CABA
Organizaciones sociales y piqueteros protestaron en Plaza de Mayo
Reivindicaron sus banderas «en defensa del salario y el trabajo genuino» y en rechazo a la «criminalización de la protesta social».
Organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras de izquierda realizaron hoy una jornada de protestas, que tuvo su epicentro en el Obelisco porteño y en Plaza de Mayo, donde reivindicaron sus banderas «en defensa del salario y el trabajo genuino» y en rechazo a la «criminalización de la protesta social», entre otras demandas.
La actividad se inició esta mañana en la zona de Tribunales, donde referentes de Unidad Piquetera (UP) junto con dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar «la criminalización de la protesta social» y una serie de «persecuciones» contra organizaciones sociales.
«Estamos denunciando más de 50 allanamientos que se realizaron contra sedes de las organizaciones sociales en distintos barrios populares del país. Quieren criminalizar la protesta y nuestras posturas en contra del ajuste», señaló en diálogo con Télam el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.
Además de esta actividad, militantes de la UP se concentraron en simultáneo en diversos puntos de la ciudad: frente al Ministerio de Trabajo y al de Desarrollo Social y desde allí marcharon luego hacia Plaza de Mayo.
UP está integrada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.
En las últimas semanas, los piqueteros vienen reclamando una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el pago de un bono «de $20 mil a jubilados y jubiladas que cobran la mínima, a los monotributistas A y B y a los que cobran un Potenciar Trabajo».
Por su parte, luego de la actividad en Tribunales, la UTEP, conformada por Barrios de Pie, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, se movilizó y concentró en el Obelisco.
«La de hoy es una nueva jornada de lucha», escribió en su cuenta de Twitter Silvia Saravia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie.
El Frente Popular Darío Santillán, la CTA-A y otras organizaciones sociales concretaron asambleas en el Obelisco y en otros 300 puntos del país «como continuidad de la jornada de lucha en reclamo de la implementación de un salario básico universal».
Las asambleas votaron a favor de continuar el plan de lucha el próximo 7 de agosto en la tradicional movilización de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
También aprobaron «un pliego reivindicativo de siete leyes, que incluye el Salario Universal» y advirtieron que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades, «continuarán las asambleas y las concentraciones la semana siguiente».
«La clase trabajadora no puede garantizar la comida en sus casas. Necesitamos un salario básico universal para quienes están desprotegidos», expresó Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP.
Recordó que los trabajadores de la economía popular «se pusieron al hombro la batalla contra el coronavirus y eso hizo que muchas compañeras perdieran la vida», sin embargo, advirtió, «no hay respuestas para nuestro sector».
A las movilizaciones de hoy se sumó también la que hicieron los trabajadores nucleados en Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO, integrante del MTE en la UTEP), quienes se desplazaron desde Plaza Miserere hasta el Obelisco y realizaron un corte parcial sobre la avenida Rivadavia.
«Con la lucha ganamos el aguinaldo para el plan Potenciar Trabajo, 11.000 pesos para todos y todas las y los beneficiarios pero debemos seguir en las calles para lograr el Salario Básico Universal», dijo a esta agencia Luzmery Villanueva, titular de VAIO.
Las columnas de las organizaciones confluyeron en varios tramos de la Avenida 9 de Julio con sus consignas de «trabajo genuino, aumento de los montos y cupos de los planes sociales, bolsones de alimentos, asistencia económica para familias de desocupados y jubilados y herramientas para beneficiarios del Potenciar Trabajo».
Las protestas también se replicaron en varias provincias, con movilizaciones y asambleas en puntos neurálgicos.
Por otra parte, con demandas similares a las de UP, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), encabezado por Raúl Castells, realizó cortes parciales al tránsito en la rotonda del Puente La Noria que comunica con el sur del Gran Buenos Aires.
«Estamos reclamando la reapertura para los cupos del Plan Potenciar Trabajo y un bono de 11 mil pesos para todos los jubilados y jubiladas porque con la situación económica no pueden vivir así», dijo Castells a Télam.
De igual manera, otro de los movimientos que marchó hoy a Plaza de Mayo fue el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que, previamente, se concentró en Avenida de Mayo y 9 de Julio con consignas a favor de que «la crisis la paguen los ricos, antes que ajustar a los más pobres para pagar una deuda ilegítima con el FMI».
En Córdoba, Barrios de Pie, Libres del Sur, sectores de izquierda y la FOL se movilizaron por las principales arterias de la capital provincial en «rechazo al ajuste del FMI, por el salario universal y por la no criminalización de la lucha piquetera».
También se pidió «aumento del salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación» y se rechazaron desalojos en lugares como el barrio Chingolo.
De igual manera en Río Negro, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán marcharon por el Alto Valle de Río Negro, en reclamo del salario básico universal, mientras que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) realizó un corte en la ruta provincial 22.
CABA
Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once
Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.
Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once
★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.
Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.
Una organización que nació de la resistencia
La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.





«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.
El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».
El patrón: más fuerza, menos derechos
El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.
Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
Una «Ley Beatriz» que nunca llegó
El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.
El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.
Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?
Puntos clave
- Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
- La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
- El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
- El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
- La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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