Legislativo
Jubilaciones: la oposición busca consenso para extender la moratoria y aumentar el bono mínimo
Diputados de distintos bloques avanzaron en acuerdos para prorrogar la moratoria previsional y elevar el bono a jubilados, en medio de reclamos por el deterioro de los haberes y la falta de respuestas del Gobierno. El debate expuso la urgencia de una reforma estructural y la presión social creciente.
El Congreso frente a la urgencia previsional
La discusión sobre el futuro de las jubilaciones en Argentina volvió al centro de la escena política. Diputados de la oposición, entre ellos referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, anunciaron que firmarán la próxima semana un dictamen para extender la moratoria previsional y ajustar el bono que perciben quienes cobran el haber mínimo. La moratoria, que venció el 23 de marzo, permitió durante años que miles de personas en edad jubilatoria accedieran a una prestación mínima, regularizando deudas previsionales mediante un plan de pagos.
El debate se intensificó tras la ronda de consultas con especialistas y organizaciones de jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto social de dejar sin cobertura a quienes no reúnen los 30 años de aportes. Sin la moratoria, la única opción para quienes no cumplen con los requisitos es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa apenas el 80% del haber mínimo y excluye el derecho a pensión por viudez.
Reclamos sociales y críticas al Gobierno
Durante el plenario de comisiones, representantes de organizaciones de jubilados y pensionados expusieron la gravedad de la situación. Nora Biaggo, referente del Movimiento de Jubilados, denunció: “Estamos luchando por nuestro salario diferido, un aumento jubilatorio inmediato, una movilidad automática acorde a la inflación y al costo de vida, una jubilación universal y que todos los trabajadores pasen a blanco”. Biaggo también reclamó el fin de la intervención en el PAMI, que ya lleva 45 años, y exigió que el organismo sea dirigido por quienes aportan y utilizan el sistema.
Renee Girardi, del Frente de Adultos en Unidos y Organizados, fue contundente: “La situación de los jubilados sigue siendo pésima. Nuestra vida se deteriora junto con nuestra dignidad de personas, y hasta nos quitan la posibilidad de una muerte digna”. Girardi pidió un aumento de emergencia y la restitución de los medicamentos gratuitos, advirtiendo que la movilización social continuará mientras no haya respuestas.
Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma Nacional, subrayó la precariedad laboral y la insuficiencia del bono de 70 mil pesos, congelado desde diciembre de 2023. “Nada se puede discutir sin nosotros, que hemos construido las leyes jubilatorias y el sistema de salud que nos contiene”, afirmó Ruiz, y reclamó que el bono se incorpore al haber jubilatorio.
Proyectos en debate y el costo fiscal
En la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR), se solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una evaluación del costo fiscal de prorrogar la moratoria y de aumentar el bono a 105 mil pesos, como proponen algunos proyectos. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que la OPC no puede analizar más de veinte proyectos en simultáneo y sugirió agruparlos en tres grandes líneas para facilitar el análisis.
Entre las iniciativas en discusión, destacan la prórroga de la moratoria por dos años, impulsada por diputados de Unión por la Patria y la izquierda, y un proyecto de jubilación proporcional presentado por Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), que busca garantizar un haber no inferior a la PUAM según los años de aportes. También se presentó una propuesta para extender la moratoria por diez años, aunque no contaría con el consenso necesario.
Según datos de la ANSES y la Defensoría de la Tercera Edad, más del 60% de las nuevas jubilaciones en los últimos años se otorgaron a través de moratorias, lo que evidencia la magnitud del problema estructural del sistema previsional argentino. El haber mínimo, que ronda los 171 mil pesos en mayo de 2025, se encuentra muy por debajo de la canasta básica para jubilados, estimada en más de 500 mil pesos mensuales según la Defensoría y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) [Página 12, 6/5/2025; CEPA, 4/2025].
Consecuencias y perspectivas
La falta de acuerdo sobre la extensión de la moratoria y el ajuste del bono profundizó la incertidumbre entre los adultos mayores, que ya enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo y dificultades para acceder a medicamentos y servicios básicos. El Gobierno nacional, por su parte, evitó hasta ahora pronunciarse sobre la prórroga de la moratoria y el aumento del bono, priorizando el ajuste fiscal y la reducción del déficit, en línea con las exigencias del FMI.
El debate parlamentario de las próximas semanas será clave para definir si se avanza en una solución de emergencia o si se profundiza la crisis previsional. Mientras tanto, las organizaciones de jubilados anticiparon que continuarán las movilizaciones y los reclamos en las calles.
Puntos clave:
- Diputados opositores avanzaron en un dictamen para prorrogar la moratoria previsional y aumentar el bono a jubilados.
- La moratoria venció en marzo y dejó a miles de personas sin acceso a la jubilación mínima.
- Organizaciones de jubilados denunciaron el deterioro de los haberes y reclamaron una reforma estructural.
- El bono de 70 mil pesos permanece congelado desde diciembre de 2023, pese a la inflación.
- El Gobierno priorizó el ajuste fiscal y evitó pronunciarse sobre la extensión de la moratoria.
Legislativo
Tarifazo al frío: Milei les quita el subsidio de gas a 1,6 millones de familias en las puertas del invierno
Con el respaldo de sus aliados legislativos y una maniobra reglamentaria para neutralizar una sesión opositora centrada en los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, el oficialismo se anotó en la madrugada del miércoles un triunfo clave en su agenda de desmantelamiento del Estado de bienestar.
