situación fue descripta por Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie Capital, quien dialogó con el medio de comunicación Tiempo. Córdoba explicó que la discontinuación del programa desató un proceso de conflicto, negociación y diálogo con el Gobierno de la Ciudad que duró aproximadamente tres meses, sin que los trabajadores lograran revertir la decisión. «Este era un programa que tuvo más de 15 años donde trabajaban 5.000 personas, sobre todo madres jefa de hogar que tenían su único ingreso y hace unos meses Macri lo discontinuó», sostuvo el referente social.
Militarización de los barrios y violencia institucional
El cuadro no se agota en la pérdida de empleo. Franco Armando, integrante del comité de crisis del Barrio Mugica (ex villa 31), señaló que Jorge Macri tiene el foco puesto en la expulsión de los sectores más empobrecidos de la Ciudad, y que esa expulsión, que en otro momento operaba de manera silenciosa a través del encarecimiento del costo de vida y los alquileres, hoy tiene una dimensión abiertamente violenta.
«Con los barrios casi militarizados y que hacen como nuevas fronteras. Que vos tengas que entrar a tu casa y que te revisen, el auto, la moto; si sos extranjero. Es realmente desgastante», describió Armando. El referente territorial también denunció operativos de hostigamiento a la economía informal: una vecina que transmitía por TikTok la venta de tortillas fue denunciada y la policía se presentó a confiscarle la mercadería y el carbón. «Te ajustan y no te dejan trabajar», remató.
En la misma línea, Agustín Navarro, responsable político del Frente Popular Darío Santillán, denunció que desde mayo los trabajadores de las cuadrillas del programa Veredas Limpias tienen sus retiros adeudados. La deuda acumulada los obligó a endeudarse para pagar servicios básicos. Entre los afectados hay personas electrodependientes, para quienes la situación tiene una complejidad crítica. Y la retirada de las cuadrillas de limpieza dejó a los barrios populares con un colapso sanitario que el Gobierno de la Ciudad no resolvió.
Desalojos, personas en situación de calle y capacitaciones vacías
La cadena de consecuencias se extiende: las familias que no pueden afrontar el alquiler son desalojadas y quedan en situación de calle, sin que el Gobierno de la Ciudad las asista. Las únicas respuestas institucionales que llegaron a los barrios fueron capacitaciones obligatorias en las que el propio Gobierno porteño exige a los participantes comprar sus propios utensilios de trabajo. «Les enseñan a hacer tortas y pizzas como si eso te resolviera el ingreso y la economía familiar», ironizó Navarro, sintetizando el abismo entre la oferta oficial y la urgencia real de los vecinos.
Las organizaciones sociales presentes en los territorios, entre ellas Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, coinciden en que el Gobierno de Jorge Macri no solo no acompaña a los sectores populares sino que los hostiga de manera sistemática: con operativos policiales contra ferias y vendedores ambulantes, con el cierre de comercios en los barrios, con el desmantelamiento de los pocos programas que generaban trabajo genuino. Córdoba advirtió que ante ese escenario las organizaciones sociales sostienen la resistencia territorial coordinando entre ellas para construir una propuesta que priorice el trabajo y la solidaridad por encima de la lógica del plan y la capacitación cosmética.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Jorge Macri discontinuó el programa Veredas Limpias, dejando sin ingresos a 5.000 trabajadoras, en su mayoría madres jefas de hogar.
- El reemplazo, el programa Ciudadanía Laboral, no garantiza trabajo genuino sino capacitaciones y bolsas de empleo sin continuidad.
- Desde mayo, los retiros adeudados a los trabajadores de las cuadrillas los forzaron a endeudarse para pagar servicios básicos.
- Referentes del Barrio Mugica y del Frente Popular Darío Santillán denuncian operativos policiales de hostigamiento contra la economía informal en los barrios populares.
- Las organizaciones sociales señalan un patrón deliberado de expulsión y abandono de los sectores vulnerables por parte del Gobierno de la Ciudad.
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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