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Gremiales

Paro de pilotos el 10 de junio: denuncian atraso salarial y desinversión

Reclaman atraso salarial y falta de inversión.

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Denuncian incumplimientos contractuales, precarización operativa y ausencia de una política aérea. La empresa acusa “motivaciones políticas”.

Una nueva tensión en el sector aerocomercial

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció este lunes que el martes 10 de junio llevará adelante un paro de actividades entre las 18 y las 2 de la madrugada del día siguiente, medida que impactará directamente en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

El conflicto pone en evidencia una escalada de tensiones en el sector aerocomercial, en un contexto de ajuste estatal, recorte de subsidios y desinversión pública, agravado por la falta de diálogo con el gobierno nacional.

La medida fue comunicada oficialmente a través de la cuenta del sindicato en la red X, donde el gremio expresó su preocupación por un “contexto extremadamente crítico” para la industria.

Las razones del paro, según APLA

El sindicato que lidera Pablo Biró enumeró los motivos que llevaron a esta medida de fuerza, entre ellos:

Incumplimientos convencionales por parte de la empresa. Retraso salarial prolongado, sin actualización conforme a la inflación. Ausencia de un plan de desarrollo profesional. Falta de una estrategia sostenible para la aerolínea. Modificaciones unilaterales en procesos y programación. Fallas técnicas recurrentes en las aeronaves, producto de la falta de inversión.

Las decisiones tomadas con liviandad no contemplan el impacto negativo de sus consecuencias”, denunció APLA en su comunicado.

La medida afectará los vuelos programados desde Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que podría provocar demoras y cancelaciones en plena semana previa a un fin de semana largo.

La respuesta de Aerolíneas: “Motivaciones políticas”

Desde Aerolíneas Argentinas respondieron rápidamente a la convocatoria del paro, cuestionando su legitimidad. Voceros de la empresa afirmaron que, habiendo cerrado un acuerdo paritario hace apenas semanas, el paro responde más a fines políticos que laborales.

“La compañía continúa abierta a buscar soluciones para evitar perjuicios a los pasajeros”.

En línea con el discurso oficial del gobierno, la empresa desliza que detrás del conflicto se esconde una estrategia opositora de los gremios aeronáuticos, históricamente enfrentados con las políticas de ajuste y privatización que impulsa el presidente Javier Milei.

El rol (ausente) del Estado

La incógnita ahora gira en torno a la Secretaría de Trabajo: ¿intervendrá para dictar la Conciliación Obligatoria y desactivar la medida, o mantendrá la postura del “dejar hacer” que ya adoptó en conflictos previos?

Desde diciembre, el gobierno nacional evitó intervenir en varios conflictos laborales, dejando que las huelgas se realicen sin mediación oficial. Esto, según analistas, forma parte de una estrategia para deslegitimar la acción sindical y exponer a los gremios al malestar social que generan los paros.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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