Legislativo
Jubilaciones: la oposición busca consenso para extender la moratoria y aumentar el bono mínimo
Diputados de distintos bloques avanzaron en acuerdos para prorrogar la moratoria previsional y elevar el bono a jubilados, en medio de reclamos por el deterioro de los haberes y la falta de respuestas del Gobierno. El debate expuso la urgencia de una reforma estructural y la presión social creciente.
El Congreso frente a la urgencia previsional
La discusión sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina volvió al centro de la escena política. Diputados de la oposición, entre ellos referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, anunciaron que firmarán la próxima semana un dictamen para extender la moratoria previsional y ajustar el bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. La moratoria, que venció el 23 de marzo, permitió durante años que miles de personas en edad jubilatoria accedieran a una prestación mínima, regularizando deudas previsionales mediante un plan de pagos.
El debate se intensificó tras la ronda de consultas con especialistas y organizaciones de jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto social de dejar sin cobertura a quienes no reúnen los 30 años de aportes. Sin la moratoria, la única opción para quienes no cumplen con los requisitos es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa apenas el 80% del haber mínimo y excluye el derecho a pensión por viudez.
Reclamos sociales y críticas al Gobierno
Durante el plenario de comisiones, representantes de organizaciones de jubilados y pensionados expusieron la gravedad de la situación. Nora Biaggo, referente del Movimiento de Jubilados, denunció: “Estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”. Biaggo también reclamó el fin de la intervención en el PAMI, que ya lleva 45 años, y exigió que el organismo sea dirigido por quienes aportan y utilizan el sistema.
Renee Girardi, del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, fue contundente: “La situación de los jubilados sigue siendo pésima. Nuestra vida se deteriora junto con nuestra dignidad de personas, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”. Girardi pidió un aumento de emergencia y la restitución de los medicamentos gratuitos, advirtiendo que la movilización social continuará mientras no haya respuestas.
Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma Nacional, subrayó la precariedad laboral y la insuficiencia del bono de 70 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023. “Nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias y el sistema de salud que nos contiene”, afirmó Ruiz, y reclamó que el bono se incorpore al haber jubilatorio.
Proyectos en debate y el costo fiscal
En la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR), se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una evaluación del costo fiscal de prorrogar la moratoria y de aumentar el bono a 105 mil pesos, como proponen algunos proyectos. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que la OPC no puede analizar más de veinte proyectos en simultáneo y sugirió agruparlos en tres grandes líneas para facilitar el análisis.
Entre las iniciativas en discusión, destacan la prórroga de la moratoria por dos años, impulsada por diputados de Unión por la Patria y la izquierda, y un proyecto de jubilación proporcional presentado por Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), que busca garantizar un haber no inferior a la PUAM según los años de aportes. También se presentó una propuesta para extender la moratoria por diez años, aunque no contaría con el consenso necesario.
Según datos de la ANSES y la Defensoría de la Tercera Edad, más del 60% de las nuevas jubilaciones en los últimos años se otorgaron a través de moratorias, lo que evidencia la magnitud del problema estructural del sistema previsional argentino. El haber mínimo, que ronda los 171 mil pesos en mayo de 2025, se encuentra muy por debajo de la canasta básica para jubilados, estimada en más de 500 mil pesos mensuales según la Defensoría y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) [Página 12, 6/5/2025; CEPA, 4/2025].
Consecuencias y perspectivas
La falta de acuerdo sobre la extensión de la moratoria y el ajuste del bono profundizó la incertidumbre entre los adultos mayores, que ya enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. El Gobierno nacional, por su parte, evitó hasta ahora pronunciarse sobre la prórroga de la moratoria y el aumento del bono, priorizando el ajuste fiscal y la reducción del déficit, en línea con las exigencias del FMI.
El debate parlamentario de las próximas semanas será clave para definir si se avanza en una solución de emergencia o si se profundiza la crisis previsional. Mientras tanto, las organizaciones de jubilados anticiparon que continuarán las movilizaciones y los reclamos en las calles.
Puntos clave:
- Diputados opositores avanzaron en un dictamen para prorrogar la moratoria previsional y aumentar el bono a jubilados.
- La moratoria venció en marzo y dejó a miles de personas sin acceso a la jubilación mínima.
- Organizaciones de jubilados denunciaron el deterioro de los haberes y reclamaron una reforma estructural.
- El bono de 70 mil pesos permanece congelado desde diciembre de 2023, pese a la inflación.
- El Gobierno priorizó el ajuste fiscal y evitó pronunciarse sobre la extensión de la moratoria.
Legislativo
Discapacidad: el Senado firmó dictamen y la ley que reemplaza a la emergencia va al recinto el 19
LLA, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales respaldaron el proyecto con media sanción de Diputados, que vuelve permanentes los beneficios de la ley de emergencia que Milei había vetado.
El proyecto que convierte en permanentes los beneficios de la emergencia en discapacidad obtuvo dictamen en el Senado y el oficialismo buscará sancionarlo en la sesión del 19 de noviembre. La firma llegó en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, que conduce la peronista Alicia Kirchner.
El dictamen respalda el texto que ya aprobó Diputados, la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Lo acompañaron La Libertad Avanza, el bloque justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Qué establece
El proyecto replica casi todo el esquema de la Ley 27.793 de emergencia, pero elimina su carácter transitorio. Mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad (70% del haber mínimo) y un empleo formal o el monotributo, mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. Conserva el nomenclador único con actualización por movilidad jubilatoria y la cobertura de Incluir Salud, y fija que el presupuesto de Salud para el área no podrá ser inferior en términos reales al del año anterior. A pedido de los aliados, suma un cronograma de pago de las deudas con los prestadores y un plazo de 30 días para reglamentar.
Las voces
La ley de emergencia, que la oposición sancionó y Milei vetó, vence el 31 de diciembre. “Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga”, dijo la senadora justicialista Juliana Di Tullio. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que el objetivo fue “superar la emergencia”. La cordobesa Alejandra Vigo anticipó que pedirá cambios porque, según dijo, no se consultó a las organizaciones del COFEDIS.
Leé también: Pensiones por invalidez: el Gobierno anuló restituciones y da 60 días para reclamar
Lo que tenés que saber:
- El proyecto de discapacidad obtuvo dictamen en el Senado con apoyo amplio.
- El oficialismo quiere sancionarlo el 19 de noviembre.
- Vuelve permanentes los beneficios de la Ley 27.793 de emergencia.
- La emergencia vence el 31 de diciembre.
- Alejandra Vigo anticipó que pedirá cambios.
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