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Organizaciones sociales y piqueteros protestaron en Plaza de Mayo

Reivindicaron sus banderas «en defensa del salario y el trabajo genuino» y en rechazo a la «criminalización de la protesta social».

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Organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras de izquierda realizaron hoy una jornada de protestas, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño y en Plaza de Mayo, donde reivindicaron sus banderas «en defensa del salario y el trabajo genuino» y en rechazo a la «criminalización de la protesta social», entre otras demandas.

La actividad se inició esta mañana en la zona de Tribunales, donde referentes de Unidad Piquetera (UP) junto con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar «la criminalización de la protesta social» y una serie de «persecuciones» contra organizaciones sociales.

«Estamos denunciando más de 50 allanamientos que se realizaron contra sedes de las organizaciones sociales en distintos barrios populares del país. Quieren criminalizar la protesta y nuestras posturas en contra del ajuste», señaló en diálogo con Télam el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

Además de esta actividad, militantes de la UP se concentraron en simultáneo en diversos puntos de la ciudad: frente al Ministerio de Trabajo y al de Desarrollo Social y desde allí marcharon luego hacia Plaza de Mayo.

UP está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

En las últimas semanas, los piqueteros vienen reclamando una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el pago de un bono «de $20 mil a jubilados y jubiladas que cobran la mínima, a los monotributistas A y B y a los que cobran un Potenciar Trabajo».

Por su parte, luego de la actividad en Tribunales, la UTEP, conformada por Barrios de Pie, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, se movilizó y concentró en el Obelisco.

«La de hoy es una nueva jornada de lucha», escribió en su cuenta de Twitter Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie.

El Frente Popular Darío Santillán, la CTA-A y otras organizaciones sociales concretaron asambleas en el Obelisco y en otros 300 puntos del país «como continuidad de la jornada de lucha en reclamo de la implementación de un salario básico universal».

Las asambleas votaron a favor de continuar el plan de lucha el próximo 7 de agosto en la tradicional movilización de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

También aprobaron «un pliego reivindicativo de siete leyes, que incluye el Salario Universal» y advirtieron que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades, «continuarán las asambleas y las concentraciones la semana siguiente».

«La clase trabajadora no puede garantizar la comida en sus casas. Necesitamos un salario básico universal para quienes están desprotegidos», expresó Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP.

Recordó que los trabajadores de la economía popular «se pusieron al hombro la batalla contra el coronavirus y eso hizo que muchas compañeras perdieran la vida», sin embargo, advirtió, «no hay respuestas para nuestro sector».

A las movilizaciones de hoy se sumó también la que hicieron los trabajadores nucleados en Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO, integrante del MTE en la UTEP), quienes se desplazaron desde Plaza Miserere hasta el Obelisco y realizaron un corte parcial sobre la avenida Rivadavia.

«Con la lucha ganamos el aguinaldo para el plan Potenciar Trabajo, 11.000 pesos para todos y todas las y los beneficiarios pero debemos seguir en las calles para lograr el Salario Básico Universal», dijo a esta agencia Luzmery Villanueva, titular de VAIO.

Las columnas de las organizaciones confluyeron en varios tramos de la Avenida 9 de Julio con sus consignas de «trabajo genuino, aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos, asistencia económica para familias de desocupados y jubilados y herramientas para beneficiarios del Potenciar Trabajo».

Las protestas también se replicaron en varias provincias, con movilizaciones y asambleas en puntos neurálgicos.

Por otra parte, con demandas similares a las de UP, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), encabezado por Raúl Castells, realizó cortes parciales al tránsito en la rotonda del Puente La Noria que comunica con el sur del Gran Buenos Aires.

«Estamos reclamando la reapertura para los cupos del Plan Potenciar Trabajo y un bono de 11 mil pesos para todos los jubilados y jubiladas porque con la situación económica no pueden vivir así», dijo Castells a Télam.

