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Legislativo

Jubilaciones: la oposición busca consenso para extender la moratoria y aumentar el bono mínimo

Diputados de distintos bloques avanzaron en acuerdos para prorrogar la moratoria previsional y elevar el bono a jubilados, en medio de reclamos por el deterioro de los haberes y la falta de respuestas del Gobierno. El debate expuso la urgencia de una reforma estructural y la presión social creciente.

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El Argentino Diario-Comisión de Diputados.

El Congreso frente a la urgencia previsional

La discusión sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina volvió al centro de la escena política. Diputados de la oposición, entre ellos referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, anunciaron que firmarán la próxima semana un dictamen para extender la moratoria previsional y ajustar el bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. La moratoria, que venció el 23 de marzo, permitió durante años que miles de personas en edad jubilatoria accedieran a una prestación mínima, regularizando deudas previsionales mediante un plan de pagos.

El debate se intensificó tras la ronda de consultas con especialistas y organizaciones de jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto social de dejar sin cobertura a quienes no reúnen los 30 años de aportes. Sin la moratoria, la única opción para quienes no cumplen con los requisitos es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa apenas el 80% del haber mínimo y excluye el derecho a pensión por viudez.

Reclamos sociales y críticas al Gobierno

Durante el plenario de comisiones, representantes de organizaciones de jubilados y pensionados expusieron la gravedad de la situación. Nora Biaggo, referente del Movimiento de Jubilados, denunció: “Estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”. Biaggo también reclamó el fin de la intervención en el PAMI, que ya lleva 45 años, y exigió que el organismo sea dirigido por quienes aportan y utilizan el sistema.

Renee Girardi, del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, fue contundente: “La situación de los jubilados sigue siendo pésima. Nuestra vida se deteriora junto con nuestra dignidad de personas, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”. Girardi pidió un aumento de emergencia y la restitución de los medicamentos gratuitos, advirtiendo que la movilización social continuará mientras no haya respuestas.

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma Nacional, subrayó la precariedad laboral y la insuficiencia del bono de 70 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023. “Nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias y el sistema de salud que nos contiene”, afirmó Ruiz, y reclamó que el bono se incorpore al haber jubilatorio.

Proyectos en debate y el costo fiscal

En la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR), se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una evaluación del costo fiscal de prorrogar la moratoria y de aumentar el bono a 105 mil pesos, como proponen algunos proyectos. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que la OPC no puede analizar más de veinte proyectos en simultáneo y sugirió agruparlos en tres grandes líneas para facilitar el análisis.

Entre las iniciativas en discusión, destacan la prórroga de la moratoria por dos años, impulsada por diputados de Unión por la Patria y la izquierda, y un proyecto de jubilación proporcional presentado por Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), que busca garantizar un haber no inferior a la PUAM según los años de aportes. También se presentó una propuesta para extender la moratoria por diez años, aunque no contaría con el consenso necesario.

Según datos de la ANSES y la Defensoría de la Tercera Edad, más del 60% de las nuevas jubilaciones en los últimos años se otorgaron a través de moratorias, lo que evidencia la magnitud del problema estructural del sistema previsional argentino. El haber mínimo, que ronda los 171 mil pesos en mayo de 2025, se encuentra muy por debajo de la canasta básica para jubilados, estimada en más de 500 mil pesos mensuales según la Defensoría y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) [Página 12, 6/5/2025; CEPA, 4/2025].

Consecuencias y perspectivas

La falta de acuerdo sobre la extensión de la moratoria y el ajuste del bono profundizó la incertidumbre entre los adultos mayores, que ya enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. El Gobierno nacional, por su parte, evitó hasta ahora pronunciarse sobre la prórroga de la moratoria y el aumento del bono, priorizando el ajuste fiscal y la reducción del déficit, en línea con las exigencias del FMI.

El debate parlamentario de las próximas semanas será clave para definir si se avanza en una solución de emergencia o si se profundiza la crisis previsional. Mientras tanto, las organizaciones de jubilados anticiparon que continuarán las movilizaciones y los reclamos en las calles.

Puntos clave:

  • Diputados opositores avanzaron en un dictamen para prorrogar la moratoria previsional y aumentar el bono a jubilados.
  • La moratoria venció en marzo y dejó a miles de personas sin acceso a la jubilación mínima.
  • Organizaciones de jubilados denunciaron el deterioro de los haberes y reclamaron una reforma estructural.
  • El bono de 70 mil pesos permanece congelado desde diciembre de 2023, pese a la inflación.
  • El Gobierno priorizó el ajuste fiscal y evitó pronunciarse sobre la extensión de la moratoria.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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