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Gremiales

La Justicia frenó la reforma laboral de Milei y protege los convenios en comercio

Un juzgado federal de San Martín suspendió dos artículos de la Ley de Modernización Laboral que amenazaban los convenios colectivos y el financiamiento sindical del sector. La medida rige por seis meses mientras se debate la constitucionalidad de la norma.

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El Argentino Diario-Javier Milei y el globo que se desinfla.

★ La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra los derechos laborales encontró otro freno judicial. La Justicia federal de San Martín suspendió la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) en el sector del comercio, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín en el marco de una acción de amparo contra el Estado Nacional, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La amenaza concreta: convenios y financiamiento sindical en riesgo

El planteo sindical advirtió que la aplicación de las normas impugnadas podía afectar directamente la continuidad de los convenios colectivos de trabajo, incluido el histórico CCT 130/75, y reducir de forma significativa los recursos de las organizaciones gremiales. El punto más sensible: el tope del 2% a los aportes sindicales, una restricción que el sector consideró lesiva para el sostenimiento de los servicios sociales y de salud que las organizaciones brindan a sus afiliados.

El juzgado evaluó que la entrada en vigencia de los artículos cuestionados podría impactar de manera directa en el financiamiento sindical y en la prestación de esos servicios, y consideró que existían elementos suficientes para acreditar tanto la verosimilitud del derecho invocado como el riesgo de perjuicio inminente, dado que el acuerdo paritario del sector vencía el 31 de marzo.

Alcance de la medida

La resolución judicial dispuso la suspensión de los artículos 131 y 133 respecto del CCT 130/75 y de otros acuerdos vinculados, y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicarlos en ese ámbito. Asimismo, estableció que deben mantenerse vigentes todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales, incluidas las referidas a aportes sindicales.

La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, mientras el juzgado resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados. No es la primera vez que la reforma laboral del gobierno libertario enfrenta cuestionamientos judiciales: otros sindicatos y centrales obreras presentaron impugnaciones similares en distintas jurisdicciones del país.

Una ley bajo fuego

La Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Ejecutivo nacional como parte de su programa de desregulación, fue resistida desde su sanción por el movimiento sindical, que la identificó como un ataque directo a la negociación colectiva y a la autonomía gremial. El fallo de San Martín suma un nuevo capítulo a esa disputa y deja en evidencia que la reforma enfrenta serias objeciones jurídicas que deberán resolverse en los tribunales.

Puntos clave:

  • La Justicia federal de San Martín suspendió los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802
  • La medida fue solicitada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín
  • Quedan protegidos el CCT 130/75 y otros acuerdos vinculados, incluidos los aportes sindicales
  • El juzgado citó riesgo de perjuicio inminente ante el vencimiento paritario del 31 de marzo
  • La cautelar rige seis meses; resta resolver la constitucionalidad de fondo

Denuncia

ATE denuncia una nueva ola de despidos en Capital Humano bajo el decreto de Sturzenegger

La Asociación Trabajadores del Estado advirtió que el decreto 378/2026 habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 agentes de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. La octava ola de despidos en el Estado avanza en plena porosidad del Gobierno por el caso Adorni.

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El Argentino Diario-Federico Sturzenegger.
Sturzenegger avanza sobre Capital Humano mientras el Gobierno oculta la magnitud del desguace estatal.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el decreto 378/2026, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello el 22 de mayo, habilitará el pase a disponibilidad de al menos 400 trabajadores de las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. Es la octava embestida contra el empleo públçico desde el inicio de la gestión libertaria y llega en plena crisis política del Gobierno por el caso Adorni.

El ministerio de Federico Sturzenegger no para. Mientras el Gobierno enfrenta una turbulencia política sin precedentes por la investigación judicial que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la maquinaria de desguace estatal sigue funcionando a pleno. Este viernes, ATE convocó a una conferencia de prensa frente al edificio del Ministerio de Capital Humano para denunciar públicamente lo que los gremios estatales calificaron como una nueva ola de cesantías masivas, la octava desde diciembre de 2023.

El decreto que habilitó la poda

El decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo, establece la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada jurisdicción”. Fuentes del sindicato consultadas por este medio explicaron que, en la práctica, la norma eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías bajo la órbita de Pettovello: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia. “Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, detallaron desde ATE.

El delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, precisó que el expediente ya se encontraba “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”. “Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, explicó.

El rastro de la motosierra en Capital Humano

El contexto no es nuevo, pero su magnitud es creciente. Según confirmaciones gremiales, el Ministerio de Capital Humano ya aportó al menos 10.000 trabajadores de los más de 60.000 despidos estatales acumulados desde el inicio de la gestión Milei. La nueva ola, advirtieron gremios como UPCN y ATE, podría sumar otros 400 pases a disponibilidad en lo inmediato, con proyecciones que los sindicatos ubican por encima del millar si se considera el alcance total de la reestructuración.

Detrás de la decisión, según fuentes sindicales y periodistas especializados, se ve la mano del Ministerio de Desregulación. Pettovello, indican fuentes con acceso a la interna del gabinete, aceptó el rediseño que le impuso Sturzenegger con la misma resignación con la que aceptó los recortes de programas sociales ordenados por Luis “Toto” Caputo. La poda presupuestaria vinculada a la reestructuración administrativa alcanza los 2.597.505.424 pesos anuales, equivalentes a unos 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, de acuerdo a documentos internos de la cartera.

Doble vara y acusación de evasion fiscal

Desde ATE no solo se resistio el ajuste sobre los puestos de trabajo, sino que se señaló una contradicción que el Gobierno evita explicar. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores. Además, utilizan el Estado para evadir impuestos”, cuestionaron fuentes del sindicato. La referencia apunta directamente a las modificaciones en materia de régimenes de información impulsadas por el Gobierno, que organismos de economistas como el Foro Economía y Trabajo calificaron como un mecanismo que “vació de datos al fisco” y protege la fuga de capitales.

Retiros voluntarios como antesala de los despidos

Mientras tanto, fuentes libertarias confirmaron que en distintos organismos estatales ya se impulsan esquemas de retiro voluntario para achicar la planta de personal. “Es el paso previo a los despidos”, admitieron desde el entorno de La Libertad Avanza, en una caracterización que expone la lógica de la estrategia: desgaste paulatino, presión sobre los trabajadores para que “voluntariamente” abandonen sus puestos antes de que llegue la cesantía formal.

Los dirigentes de ATE precisaron que durante la conferencia de prensa darán a conocer las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para frenar la reestructuración. El ministro Sturzenegger no respondió a las consultas periodistícas al cierre de esta edición.

Puntos clave

  • El decreto 378/2026 eliminó las áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano; al menos 400 trabajadores de planta permanente quedan en riesgo de pase a disponibilidad.
  • Es la octava ola de despidos en el Estado desde el inicio de la gestión Milei; el ministerio de Pettovello ya perdió al menos 10.000 trabajadores.
  • La reestructuración fue diseñada por el ministerio de Sturzenegger e impuesta sobre Capital Humano, con un recorte presupuestario estimado en 2.597 millones de pesos anuales.
  • Fuentes libertarias admitieron que los retiros voluntarios en marcha en distintos organismos son el paso previo a nuevas cesantías formales.
  • ATE denunció una doble vara: el Gobierno persigue a los trabajadores mientras Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal para proteger a los evasores.
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