Diputados aprobó el recorte al régimen de zona fría: 1,6 millones de hogares perderán el subsidio de gas
★La Cámara de Diputados aprobó en la noche del miércoles, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto de ley del gobierno de Javier Milei que recorta el alcance geográfico del régimen de zona fría y elimina el subsidio al consumo de gas para 1.600.000 usuarios. La iniciativa fue girada al Senado, donde el Gobierno aguarda su sanción definitiva. La jornada parlamentaria insumió más de once horas y estuvo marcada por una disputa reglamentaria que el oficialismo utilizó como herramienta para evitar el debate sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni.
La maniobra: tapar a Adorni con el tarifazo
El miércoles convivieron en Diputados dos convocatorias a sesión. La oposición había solicitado una sesión con un temario centrado en la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, según consta en la causa que instruye el juez Ariel Lijo. El oficialismo respondió con una contraconvocatoria propia para tratar la ley de zona fría, consiguió el quórum de manera ajustada y, al instalarse primero, dejó sin efecto la sesión opositora. La superposición de convocatorias generó un debate reglamentario que demoró el inicio del tratamiento sustantivo en más de hora y media.
Qué cambia con la nueva ley
El nuevo régimen acota el beneficio a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, zonas consideradas de frío extremo. Con el esquema anterior, vigente desde la ley impulsada en 2021 por Máximo Kirchner, el subsidio alcanzaba a usuarios de buena parte del país con rebajas de entre el 30 y el 50 por ciento.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, precisó la semana pasada que 1.600.000 usuarios perderán el subsidio, mientras que 1.800.000 lo conservarán con un descuento superior al 75% sobre el consumo de los meses de invierno, bajo la órbita del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio quedará restringido a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos por familia tipo), personas con Certificado Único por Discapacidad, veteranos de guerra y habitantes de barrios populares.
Una diferencia técnica de impacto directo sobre el bolsillo: a partir de los cambios, se subsidiará el metro cúbico de gas consumido y no la totalidad de la factura, que incluye el cargo fijo. La ley también incorpora un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante períodos de emergencia tarifaria.
El contexto: ajuste sobre ajuste
La aprobación de esta ley no ocurre en el vacío. Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar destinado a servicios acumuló una suba superior al 525%, con el gas trepando un 748% y el transporte rozando el 900%, según datos del IIEP (UBA-CONICET). La eliminación del subsidio de zona fría para millones de hogares se suma a esa cadena de aumentos en un contexto donde la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% en marzo de 2026, según el INDEC.
En ese mismo escenario, la ley avanza mientras el gobierno sostiene compromisos con el FMI por un programa de Servicio Ampliado de 20.000 millones de dólares, firmado en abril de 2025, que exige superávit fiscal y acumulación de reservas. El ajuste energético forma parte de esa ecuación.
Las voces del debate
El diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA), presidente de la comisión de Energía, defendió la medida al sostener que los subsidios indiscriminados «llevaron a confundir sensibilidad social con desorden» y que «focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan». La diputada oficialista Silvana Giudici (LLA) cuestionó que los subsidios anteriores beneficiaron a «countries y mansiones» y a zonas de «frío templado» que no justificaban el gasto.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Paula Penacca (UxP) advirtió que el régimen impulsado por Kirchner «es justo, solidario y autosustentable» y que el nuevo esquema obligará a 4 millones de usuarios a recibir facturas con aumentos de «50, 30, 60 o hasta 100%». En la misma línea, Lucía Cámpora (UxP) alertó que «los argentinos tendrán que elegir entre comprar el medicamento que ya no les cubre PAMI o pagar las nuevas tarifas de gas». La fueguina Andrea Freites (UxP) calificó la ley vigente como «soberanía y federalismo real» y advirtió que los cambios distorsionarán un beneficio de más de veinte años.
El diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), habitual aliado del oficialismo en otras votaciones, rechazó el proyecto al señalar que «las provincias de la Patagonia son las que generan el gas y el combustible» y que eso obliga a defenderlas.
La referente del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que la medida prepara «un tarifazo enorme a las familias argentinas» y reivindicó «el derecho social a la energía» frente a un esquema que beneficia a empresas privadas del sector.
Los votos: cómo se armó la mayoría
El oficialismo consolidó su mayoría con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. La excepción entre los aliados habituales fueron los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de manera unánime, junto a nueve diputados de Provincias Unidas (entre ellos cordobeses y santafesinos) y representantes de San Luis y Córdoba afectados por el recorte.
La sesión también aprobó, con 138 votos a favor, la denominada Ley Hojarasca, iniciativa del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que deroga más de 70 normas consideradas obsoletas.
Puntos clave
- Diputados aprobó con 132 votos el recorte al régimen de zona fría; el proyecto pasa al Senado.
- 1.600.000 usuarios perderán el subsidio al gas en las vísperas del invierno.
- El oficialismo bloqueó una sesión opositora sobre los escándalos judiciales de Adorni para instalar su propia agenda.
- La medida profundiza un ciclo de aumentos tarifarios que acumula más del 525% en servicios desde diciembre de 2023.
- El ajuste energético responde a las metas de superávit fiscal comprometidas con el FMI en el acuerdo por 20.000 millones de dólares.
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