La escuela pública, que ya arrastra serias dificultades en la calidad educativa que brinda, alberga en total a 7.485.142 alumnos en todo el país, y ahora tuvo que abrir las puertas a alumnos provenientes del colegio privado cuyos padres no pueden afrontar los aumentos superiores al 50% que se aplicaron al reanudar las clases sobre lo que pagaban en diciembre.

El drenaje de la matrícula privada hacia la pública no es nuevo, sino que viene de 2019, cuando en la Capital Federal, primer cordón del conurbano bonaerense y La Plata descendió de 1,16 millones de alumnos de comienzo de 2019 a 910 mil al 30 de septiembre del mismo año.

O sea, que migraron unos 250 mil estudiantes netos, de acuerdo con los datos elaborados por los investigadores Ianina Tuñón y Matías Maljar

El último dato sobre la cantidad de niños y adolescentes que concurren a escuelas privadas es que hasta 2023 llegaba a 2.960.630.

La ONG Defendamos Buenos Aires atribuye a la crisis económica que unos 150.000 alumnos primarios y secundarios en Capital y 100.000 en el primer cordón bonaerense se pasaran de la educación privada a la estatal, lo que le significó una merma del 22 por ciento del total de matriculados a la primera y un incremento en igual proporción a la segunda.

Hay 3.200 establecimientos primarios y secundarios de gestión privada, entre ambos distritos de AMBA; Palermo, Belgrano y Barrio Norte registraron una pérdida promedio de 30.000 estudiantes cada uno.

En tanto Pilar, Morón y Ramos Mejía, en el conurbano, tuvieron una caída promedio de 24.000 estudiantes.

Con la particularidad, asimismo, de que unos 4000 docentes, entre maestros y especializados y regulares en ambos niveles educativos, perdieran su trabajo.

Los ingresos no dan
El nudo del conflicto está conformado por los salarios, los ajustes y la inflación y se complicó por las disputas entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores.

El voucher educativo que se instrumentó intenta, en principio, evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales.

Busca no discontinuar o modificar su trayectoria educativa, sino aportar una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con aporte estatal.

La medida, en realidad, apunta, en todo lo posible, que se produzca una sobrecarga de estudiantes en la endeble educación pública. “Patear la pelota”, sería el argumento subyacente.

Pueden gestionarlo los que encuadren en un ingreso máximo familiar de $1,4 millones, ser parte de una escuela que tenga un aporte estatal que supere el 75% por ciento y que la cuota no supere los $54.396.

El tope que otorgará el «Programa de Asistencia de Vouchers Educativos» es de $27.198 por hijo.

Cálculos oficiales indican que unas 2700 escuelas bonaerenses quedarían alcanzadas: unos 800 mil alumnos.

En la Ciudad de Buenos Aires son 267 las escuelas en las que las familias estarían en condiciones de recibir el beneficio.

Y se prevé que potencialmente puede alcanzar a casi dos millones de personas en todo el país, pero en general las redes burocráticas suelen filtrar bastante los accesos.

De todos modos, el reacomodamiento educativo actual ha sido consecuencia directa de la brusca redistribución de los ingresos que provocaron la devaluación y las medidas de ataque al déficit fiscal que se aplican desde diciembre, si bien se explica en la base heredada de la anterior administración.

Tres de cada diez escuelas privadas ya calificaban como pobres, según datos de la Universidad Católica Argentina: el 26,8% de los estudiantes de esas instituciones laicas se encontraban en situación de pobreza; que llegan al 33,9% incluyendo colegios parroquiales o religiosos. Totalizaban al segundo semestre de 2023 alrededor de 356 mil entre primaria y secundaria, que suponían una leve mejora con respecto a las cifras de 2022.

Es obvio que si para este renglón socioeconómico ya representaba el año pasado un gran esfuerzo afrontar la cuota en un establecimiento de gestión privada, con el impacto del ajuste en marcha a muchos les significó directamente quedar excluidos.

Peor aún es en ese aspecto la situación en las instituciones de gestión estatal, donde 7 de cada 10 alumnos (71,6%, o sea más del doble) son pobres, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El dato abarca a niños y adolescentes de 0 a 17 años que asisten a establecimientos educativos, según el informe “Caracterización de la población de niños/as y adolescentes escolarizados según el tipo de gestión educativa”.

