Gremiales
La Justicia frenó la reforma laboral de Milei y protege los convenios en comercio
Un juzgado federal de San Martín suspendió dos artículos de la Ley de Modernización Laboral que amenazaban los convenios colectivos y el financiamiento sindical del sector. La medida rige por seis meses mientras se debate la constitucionalidad de la norma.
★ La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra los derechos laborales encontró otro freno judicial. La Justicia federal de San Martín suspendió la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) en el sector del comercio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín en el marco de una acción de amparo contra el Estado Nacional, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La amenaza concreta: convenios y financiamiento sindical en riesgo
El planteo sindical advirtió que la aplicación de las normas impugnadas podía afectar directamente la continuidad de los convenios colectivos de trabajo, incluido el histórico CCT 130/75, y reducir de forma significativa los recursos de las organizaciones gremiales. El punto más sensible: el tope del 2% a los aportes sindicales, una restricción que el sector consideró lesiva para el sostenimiento de los servicios sociales y de salud que las organizaciones brindan a sus afiliados.
El juzgado evaluó que la entrada en vigencia de los artículos cuestionados podría impactar de manera directa en el financiamiento sindical y en la prestación de esos servicios, y consideró que existían elementos suficientes para acreditar tanto la verosimilitud del derecho invocado como el riesgo de perjuicio inminente, dado que el acuerdo paritario del sector vencía el 31 de marzo.
Alcance de la medida
La resolución judicial dispuso la suspensión de los artículos 131 y 133 respecto del CCT 130/75 y de otros acuerdos vinculados, y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicarlos en ese ámbito. Asimismo, estableció que deben mantenerse vigentes todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales, incluidas las referidas a aportes sindicales.
La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, mientras el juzgado resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados. No es la primera vez que la reforma laboral del gobierno libertario enfrenta cuestionamientos judiciales: otros sindicatos y centrales obreras presentaron impugnaciones similares en distintas jurisdicciones del país.
Una ley bajo fuego
La Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Ejecutivo nacional como parte de su programa de desregulación, fue resistida desde su sanción por el movimiento sindical, que la identificó como un ataque directo a la negociación colectiva y a la autonomía gremial. El fallo de San Martín suma un nuevo capítulo a esa disputa y deja en evidencia que la reforma enfrenta serias objeciones jurídicas que deberán resolverse en los tribunales.
Puntos clave:
- La Justicia federal de San Martín suspendió los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802
- La medida fue solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín
- Quedan protegidos el CCT 130/75 y otros acuerdos vinculados, incluidos los aportes sindicales
- El juzgado citó riesgo de perjuicio inminente ante el vencimiento paritario del 31 de marzo
- La cautelar rige seis meses; resta resolver la constitucionalidad de fondo
Espectáculos 🎭
BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales
El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.
La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.
El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.
Qué reclama el gremio
Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.
El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.
La respuesta de la UPSRA
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.
El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.
La provincia intervino con una conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.
Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.
Un conflicto que no es nuevo
Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.
El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.
Lo que tenés que saber:
- SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
- El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
- La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
- El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
- SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.
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