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Jubilaciones: la oposición busca consenso para extender la moratoria y aumentar el bono mínimo

Diputados de distintos bloques avanzaron en acuerdos para prorrogar la moratoria previsional y elevar el bono a jubilados, en medio de reclamos por el deterioro de los haberes y la falta de respuestas del Gobierno. El debate expuso la urgencia de una reforma estructural y la presión social creciente.

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El Argentino Diario-Comisión de Diputados.

El Congreso frente a la urgencia previsional

La discusión sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina volvió al centro de la escena política. Diputados de la oposición, entre ellos referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, anunciaron que firmarán la próxima semana un dictamen para extender la moratoria previsional y ajustar el bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. La moratoria, que venció el 23 de marzo, permitió durante años que miles de personas en edad jubilatoria accedieran a una prestación mínima, regularizando deudas previsionales mediante un plan de pagos.

El debate se intensificó tras la ronda de consultas con especialistas y organizaciones de jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto social de dejar sin cobertura a quienes no reúnen los 30 años de aportes. Sin la moratoria, la única opción para quienes no cumplen con los requisitos es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa apenas el 80% del haber mínimo y excluye el derecho a pensión por viudez.

Reclamos sociales y críticas al Gobierno

Durante el plenario de comisiones, representantes de organizaciones de jubilados y pensionados expusieron la gravedad de la situación. Nora Biaggo, referente del Movimiento de Jubilados, denunció: “Estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”. Biaggo también reclamó el fin de la intervención en el PAMI, que ya lleva 45 años, y exigió que el organismo sea dirigido por quienes aportan y utilizan el sistema.

Renee Girardi, del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, fue contundente: “La situación de los jubilados sigue siendo pésima. Nuestra vida se deteriora junto con nuestra dignidad de personas, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”. Girardi pidió un aumento de emergencia y la restitución de los medicamentos gratuitos, advirtiendo que la movilización social continuará mientras no haya respuestas.

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma Nacional, subrayó la precariedad laboral y la insuficiencia del bono de 70 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023. “Nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias y el sistema de salud que nos contiene”, afirmó Ruiz, y reclamó que el bono se incorpore al haber jubilatorio.

Proyectos en debate y el costo fiscal

En la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR), se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una evaluación del costo fiscal de prorrogar la moratoria y de aumentar el bono a 105 mil pesos, como proponen algunos proyectos. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que la OPC no puede analizar más de veinte proyectos en simultáneo y sugirió agruparlos en tres grandes líneas para facilitar el análisis.

Entre las iniciativas en discusión, destacan la prórroga de la moratoria por dos años, impulsada por diputados de Unión por la Patria y la izquierda, y un proyecto de jubilación proporcional presentado por Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), que busca garantizar un haber no inferior a la PUAM según los años de aportes. También se presentó una propuesta para extender la moratoria por diez años, aunque no contaría con el consenso necesario.

Según datos de la ANSES y la Defensoría de la Tercera Edad, más del 60% de las nuevas jubilaciones en los últimos años se otorgaron a través de moratorias, lo que evidencia la magnitud del problema estructural del sistema previsional argentino. El haber mínimo, que ronda los 171 mil pesos en mayo de 2025, se encuentra muy por debajo de la canasta básica para jubilados, estimada en más de 500 mil pesos mensuales según la Defensoría y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) [Página 12, 6/5/2025; CEPA, 4/2025].

Consecuencias y perspectivas

La falta de acuerdo sobre la extensión de la moratoria y el ajuste del bono profundizó la incertidumbre entre los adultos mayores, que ya enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. El Gobierno nacional, por su parte, evitó hasta ahora pronunciarse sobre la prórroga de la moratoria y el aumento del bono, priorizando el ajuste fiscal y la reducción del déficit, en línea con las exigencias del FMI.

El debate parlamentario de las próximas semanas será clave para definir si se avanza en una solución de emergencia o si se profundiza la crisis previsional. Mientras tanto, las organizaciones de jubilados anticiparon que continuarán las movilizaciones y los reclamos en las calles.

Puntos clave:

  • Diputados opositores avanzaron en un dictamen para prorrogar la moratoria previsional y aumentar el bono a jubilados.
  • La moratoria venció en marzo y dejó a miles de personas sin acceso a la jubilación mínima.
  • Organizaciones de jubilados denunciaron el deterioro de los haberes y reclamaron una reforma estructural.
  • El bono de 70 mil pesos permanece congelado desde diciembre de 2023, pese a la inflación.
  • El Gobierno priorizó el ajuste fiscal y evitó pronunciarse sobre la extensión de la moratoria.