Para 2023, el documento estimaba que 6 de cada 10 chicos argentinos (62,9%) son pobres y que el 16,2% se encuentra en situación de indigencia.

Hasta esta última camada de migración de las escuelas privadas a las públicas, aún no ponderada oficialmente, los niños y adolescentes escolarizados se repartían en un 72,4% a establecimientos de gestión estatal y el restante 27,6% a privada.

El porcentaje baja mucho en CABA, donde ronda el 51% la asistencia a colegios públicos, mientras que se ubica en torno al 67% en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, según datos del último Relevamiento Anual elaborado por el Ministerio (ahora Secretaría) de Educación de la Nación.

Tiene mucho que ver con esas proporciones la oferta de educación privada en las grandes ciudades.

De los tres niveles obligatorios (inicial, primario y secundario), el jardín de infantes es el que tiene los mayores porcentajes de matrícula en el sector de gestión privada.

En líneas generales, los alumnos de escuelas privadas tienen un nivel socioeconómico más alto que los que concurren a las estatales. Se advierte claramente en los estamentos de mayor poder adquisitivo, donde los aumentos en las cuotas no afectaron en lo más mínimo la matrícula.

La Encuesta Mensual de Educación Privada de niveles primario y secundario que implementa la ONG es una actualización de la que realizaron al 30 de junio de 2019.

En aquel momento dieron cuenta de que 150 mil alumnos de Capital y Provincia habían pasado de la educación privada a la pública producto de la recesión y la crisis. Esto representaba el 13 por ciento del total de la matrícula.

Del 72% de los estudiantes concurren a escuelas de gestión estatal, el 66% van nivel inicial, 76% al primario, 75% al ciclo básico de la secundaria, 67% al ciclo orientado de la secundaria y 55% al nivel superior no universitario.

La distribución de los alumnos en escuelas de gestión estatal y privada muestra una gran heterogeneidad y divergencia entre las jurisdicciones.

División según las clases sociales
Así como la Ciudad de Buenos Aires tiene un sector privado similar al de Chile, con casi el 50% de los alumnos, Chaco, Formosa o La Rioja cuentan con menos del 10% de su matrícula en escuelas privadas.

De acuerdo con el análisis de la cuestión realizado por Rivas (2010), las disparidades entre las provincias permiten observar al menos tres tendencias regionales: las más pobladas son las que tienen mayor proporción de educación privada, lo cual demuestra el fuerte componente urbano del desarrollo del sector.

En la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, casi un tercio de los alumnos asiste a escuelas privadas.

Un segundo grupo de provincias abarca a la mayor parte del NEA y NOA, con altos niveles de pobreza y una oferta mayoritariamente estatal.

El tercer grupo de provincias es el que tiene bajos niveles de pobreza y alta proporción de alumnos en escuelas estatales.

Allí se encuentran las provincias patagónicas, que parecen contener a sus alumnos en escuelas estatales gracias al alto financiamiento educativo que logran garantizar en base a los beneficios del reparto de los recursos fiscales que tiene esta región despoblada del país.

La gran brecha existente entre el sector estatal y privado se reflejaba en que el 92% del tercil de menores ingresos asiste a escuelas públicas y el 58% del tercil de mayores ingresos, a escuelas privadas, lo que en términos generales muestra una sociedad donde sus estratos más altos se educan mayoritariamente en escuelas privadas y sus sectores más pobres asisten casi exclusivamente a escuelas estatales.

Un caso particular respecto de la asistencia a escuelas privadas y estatales lo muestra la Ciudad de Buenos Aires, donde, de acuerdo con el informe de Rivas (op.cit), el tercil de menores ingresos asiste al sector privado en mayor proporción que el tercil de mayores ingresos de las provincias de Chaco, Formosa, Neuquén y Santa Cruz.

Esto indica que la Ciudad de Buenos Aires constituye un caso único entre las jurisdicciones del país, donde el contexto plenamente urbano y su grado de desarrollo social, económico y cultural se traducen en una extendida oferta de educación privada.

Incluso, llama la atención que esto ocurra en la jurisdicción que tiene los mejores resultados de calidad del país en sus escuelas estatales y donde casi la mitad de ellas ofrece jornada completa.