Denuncia
Cinismo puro: en pleno escándalo por coimas, Milei se convirtió en “vocero” de droguería investigada
En medio de la investigación por los audios que dejaron al descubierto la corrupción en ANDIS, el jefe de Estado difundió un comunicado de la Suizo Argentina, donde asegura haber actuado «con total apego a las normas».
En medio de la crisis política desatada por los audios que involucran presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei protagonizó un episodio que oscila entre lo inexplicable y lo provocativo: compartió este martes en sus redes sociales un comunicado de la droguería Suizo Argentina, empresa involucrada en las presuntas coimas que costaron el puesto a Diego Spagnuolo.
La difusión en su cuenta personal del texto de la droguería Suizo Argentina, sin ningún agregado, fue la primera reacción concreta del jefe de Estado luego de que estallara el escándalo. El gesto, realizado a través de una historia en su cuenta de Instagram, no incluyó comentario alguno del mandatario, lo que profundiza el interrogante sobre las motivaciones detrás de la decisión.
El comunicado que eligió difundir el Presidente
El texto que replicó Milei comienza afirmando que «desde hace más de 100 años, Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética». La empresa busca así despegarse de las acusaciones que la colocan en el centro de un esquema de pagos irregulares.
En el descargo, la compañía aclaró que «en todo momento, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor». La droguería aseguró además tener «el pleno conocimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes».
Una empresa bajo la lupa judicial
La decisión presidencial cobra particular relevancia considerando que la firma Suizo Argentina S.A. quedó bajo la lupa tras ser mencionada en uno de los audios donde Spagnuolo, ahora exdirector de ANDIS, habla de un esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos con el Estado.
La investigación judicial avanza con paso firme. Este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.
Tras el revuelo suscitado por la difusión de los primeros audios de Spagnuolo -en las últimas horas se sumaron más-, fue allanada la droguería, al igual que sus propietarios, miembros de la familia Kovalivker.
El entramado empresarial en cuestión
En la estructura societaria de Suizo Argentina figura Emmanuel Kovalivker como accionista minoritario, con apenas el 0,015% del capital social. Pese a su participación reducida, tiene una presencia activa en la gestión de la compañía. El control mayoritario está en manos de su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, quien concentra el 64,5% de las acciones, mientras que su hermano Jonathan Simón posee poco más del 21% y además ocupa la presidencia.
El timing del posteo presidencial genera múltiples interrogantes. ¿Se trata de una muestra de respaldo a una empresa que considera injustamente señalada? ¿Es una demostración de poder frente a una investigación judicial que incomoda al oficialismo? ¿O simplemente una decisión desafortunada que evidencia la desconexión entre el discurso anticorrupción y las acciones concretas?
Un silencio que habla
Lo que resulta particularmente llamativo es que el Presidente, conocido por sus comentarios ácidos y su uso intensivo de las redes sociales, haya elegido el silencio como único acompañamiento a un comunicado de una empresa investigada por presunta corrupción. Un silencio que, paradójicamente, dice más que mil palabras sobre las prioridades y los vínculos de un gobierno que llegó al poder prometiendo «terminar con la casta».
La decisión de Milei de convertirse en vocero no oficial de Suizo Argentina marca un punto de inflexión en un escándalo que ya había cobrado la cabeza de Spagnuolo y que amenaza con salpiciar a otros funcionarios del círculo presidencial.
Puntos clave:
- Milei compartió sin comentarios el comunicado de Suizo Argentina en Instagram
- La droguería está siendo investigada por presuntas coimas en ANDIS
- La empresa asegura haber actuado «con total apego a las normas»
- Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios, se presentó ante la Justicia este lunes
- Es la primera reacción pública del Presidente tras el escándalo de los audios
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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