Ariel De Vicentis, encargado de seguridad en el barrio privado de Nordelta, negó haber alertado a la familia Kovalivker sobre los allanamientos realizados la semana pasada en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El profesional aseguró que, al advertir que uno de los miembros de la familia se dirigía a salir del barrio, avisó a los efectivos policiales y se encargó de confirmar que el operativo tenía respaldo legal. De Vicentis declaró que su “celo profesional” lo motivó a involucrarse, pese a estar de vacaciones, para verificar lo que ocurría.

El lunes declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en un legajo paralelo que investiga posible obstrucción a la justicia y encubrimiento. Durante los allanamientos, Emmanuel Kovalivker casi logró huir con 266 mil dólares en un vehículo, mientras que su hermano Jonathan no fue localizado hasta este lunes, cuando se presentó junto a su abogado, Martín Magram, y entregó su celular.

Además, Casanello dispuso el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker.

Avances en la causa de corrupción en ANDIS

La investigación se centra en supuestas maniobras ilegales en la compra y venta de medicamentos y servicios por parte de ANDIS. Todo comenzó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, donde se mencionan presuntos pedidos de coimas y la participación de funcionarios y allegados al Gobierno, incluida Karina Milei.

En esos registros se escuchan coordinaciones sobre pagos y ajustes de porcentajes que debían aportar proveedores de medicamentos, lo que podría haber beneficiado a ciertos empresarios vinculados a la administración pública. Los audios motivaron los allanamientos, secuestro de documentación, celulares y dinero en efectivo, con el objetivo de recabar pruebas sobre las operaciones denunciadas.

La causa abarca tanto a los responsables de ANDIS como a empresarios involucrados, con citaciones a indagatoria previstas. La Justicia aún analiza los elementos secuestrados para determinar la existencia de delitos concretos, la participación de los acusados y la eventual formulación de cargos, mientras intenta reconstruir el entramado de posibles irregularidades que afectaron la administración de recursos públicos destinados a personas con discapacidad.