Legislativo

Sin los votos para eliminar las PASO, el Gobierno busca suspenderlas o hacerlas optativas

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la UCR anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que LLA, por su naturaleza verticalista, no necesita resolver.

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El Gobierno no tiene los votos y busca un plan B para las PASO

★ El oficialismo reconoce que no cuenta con los apoyos suficientes para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y baraja dos alternativas de menor alcance: suspenderlas nuevamente, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2025, o quitarles el carácter obligatorio para convertirlas en optativas.

La admisión surge de las propias filas del Gobierno, dos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso la reforma electoral que tiene la eliminación de las PASO como su punto más ambicioso. Como informó este medio el 22 de abril, el proyecto llegó al Parlamento en un contexto político adverso y sin los votos necesarios para avanzar.

El PRO y la UCR frenan la eliminación

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que la Libertad Avanza, por su naturaleza de partido sin internas, no necesita resolver.

Un miembro de la mesa política, que según trascendidos volverá a reunirse este sábado a las 12 en Casa Rosada, reconoció la situación: «Es muy probable que varios sectores no quieran apoyar la eliminación. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias».

La declaración desnuda la debilidad parlamentaria del oficialismo. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita acumular 129 votos para obtener mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el respaldo de aliados que, hasta ahora, no están dispuestos a acompañar la medida de máxima.

Un paquete con más resistencias que votos

Más allá de las PASO, el proyecto presenta otros dos puntos de alta conflictividad: la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que reemplazaría el aporte público por un esquema de financiamiento privado, y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur.

El presidente Javier Milei estableció ambas cuestiones como prioridades de la reforma. Sin embargo, el nuevo esquema de financiamiento preocupa especialmente a los partidos de menor escala, que dependen de los fondos estatales para subsistir, y la eliminación de los parlamentarios del Mercosur generó resistencias incluso dentro del arco aliado.

El proyecto incluye además cambios en los requisitos legales para presentar listas y la incorporación de la denominada Ficha Limpia, que aparece como el principal anzuelo para sumar voluntades, tal como anticipó este medio en la cobertura del 22 de abril.

Los «guiños» a los gobernadores

En Balcarce 50 anticipan que el articulado del proyecto incluye señales destinadas a los gobernadores aliados. Entre los ejemplos que circulan en el entorno oficial figuran la incorporación de un casillero en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría «enganchar» las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la propuesta de avanzar hacia un sistema de circunscripciones uninominales, que varios mandatarios provinciales rechazaban por considerarlo desfavorable para sus distritos.

Desde el oficialismo aseguran que el proceso será «similar al de la reforma laboral» y que «los votos van a estar», según afirmó un importante alfil legislativo. La comparación, sin embargo, no resulta del todo tranquilizadora: la reforma laboral tardó meses en aprobarse y requirió decenas de modificaciones para obtener los apoyos necesarios.

El contexto político

La reforma llega en un momento de fragilidad creciente para el Gobierno. Según datos de la consultora Opina Argentina difundidos en abril, la imagen positiva de Milei cayó al 35%, trece puntos menos que en enero. En ese escenario, forzar una disputa parlamentaria sobre las reglas electorales con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte puede representar tanto una apuesta estratégica como un riesgo político de primer orden.

La eliminación de las PASO beneficia directamente a una fuerza, como La Libertad Avanza, que no tiene internas que resolver. Para el resto del arco político, las primarias son una herramienta de ordenamiento interno. Esa asimetría explica, en buena medida, la resistencia que el Gobierno no logra vencer.

Puntos clave

  • El Gobierno admitió que no tiene los votos para eliminar las PASO y evalúa suspenderlas nuevamente o quitarles el carácter obligatorio.
  • El PRO y la UCR anticiparon su rechazo a la eliminación, lo que obligó al oficialismo a diseñar un plan alternativo.
  • La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita 129 para alcanzar mayoría simple.
  • El proyecto incluye también cambios en el financiamiento partidario y la eliminación de parlamentarios del Mercosur, dos puntos que generan alta resistencia.
  • El oficialismo comparó el proceso con la reforma laboral, que tardó meses y requirió numerosas modificaciones para aprobarse.
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