De igual manera, otro de los movimientos que marchó hoy a Plaza de Mayo fue el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que, previamente, se concentró en Avenida de Mayo y 9 de Julio con consignas a favor de que «la crisis la paguen los ricos, antes que ajustar a los más pobres para pagar una deuda ilegítima con el FMI».

En Córdoba, Barrios de Pie, Libres del Sur, sectores de izquierda y la FOL se movilizaron por las principales arterias de la capital provincial en «rechazo al ajuste del FMI, por el salario universal y por la no criminalización de la lucha piquetera».

También se pidió «aumento del salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación» y se rechazaron desalojos en lugares como el barrio Chingolo.

De igual manera en Río Negro, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán marcharon por el Alto Valle de Río Negro, en reclamo del salario básico universal, mientras que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) realizó un corte en la ruta provincial 22.

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La defensa del Pity Álvarez denunció riesgo de vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño

Con 34 testigos ya escuchados y dos pendientes, declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César, mientras el músico, internado en una clínica de Castelar, sigue el debate por Zoom. La defensa denunció riesgo para su vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño.

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Con 34 testigos escuchados y apenas dos pendientes, el juicio por el crimen de Cristian Díaz entra en su tramo final con un acusado internado en una clínica psiquiátrica y una defensa que advierte por su vida. Este lunes se desarrolla la audiencia número 16, en la que declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César.

El músico Cristian “Pity” Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El debate se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, y la jornada comenzó a las 11.30 con testimonios por Zoom.

Quiénes declaran en la audiencia 16

Fueron convocados los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio y el sacerdote César Scicchitano Tagle, el Padre César o “cura rockero”, quien mantiene desde hace años un vínculo cercano con el músico. Su declaración es una incógnita, porque informó que por la tarde un familiar será sometido a una operación y podría postergarse.

Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, a la que fue trasladado tras pasar por el Hospital Tornú, y sigue el juicio por Zoom. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, se dividieron las tareas: Baños está en Tribunales y Queijeiro lo acompaña en la clínica. Se espera además que el propio acusado declare, y que el Tribunal fije próximamente la fecha de los alegatos, etapa en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.

El reclamo de la defensa al Tribunal Superior

En la previa de la audiencia, Baños y Queijeiro difundieron un comunicado en el que advierten sobre riesgos “para la vida y salud” del músico y piden la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Informan que tramitan tres recursos de queja, presentados tras la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de hábeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de su aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral N° 29.

La defensa denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. También cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal, al que acusa de presunto ocultamiento de pruebas y falta de objetividad, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados. El comunicado aclara que deja a salvo el buen nombre de los tres jueces y del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Sandro Abraldes, quien tomó vacaciones durante el debate. Se trata de planteos de la defensa, que aún no fueron resueltos.

Lo que resolvió la Justicia hasta ahora

El Tribunal rechazó los pedidos de la defensa para suspender el debate y avaló un informe que considera al músico apto para afrontar el juicio. Al mismo tiempo, el Juzgado Civil N° 4 había convalidado su internación por 90 días, a partir de un informe de la Clínica Dharma que señala que presenta “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”. Una misma persona es considerada apta para ser juzgada y, a la vez, en riesgo cierto e inminente que justifica su internación.

En la audiencia anterior, el miércoles 21 de octubre, declararon cinco testigos de identidad reservada: un empleado de un kiosco, una kinesióloga y tres vecinos del barrio Samoré, de Villa Lugano. Según se informó, las cinco declaraciones fueron favorables a la postura de la defensa, que sostiene que el músico actuó en legítima defensa.

Lo que tenés que saber:

  • La audiencia 16 del juicio por el crimen de Cristian Díaz comenzó a las 11.30 ante el Tribunal Oral N° 29.
  • Declaran los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Mercurio y el Padre César, cuyo testimonio podría postergarse.
  • Ya declararon 34 testigos y restan dos; el Tribunal podría fijar la fecha de los alegatos.
  • Álvarez está internado desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar y sigue el juicio por Zoom.
  • La defensa denuncia riesgo para su vida y reclama la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño.
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