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Educación

La UBA recorta gastos ante falta de fondos

La Universidad de Buenos Aires implementa medidas de austeridad que afectan a estudiantes, docentes y personal, mientras busca alternativas de financiamiento ante un recorte presupuestario.

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Una alta fuente del rectorado de la UBA dijo: “No hay más plata en serio”. La frase refleja la gravedad de la situación, marcada por la paralización parcial de la universidad y restricciones presupuestarias impuestas desde la administración de Javier Milei.

Según el secretario de Hacienda, Matías A. Ruiz, se firmó un plan de restricción de gastos operativos “sin precedentes en años recientes, incluso frente a anteriores crisis económicas del país”.

Medidas que impactan a la comunidad universitaria

Entre las principales limitaciones se destacan:

  • Prohibición del uso de los servicios de aire acondicionado (frío/calor) en edificios universitarios, excepto en hospitales universitarios y sectores donde sea imprescindible para equipos o infraestructura tecnológica.
  • Restricción del uso de ascensores: solo podrán utilizarlos personas con movilidad reducida o en casos de asistencia o emergencia.
  • Prohibición del uso de gas en calderas, salvo en hospitales universitarios y áreas críticas para el funcionamiento de equipos e infraestructura tecnológica.
  • Convocatorias a programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria condicionadas a la disponibilidad efectiva de presupuesto.
  • Limitación de las acciones del Programa UBA en Acción a actividades financiadas por organismos externos o aportes privados.

Estas restricciones permanecerán mientras el veto que motivó el recorte presupuestario no sea rechazado por las autoridades legislativas, por lo que podrían extenderse durante todo el cuatrimestre en curso.

Consecuencias para la universidad

La medida pone en jaque el funcionamiento académico y de investigación de la UBA, una de las principales casas de altos estudios de la región. Además, amenaza la continuidad de proyectos científicos y obliga a la comunidad universitaria a buscar financiamiento externo de manera urgente.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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