Buenos Aires
Kicillof encabezó la entrega de viviendas y escrituras
Además, el Gobernador distribuyó netbooks en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 18 viviendas y 187 escrituras gratuitas en beneficio de familias del municipio de Rauch. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Maximiliano Suescun.
En ese marco, Kicillof destacó que “quienes nos hablan de la libertad como si fuera una cuestión basada en el individualismo deberían recorrer la provincia de Buenos Aires para comprender cuáles son los verdaderos problemas de nuestro pueblo”. “Aquí nadie nos pide privatizar todo ni destruir el Estado: cada vivienda nueva es una realización para una familia bonaerense, pero es también un logro de toda la comunidad”, añadió.
“No se trata de recurrir a teorías extranjeras que no se aplican en ningún lado, sino de cumplir con la Constitución Nacional que consagra al acceso a la vivienda digna como un derecho”, expresó el Gobernador y señaló: “A pesar de que el Gobierno nacional nos quiera asfixiar, nosotros vamos a seguir construyendo casas, entregando escrituras y ampliando derechos porque no solo leímos la Constitución, también la cumplimos”.
Las viviendas ubicadas en el Barrio UDER fueron construidas mediante una inversión de $545 millones del Programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios y completan un proyecto de 40 soluciones habitacionales. Al respecto, Batakis afirmó: “Este es el resultado del trabajo articulado que lleva adelante el Gobierno bonaerense con todos los municipios para ampliar derechos y dar respuestas efectivas a las necesidades de los vecinos y vecinas”.
Asimismo, en el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se otorgaron 187 escrituras a familias de los barrios Autoconstrucción Pam y 20 Obreros Unidos. “Llevamos gestionadas más de 130 mil escrituras gracias a la decisión política del gobernador Kicillof de poner la Escribanía General de Gobierno al servicio del pueblo”, explicó Mena y sostuvo: “No estamos regalando nada, estamos garantizando el derecho a la propiedad que le corresponde a todas las familias bonaerenses”.
Durante la jornada se distribuyeron también 30 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense para estudiantes de tres instituciones educativas del distrito y se anunció una inversión de $90 millones para, en el marco del programa Puentes, realizar la ampliación de un edificio destinado al Centro Universitario del municipio. “En este momento en el que a la política se le demanda más empatía, estamos haciendo lo que tenemos que hacer: trabajar de manera conjunta para dar respuestas eficientes”, manifestó el intendente Suescun.
Por último, Kicillof resaltó que “en la provincia de Buenos Aires a los discursos de odio les picamos el boleto: no vinimos a Rauch ni a discutir ni a polemizar; vinimos a trabajar con un intendente que pertenece a otro partido político y a demostrar, con hechos y en la práctica, lo que se puede lograr apostando por el federalismo, la tolerancia y, sobre todo, el reconocimiento de los derechos”.
Estuvieron presentes los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza, y de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Luis Zerillo; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el subadministrador general del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la diputada provincial Marcela Basualdo; las concejalas María de los Ángeles Lamarche, Luciana Guzmán y Florencia Eluaiza; los concejales Jorge Barrena, Alberto Manuel Martín y Luciano Barberis, y la dirigenta local Juliana Petreigne.
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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